Todo sigue igual: el Govern de Prohens asegura que la ley estatal cubre la derogación de la Ley de Memoria

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha asegurado que el servicio de memoria mantendrá el personal actual tras la derogación de la Ley balear de Memoria Democrática.

Así lo ha dicho la también vicepresidenta segunda en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha actuado como portavoz del Ejecutivo, tras ser preguntada por los cambios que pueda suponer la eliminación de esta norma.

Estarellas ha defendido que el Govern tiene una ruta «bien trazada» en materia de memoria desde el inicio de la legislatura y que «así seguirá», a pesar de la derogación de la ley, que se hizo efectiva el pasado martes.

«A nivel de acción política la parte más afectada, entre comillas, está cubierta por la ley nacional, que es la parte más sancionadora o más de persecución de según qué tipo de delitos», ha sostenido.

Además, según la vicepresidenta, uno de los temas principales que se aborda en las conferencias sectoriales en materia de memoria es la recuperación de personas desaparecidas. Una cuestión en la que, ha remarcado, el Govern sigue trabajando.

El pleno del Parlament, con los votos del PP y de Vox, derogó este martes la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares, que llevaba en vigor desde 2018.

Era la segunda vez que la iniciativa, impulsada por Vox, llegaba al plenario de la Cámara autonómica. En la primera, los populares pactaron dar marcha atrás a cambio del apoyo de la izquierda para retirar unas enmiendas de los de Santiago Abascal introducidas por error en la ley de simplificación administrativa.

La normativa, aprobada bajo el Govern de Francina Armengol, incluía cuestiones como la elaboración de un censo de elementos franquistas para proceder a su retirada o eliminación, el derecho a prohibir la exhibición de elementos o la celebración de actos y homenajes franquistas o la conservación de archivos y el derecho de acceso a los mismos.