El alcalde de Fuenlabrada amenaza con «mandar a la policía» a parar las obras del centro de menas de Ayuso

El alcalde socialista de Fuenlabrada sigue instalado en su negativa a acoger el centro de menores no acompañados (menas) que Isabel Díaz Ayuso ha dispuesto en ese municipio. Francisco Javier Ayala ha amenazado con paralizar las obras que se iniciaron el pasado lunes para el condicionamiento de La Cantueña. «Si tiene que ir la Policía local a notificar mediante decreto a paralizar las obras, irá», ha zanjado el regidor.

Hace justo una semana, el Ejecutivo de Ayuso daba luz verde al inicio de las obras de acondicionamiento del centro de acogida para menas de Fuenlabrada, pese a la rotunda oposición del alcalde socialista. La Comunidad de Madrid basaba esta decisión en «razones de urgencia e interés general, y tras la negativa del Ayuntamiento de Fuenlabrada a autorizar la reforma de este edificio».

Esta aprobación no ha gustado al Consistorio socialista del municipio que amaga con bloquear las obras. El lunes la Policía local de Fuenlabrada confirmó el inicio de estas mejoras de adaptación para acoger a un centenar de menas. Ante ello, Ayala ha anunciado que «actuará inmediatamente». «Si no cumplen con la legalidad, tendrán que parar y justificar una serie de requerimientos. No vamos a consentir que esto siga adelante atropellando los derechos de la ciudadanía de Fuenlabrada», ha sentenciado el regidor.

Así, los servicios municipales trabajan en «armar el expediente», para lo que se alegará previsiblemente que hay abierto un expediente de reversión de la instalación que debe finalizarse. El Ayuntamiento aseguraba que La Cantueña, inmueble cedido a la Comunidad de Madrid, se iba a destinar a proyectos de difusión ambiental, por lo que, tras la decisión de convertirlo en un centro de menas, el alcalde de Fuenlabrada activó la cláusula del convenio que establecía la vuelta de este centro a la Administración local.

«Vamos a actuar de manera inmediata, para que se cumpla la legalidad urbanística como a todo el mundo», ha señalado Ayala. «Lo que no pueden hacer es saltarse a la torera los requerimientos que ha estado haciendo el Ayuntamiento a la Comunidad», ha zanjado el primer edil.

Caos migratorio en otros municipios

La crisis migratoria también afecta a otras localidades madrileñas como Alcalá de Henares -cuyo Gobierno es del PP-, en la que el Gobierno de Pedro Sánchez aumentó el número de plazas para inmigrantes ilegales en el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) hasta alcanzar las 1.470. Lo hizo sin avisar al Ayuntamiento.

En este caso se trata del acuartelamiento Primo de Rivera del Ejército del Aire, que se reconvirtió en un centro de acogida, en teoría provisional, hace unos meses por la intensidad de la crisis migratoria. Inclusión escogió este espacio del Ministerio de Defensa para instalar este campamento que se levantó de manera precipitada, razón por la que muchos se refieren a él como un «CIE encubierto» (Centro de Internamiento de Extranjeros).

Por otro lado, la Comunidad de Madrid alertó de que el Ejecutivo central estaba permitiendo que inmigrantes ilegales adultos se hicieran pasar por menores de edad. Lo harían con el fin de no estar expuestos a la expulsión, estar cubiertos por los recursos educativos o permanecer en los centros, entre otros beneficios. Además, en este caso sería el Ejecutivo de Ayuso el que tiene que asumir la responsabilidad de los inmigrantes ilegales: los menores dependen de la Comunidad y los adultos del Ministerio.