El Gobierno aumenta hasta 1.470 las plazas para inmigrantes ilegales en Alcalá sin avisar al Ayuntamiento
El centro de acogida se conoce también como el "CIE encubierto" de Alcalá, ya que en teoría era provisional
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado el número de plazas para inmigrantes ilegales en el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares hasta alcanzar las 1.470. El Ejecutivo -al que se apunta como responsable último- ha llevado a cabo el incremento del cupo sin avisar al Ayuntamiento del municipio, según afirman fuentes consultadas por OKDIARIO.
Cabe recordar que el acuartelamiento Primo de Rivera del Ejército del Aire se reconvirtió en un centro de acogida, en teoría provisional, hace unos meses debido a la intensa crisis migratoria. Inclusión escogió este espacio del Ministerio de Defensa para instalar este campamento que se levantó de manera precipitada, razón por la que muchos se refieren a él como un «CIE encubierto» (Centro de Internamiento de Extranjeros).
El número de inmigrantes que podía albergar, en un principio, rondaba los 200. A continuación, ascendió a cerca de 1.000 y, después, lo hizo hasta las 1.230. Actualmente, sin dar aviso al consistorio, el número de plazas ha ascendido en 270, hasta poder albergar a 1.470 migrantes.
Cada día se informa a la corporación municipal de la ocupación efectiva del día, con los detalles del número de llegadas y salidas del día anterior, el acumulado de personas atendidas y la capacidad del centro. Gracias a este último dato que reflejan en el parte, las autoridades locales han podido conocer el incremento del número de plazas, indican las fuentes consultadas.
Menores de edad
En lo que respecta a los menores de edad, se comunica a diario el número de «personas acogidas que han verbalizado» no tener los 18 años. De ahí, se podría interpretar que, a la hora de hacer los números, se obra de buena fe, sin comprobar si hay menores que «no verbalizan serlo y que deberían estar en centros de la Comunidad de Madrid», aseguran estas mismas fuentes.
Una de las principales quejas en lo que respecta a este centro desde su puesta en marcha es la desproporción con el número de migrantes acogidos, «que son muchos» en relación a una población que ronda los 200.000 habitantes.
El Ayuntamiento solicitó un Plan de Seguridad e Integración ante «tal descontrol», algo a lo que se había comprometido la subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, aunque finalmente informó al Gobierno de la alcaldesa Judith Piquet (PP) de que renunciaba a presentarlo.
El Plan, consideraban desde el municipio, se hacía incluso más imprescindible tras la muerte de uno de los inmigrantes del centro tras ponerse en huelga de hambre. También se produjo una violenta pelea entre un grupo recién llegado de Canarias y dos magrebíes, que se saldó con tres detenidos y seis heridos, uno de ellos (de 25 años) en coma.
Curiosamente, antes de que el acuartelamiento de Primo de Rivera se convirtiera en el centro de acogida provisional, era uno de los espacios que se ofrecían para el rodaje de proyectos audiovisuales de manera oficial. De hecho, estaba recogido en el catálogo de la Alcalá Film Office, la oficina que se coordina con la Film Commission, como uno de los posibles platós para grabaciones cinematográficas.
El aumento de las plazas en el CAED de Alcalá coincide con la noticia de la negociación entre el Gobierno central y el de Canarias en relación con los inmigrantes que llegan de manera irregular a las islas: el reparto obligatorio de menores migrantes entre el resto de Comunidades Autónomas.
La petición del presidente canario, Fernando Clavijo, es que a los nuevos inmigrantes menores se les asigne de forma directa una comunidad y que, tras 15 días, puedan ser derivados.
Las que recibieron un mayor número de inmigrantes la vez anterior, según denunciaron públicamente, fueron las regiones gobernadas por el PP, como es el caso de Alcalá de Henares, dada la situación, o Cartagena, que además es, de por sí, receptor de inmigrantes irregulares de forma natural. Muchas de ellas pidieron en la última sectorial con el Ministerio conocer los criterios de reparto y la financiación, entre otros detalles, aunque no les despejaron las dudas.