Los testaferros de González dejaron las ‘empresas pantalla’ en Panamá al día de que entrara en prisión

Los testaferros panameños de Ignacio González y su mano derecha en el Canal de Isabel II en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, renunciaron a sus cargos en las «empresas pantalla» donde se desviaron comisiones millonarias de la empresa pública del agua, al día siguiente del ingreso en prisión del ex presidente de la Comunidad de Madrid.

Según ha podido saber OKDIARIO, los agentes, directores, presidentes, tesoreros y secretarios de las «tapaderas» Amalfi Trading y Rafaello Investment presentaron sus correspondientes renuncias a la vez, el primer día laborable tras la orden de prisión para González, el lunes 24 de abril, sólo 5 días después de que estallara la ‘Operación Lezo’ y unas horas posteriores al encarcelamiento del ex presidente madrileño en Soto del Real.

Así se desprende los informes del Registro Público de Panamá a los que ha tenido acceso este diario. Detrás de estas «tapaderas» se encuentra el despacho de abogados panameño De Obaldía & García de Paredes, que dirigen José Ramón García de Paredes Navas y Carlos Alberto De Obaldía Cañas. Además, las dos «empresas pantalla» tuvieron como directoras a las también panameñas Gioconda Ramos de López e Iris Herrera Jurado.

El bufete De Obaldía y García de Paredes se fundó en 1990 y ofrece una gama de servicios legales, desde sus oficinas ubicadas en el centro financiero de la Ciudad de Panamá. Aunque su actividad es global, el despacho tiene una especial presencia en América Latina. Prestan servicios de asesoría jurídica incluyendo los sectores financiero, bancario, comercial, patentes y marcas, así como registros.

Amalfi Trading se constituyó en Panamá el 28 de agosto de 2007 por De Obaldía y García de Paredes con un capital social de 10.000 dólares dividido en 100 acciones con valor nominal de 100 dólares cada una. Los investigadores consideran que tras dicha sociedad «se encuentra el ex presidente de la filial colombiana del Canal de Isabel II Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino».

Rafello Investment se constituyó dos años más tarde por el mismo despacho de abogados, concretamente el 19 de agosto de 2009. Al igual que la otra compañía su capital social era de 10.000 dólares dividido en 100 acciones con valor nominal de 100 dólares cada una. Las fuentes consultadas indican que esta sociedad habría canalizado mordidas llegadas desde Suiza a través de «disposiciones directas y transferencias» a la otra sociedad, Amalfi Trading.

El ‘pelotazo’ de Emissao

La adquisición de la filial brasileña Emissao se realizó en 2013 por 21,5 millones de euros a través de la colombiana Inassa, que presidía el propio Rodríguez Sobrino. Apenas un año después de ser adquirida por el Canal, el valor de Emissao apenas superaba los 5 millones. La operación se realizó con otra sociedad ‘offshore’ uruguaya como intermediaria denominada Soluciones Andinas del Agua.

González y “su banda” consiguieron desviar al menos 4 millones de euros a sociedades panameñas y a otros paraísos fiscales desde la cuenta de Suiza, a la que se transfirieron unos 19 millones por la compra de la citada filial brasileña del Canal de Isabel II. Dicha cuenta, a nombre del entonces presidente de Emissao, Sebastiao Cristovam, fue bloqueada por los investigadores con unos 15 millones, el resto del dinero ya había desaparecido.

De esos 4 millones de euros desviados a Panamá y otros paraísos fiscales, más de 1 millón de euros se habría transferido a las sociedades Rafaello y Amalfi con“disposiciones inmediatas”. De hecho, los investigadores habrían encontrado varios documentos en diversos registros que acreditarían estas transferencias. Los beneficiarios finales de estos fondos serían González, Rodríguez Sobrino y otros dirigentes del Canal de Isabel II y de Emissao.

La operación que destapó las presuntas irregularidades cometidas por González durante su presidencia en la empresa pública del agua de Madrid fue efectuada por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, la Fiscalía Anticorrupción, coordinados por el entonces titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Actualmente, Manuel García-Castellón ha tomado el testigo.

Aunque la investigación se inició hace casi dos años, el detonante de la ‘Operación Lezo’ fue la denuncia presentada por el Gobierno regional de Cristina Cifuentes ante la Fiscalía por la compra de la filial brasileña.