Sánchez sólo salva de la purga al presidente del Instituto de Contabilidad que fríe a multas a las auditoras

La moción de censura que derribó al Gobierno de Rajoy ha supuesto el cese de más de 400 altos cargos de la Administración y sus empresas públicas. Uno de los pocos supervivientes de la purga puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez es el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Enrique Rubio Herrera, cuya gestión se ha caracterizado por una política de mano dura con la imposición de multas millonarias a las firmas que auditan a las compañías del IBEX 35.

Estas sanciones han comenzado a provocar desconfianza sobre la fiabilidad de las cuentas oficiales de las grandes empresas cotizadas, lo que puede tener un importante impacto sobre su reputación y sus resultados.

Bajo la presidencia de Enrique Rubio, el ICAC impuso en diciembre de 2017 una multa de 10,5 millones de euros a PriceWaterhouseCoopers (PwC), por considerar que había faltado a su deber de independencia al realizar los trabajos de auditoría y comfort letter para la salida a bolsa de Aena. La multa incluye la prohibición de auditar las cuentas de la empresa pública durante tres años.

Pocos meses después, en abril de 2018, el presidente del Instituto de Contabilidad impuso a PwC otras dos sanciones que suman 269.793 euros por dos infracciones graves en el incumplimiento de las normas de autoría respecto al análisis de las cuentas del Banco Popular y su grupo correspondientes al ejercicio 2013. También en este caso, se ha vetado a PWC la posibilidad de auditar las cuentas de este grupo durante tres años.

Un infierno de sanciones

Por su parte, Deloitte ha recurrido ante la Audiencia Nacional la sanción de 10,4 millones de euros que el presidente del ICAC, Enrique Rubio, le impuso por haber incurrido en un presunto «conflicto de interés», al auditar las cuentas de Bankia de 2011 previas a la salida a Bolsa.

En su recurso, Deloitte argumenta que Rubio aprobó esta sanción en contra del criterio del consejo asesor del ICAC. Y recuerda que fue la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España quienes le encargaron auditar las cuentas de Bankia.

Se da la circunstancia de que el presidente del ICAC, Enrique Rubio Herrera, es al mismo tiempo miembro de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que llevó a cabo la intervención de Bankia.

Tampoco se ha librado de la política de sanciones del Instituto de Contabilidad, que dependen del Ministerio de Economía, la firma KPMG. Esta compañía fue multada con 532.597 euros en marzo de 2017 por «incumplimiento de las normas de auditoría» en los trabajos referidos a las cuentas de ID Grup correspondientes al ejercicio 2010.

Una reforma siempre aplazada

Enrique Rubio ha sido subdirector general del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) desde septiembre de 2005. El entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, le nombró presidente de este organismo en noviembre de 2016. Según la web de transparencia, su sueldo público asciende a 94.480 euros anuales.

La reforma del ICAC, para desvincularlo del Ministerio de Economía y convertirlo en un órgano independiente adscrito a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) era una de las medidas incluidas en el pacto de gobierno entre el PP y Ciudadanos (Cs), que quedó frustrada por la moción de censura contra Rajoy.

La convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Pedro Sánchez ha hecho que esta reforma quede de nuevo sobre la mesa. Al igual que el nuevo Reglamento de Desarrollo de la Ley de Auditoria de Cuentas, que ha quedado en un cajón.