Pedraz dice que las pruebas contra López Negrete por extorsión y amenazas son muy sólidas
El titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, considera que existen «bastantes motivos» que indican que la abogada Virginia López Negrete es responsable de cometer delitos de amenazas, extorsión y pertenencia a banda criminal, en el marco del ‘caso Ausbanc’.
En un auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Pedraz afirma que «pueden subsistir motivos bastantes para creerla responsable de los delitos que se le imputan». La letrada, que ejerce la acusación popular en el caso Noos, declaraba ayer durante dos horas en sede judicial, como investigada en la causa que llevó a prisión en abril al líder de de Manos Limpias, Miguel Bernad, y al presidente de Ausbanc, Luis Pineda.
Según los investigadores, se coordinaron para extorsionar a bancos a los que pedían dinero e inserciones publicitarias a cambio de retirar acusaciones judiciales, entre ellas la de la infanta Cristina en Nóos. De hecho, la Fiscalía acusa a López Negrete de usar su condición en el caso Nóos para ayudar en los chantajes, concretamente a extorsionar al BBVA cuando pidió al juez de Nóos, José Castro, que volviera a imputar al directivo de la entidad Antonio Ballabriga.
El juez decidió imputar a la abogada tras recibir los informes de UDEF, que reflejan la existencia de una actuación “concertada y coordinada” de López Negrete y Pineda en determinados asuntos, especialmente en una “estrategia conjunta llevada a cabo por ambos en la junta general de accionistas de la entidad BBVA”, a la que Ausbanc presionaba por no pagarle un canon.
Tras la comparecencia de López Negrete ayer, el fiscal del caso, Daniel Campos, solicitaba al juez medidas cautelares para impedir que pudiera abandonar el territorio nacional. Por su parte, la acusación popular ejercida por Podemos pedía la retirada de su pasaporte y su comparecencia cada 15 días en el Juzgado.
No obstante, en el mismo auto, el magistrado afirma sobre estas peticiones que «no resulta oportuna la adopción de medida cautelar personal alguna en el sentido de poder evitar la sustracción a la acción de la Justicia».
Pedraz añade que «no hay base para apreciar ese riesgo, teniendo en cuenta, ya no sólo el arraigo en España, sino que la investigada compareció desde un primer momento al llamamiento judicial, prestando declaración y contestando a todas las preguntas del Ministerio Público y de las acusaciones, mostrando su disposición y voluntad a declarar de nuevo».
Por último,Pedraz recuerda a la investigada su obligación de comparecer cuantas veces sea llamada por el tribunal y su obligación de indicar su domicilio para recibir las notificaciones judiciales.