Oltra no envió el caso de la niña abusada a la Fiscalía porque «no se apreció ningún indicio»

La instrucción realizada por el Juzgado número 15 de Valencia para dirimir responsabilidades en el caso de Mónica Oltra, ex vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, relativas a supuesta prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos arroja luz sobre la función que desempeñaron algunos departamentos de la Consejería en toda la trama. Es el caso de la Dirección Territorial de Valencia ante las insistentes preguntas de la Fiscalía de Menores sobre por qué no se le había comunicado la existencia de unos posibles abusos sexuales. En este caso, la Consejería se limitó a argumentar que no había enviado los informes requeridos por Fiscalía, porque «no se apreció ningún indicio». Esta ingenua respuesta provocó un enfado mayúsculo en la Fiscalía, puesto que sólo ellos, y en su caso un Tribunal de Justicia, son los encargados de decidir o no lo que son conductas delictivas. El entonces marido de Oltra, Luis Ramírez Icardi, acabaría condenado a cinco años de cárcel en un juicio sentenciado en 2019, a pesar de que la consejería de su esposa no apreciaba indicios de delito dos años antes.

La declaración de la psicóloga de la consejería que entrevistó a Mayte, la menor abusada por el ex marido de Oltra, en el Juzgado número 15 de Valencia, donde prestó testimonio como imputada, tampoco dejaba lugar a dudas: «Me pidieron que hablara con la niña para ver la consistencia de la declaración y su veracidad, más que su veracidad, su credibilidad, para poder continuar a partir de ahí el protocolo».

A mediados de 2017 la Fiscalía de Menores de Valencia estaba muy enfadada con la Consejería de Mónica Oltra al entender que alguien se tomaba atribuciones que no le correspondían y reclamaba con insistencia el primer informe psicológico realizado a Mayte, entonces de 15 años, por parte de la Consejería para saber qué había dicho sobre los abusos sexuales que decía sufrir. Como el citado documento no llegaba a la Fiscalía de Menores lo reclamaron en dos ocasiones.

La primera reclamación fue efectuada el 6 de julio de 2017, unos días después de que dos policías nacionales advirtiesen en su atestado a la Fiscalía que una niña había relatado ya en febrero la existencia de este delito de abusos sexuales, que cometía supuestamente el entonces marido de Mónica Oltra, educador en el centro de menores donde estaba interna Mayte. Ramírez Icardi fue condenado a cinco años de cárcel, la sentencia ratificada por el Tribunal Superior y actualmente está pendiente de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

De hecho, en esa primera petición con membrete oficial de la Fiscalía Provincial, sección Menores, de Valencia, se solicita de manera inmediata «toda la documentación relativa a la entrevista que mantuvieron con la menor Mayte a raíz de la comunicación de los hechos (solo a la consejería) por parte de la dirección del centro el pasado mes de febrero. La exploración a la niña y el informe que al parecer elaboró la psicóloga de la consellería llamada (…)». Esta funcionaria es una de las 13 personas investigadas actualmente por el Juzgado número 15 en esta causa. La Fiscalía también señala en esa misma carta que «no constando en el expediente de protección obrante en esta Fiscalía comunicación alguna de estos hechos, interesa se informe por el cual no se comunicó» y en tercer lugar Consuelo Benavente, Fiscal de Menores, advierte de que «dada la gravedad de lo denunciado y en tanto se resuelva en esta instancia, que en definitiva es a quien corresponde valorar, si procede o no, incoar procedimiento penal alguno en aras a la protección de la menor se proceda inmediatamente a asignarle un nuevo recurso siendo trasladada de centro».

El fax, con el encabezamiento de Diligencia de Investigación Penal 76/17, entró en la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, sección menor, de Valencia a las 13 horas y 22 minutos del mismo 6 de julio de 2017, un mes antes de lo que reconoció Mónica Oltra saber sobre las acusaciones a su entonces marido, el 4 de agosto.

Como la Fiscalía de Menores no estaba conforme con la respuesta recibida al requerimiento efectuado a la consejería decidió repetirlo el 14 de julio de 2017 y preguntar las causas por las que no se le había notificado la existencia de estos entonces presuntos abusos.

La consejería de Oltra se tomó su tiempo para responder, un mes, y lo hizo el 14 de agosto de 2017 con una carta firmada por su Directora Territorial de Valencia, Amparo Nogués, también investigada ahora por el juzgado. En esa misiva se argumentaba que «respecto a los motivos por los cuales no se comunicó a esa Fiscalía de la incidencia ocurrida el pasado mes de febrero fue que, tras notificar la Directora del Centro lo ocurrido y asegurar haber establecido inmediatamente los protocolos que tienen determinados para ello, desde el Servicio de Infancia y Adolescencia e Igualdad de esta Dirección Territorial se concertó una entrevista entre la psicóloga y la menor, con el fin de indagar sobre tales hechos. Como de la información se desprendió, tanto de dicha entrevista como de las conversaciones con la Directora del Centro con el psicólogo y director del Centro Antisida no se apreció ningún indicio a partir del cual poder determinar que lo manifestado por la adolescente hubiese ocurrido realmente, no se consideró necesario realizar más actuaciones». Todo esto se conoce gracias al levantamiento parcial del secreto de las actuaciones dictado en marzo de este año por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.

Amparo Nogués menciona los «protocolos» en su respuesta, pero en realidad durante la toma de declaraciones a todos los investigados el juez instructor ya preguntó a la psicóloga de la consejería, que realizó el primer informe a la menor abusada, sobre estos protocolos:»¿qué protocolo?», preguntaba entonces el juez, a lo que la psicóloga respondía sin dudar «el protocolo que se seguía en estos casos», pero el juez la sacó de su error y le explicó que, según otras declaraciones, no existía protocolo alguno, ante lo que la psicóloga se vio obligada a rectificar y reconocer que «efectivamente no había un protocolo definido, pero sí que funcionábamos en este sentido (…)».