Interior ocultó durante meses cuatro contratos que dio a dedo a una empresa del ‘caso Tito Berni’

El Ministerio del Interior, dirigido por el socialista Fernando Grande-Marlaska, adjudicó a dedo cuatro contratos a una de las empresas investigadas por el caso Tito Berni, también conocido como caso Mediador, la presunta trama corrupta en la que está implicado el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que tuvo que dejar el escaño tras hacerse pública la investigación el pasado febrero. Tan sólo tres meses antes, el ministerio de Grande-Marlaska había adjudicado un contrato directo a una empresa de drones vinculada a la trama, la sociedad limitada Asesoramiento y Servicios de Drones (ASD). En los 25 meses previos, Interior le había adjudicado otros tres contratos por la misma vía y todos los ocultó durante meses.

Los cuatro se tramitaron por el sistema de la contratación menor, ajustando el importe para no superar el límite legal que obliga a convocar concurso público. En uno de ellos fue especialmente evidente esta maniobra: uno de esos encargos lo hizo por 14.910 euros más IVA, sólo 90 euros menos del límite legal que fuerza al concurso público. Y la empresa que se benefició no hizo rebaja alguna, ni un euro por debajo del presupuesto de licitación.

54.105 euros sin concurso público

Entre los cuatro contratos que el Ministerio del Interior adjudicó a esa empresa de vinculada al caso del Tito Berni, el negociado gubernamental de Grande-Marlaska le adjudicó 54.105,17 euros netos, sin contar el IVA que tuvo que abonar el Gobierno por esas compras.

Se dan algunas circunstancias curiosas en esta cadena de adjudicaciones. Una de ellas, el notable retraso con el que Interior cumplía con su obligación legal de publicar esos contratos, obligación que obliga a todas las administraciones. Los retrasos fueron sistemáticos, de modo que, durante meses, el ministerio de Grande-Marlaska ocultó que había firmado las adjudicaciones con esa empresa que lleva meses incluida en los papeles del caso del Tito Berni.

Los retrasos en la publicación son llamativos si se compara con la celeridad que se dio el Ministerio de Defensa para publicar otro contrato menor que le adjudicó a la misma empresa: un día. La Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de Operaciones adjudicó a ASD un contrato menor de 14.997 euros más IVA el 11 de noviembre de 2021, y al día siguiente ya estaba publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Meses ocultos

El Ministerio del Interior, sin embargo, se demoró durante meses en sus cuatro contratos con ASD, vinculada al caso del Tito Berni. Tardó un mes en registrar públicamente el contrato que la Subdirección General de Gestión Económica de la Policía adjudicó a esa empresa el 24 de septiembre de 2020. A través de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, Interior le dio a ASD otro contrato directo el 11 de marzo de 2021, pero no fue publicada la adjudicación hasta el 6 de agosto, es decir, casi cinco meses después para un contrato cuyo plazo de ejecución era de tres.

Más casos. Ese mismo órgano de la Guardia Civil volvió a dar un contrato directo a ASD el 15 de julio de 2022, pero Interior no lo colgó en la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 20 de octubre de ese mismo año. Es decir, tres meses después, cuando ya se había ejecutado el contrato por completo, porque el plazo de ejecución era de dos meses. Y lo mismo con el contrato que la misma Jefatura de Asuntos Económicos otorgó a ASD el 29 de noviembre de 2022, cuyo plazo de ejecución era de tres meses, pero que no apareció en la Plataforma de Contratos del Sector Público hasta cuatro meses después, el pasado 29 de marzo.

Nombres trastocados

Otra circunstancia curiosa es lo difícil que resulta localizar esos contratos, porque dos de esas cuatro adjudicaciones se publicaron con nombres erróneos del beneficiario. Esas aparentes pequeñas erratas –poner un singular en vez de un plural o ignorar una preposición– entorpecen la tarea de búsqueda: si se rastrea en la Plataforma de Contratación por el nombre real de la empresa, dos de esos cuatro contratos a dedo no afloran.

Como se ha indicado, tres de esas adjudicaciones se produjeron desde la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil entre el 11 de marzo de 2021 y el 29 de noviembre de 2022. Es decir, en la etapa en la que estuvo al frente de la Guardia Civil la socialista María Gámez, que tuvo que dimitir hace un mes por la presunta trama de corrupción que implica a su familia y en medio de la polémica de otro caso que afecta a la gestión económica de la Benemérita durante su etapa de directora general, el denominado caso Cuarteles.