El Gobierno de Sánchez oculta 3,2 millones de gasto del 1-O para eximir a los golpistas

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha constatado que el Govern de Carles Puigdemont gastó más de 4 millones de euros públicos en la organización del referéndum ilegal de independencia del 1-O.

Sin embargo, en un informe remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, el Gobierno de Pedro Sánchez reduce esta cifra a tan sólo 812.624 euros. El dictamen pericial elaborado por la Intervención General del Estado recalca que, de esta cantidad, la Generalitat sólo llegó a pagar 196.906 euros, mientras que los 615.717 euros restantes corresponden a facturas comprometidas, que no han llegado a abonarse.

La prensa independentista y los abogados de los golpistas han intentado aferrarse a esta informe remitido por el Gobierno para atenuar el delito de malversación que los ex consellers deben afrontar en el juicio del 1-O que celebrará el Tribunal Supremo a partir del próximo mes de enero.

La diferencia sería sustancial, si lograran hacer valer el informe de la Intervención del Estado. El artículo 432 del Código Penal establece una pena de dos a seis años de cárcel para el funcionario o cargo público que cometa un delito de malversación. Pero esta pena puede alcanzar hasta los ocho años de cárcel, si la cantidad malversada supera los 250.000 euros. El informe remitido al juez por el Gobierno sitúa el gasto efectivo del 1-O por debajo de esta cifra: sólo 196.906 euros.

Los gastos que no ve el Gobierno

No obstante, la Guardia Civil recuerda en sus informes dirigidos al juez que, aunque las facturas no hayan sido abonadas, el mero compromiso de gasto realizado por la Administración para un fin ilegal debe computarse a efectos del delito de malversación.

La diferencia entre los datos recabados por la Policía Judicial y el Ministerio de Hacienda es abismal. La Intervención del Estado ha olvidado computar los 979.616 euros correspondientes a las facturas de Unipost por el envío más de 5,3 tarjetas censales que la Generalitat pretendía remitir a los votantes para convocarles al referéndum ilegal.

La Guardia Civil logró frustrar el envío e intervino todo el material en la sede de Unipost. Pero la empresa postal dirigida por el independentista Pablo Raventós, que se encuentra en quiebra, ha intentado varias veces cobrar a la Generalitat las facturas que suman cerca de un millón de euros.

Del mismo modo, la Guardia Civil ha constatado que el Diplocat comprometió el pago de 305.000 euros públicos para comprar a tres grupos de «observadores internacionales» (uno de ellos, integrado por eurodiputados de Bildu, el Sinn Féin y otros grupos de extrema izquierda) que debían avalar el resultado del referéndum ilegal. En cambio, Hacienda sólo ha informado al juez del pago de 177.000 euros a uno de estos tres grupos de observadores.

Los informes de la Guardia Civil y Hacienda sólo coinciden, con mínimas diferencias, en un apartado, el de la publicidad institucional. El Govern gastó 615.000 euros, según el Instituto armado, y 602.649 según la Intervención General del Estado.

Pero además de estas cifras, la Guardia Civil ha detectado otros 3,2 millones de euros en gastos del 1-O, que han pasado desapercibidos para el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por encargo de la entonces consellera de Trabajo y Asuntos Sociales Dolors Bassa, el CTTI gastó 161.315 euros en el diseño de la aplicación para captar voluntarios, que actuarían como miembros de las mesas electorales. La aplicación fue realizada por la firma DxC. La aplicación informática para contabilizar el voto de los catalanes residentes en el extranjero costó otros 350.000 euros.

Por su parte, el entonces vicepresidente Oriol Junqueras ordenó una inversión de 1,6 millones de euros para habilitar una nave anexa a la sede del CTTI como call center, destinado al recuento de votos del 1-O. Junqueras adjudicó la obra a la empresa de ingeniería Comsa, que está investigada por pagar comisiones ilegales del 3% al PDeCAT.

Delgado forzó a la Abogacía del Estado

Para ocultar el rastro del dinero Junqueras tramitó el contrato de esta obra a través del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), una empresa pública de la Generalitat que ofrece formación y talleres de empleo a presidiarios para facilitar su reinserción social.

La Guardia Civil ha detectado otros gastos de publicidad institucional, además de los citados antes: 120.971 euros de un buzoneo de publicidad (que diseñó Òmnium pero pagó la Generalitat) y otros 105.628 euros, pagados por el Departamento de Presidencia para publicitar en medios internacionales (como el Financial Times) una conferencia de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva sobre el proceso de independencia, pronunciada el 24 de enero de 2017 en el Parlamento europeo. Algo que demuestra, una vez más, que el Govern de Puigdemont gastó dinero público del Diplocat para intentar comprar el apoyo de medios de comunicación internacionales al proceso de independencia.

Los gastos del 1-O detectados por la Guardia Civil alcanzan por tanto los cuatro millones de euros. Pero la factura podría ser aún mayor: el Juzgado número 13 de Barcelona ha incorporado a la causa un informe de la empresa Ibertasa Sociedad de Tasación, que cifra en 900.906 euros el coste estimado de la utilización de 2.259 colegios e inmuebles públicos, que la Generalitat transformó en centros electorales en la jornada del 1-O.

De este modo, la factura del 1-O puede alcanzar la cifra de 5 millones de euros. Una cantidad que la Intervención del Estado ha reducido a menos de la quinta parte, tan sólo 812.624 euros, en un intento de minimizar las penas de los golpistas.

La ministra de Justicia, Lola Delgado, ya obligó a la Abogacía General del Estado a eliminar el delito de rebelión en el escrito de acusación contra los golpistas, para sustituirlo por el de sedición, que implica una pena de cárcel sensiblemente inferior.