La Generalitat desvió al menos 4 millones de euros para lograr la independencia

La Guardia Civil eleva ya a más de 4 millones de euros el gasto de «fondos públicos» de la Generalitat de Cataluña en su camino para lograr la independencia, según uno de los últimos informes. El instituto armado añade, a los 3,26 millones empleados en el 1-O, otros 760.000 euros destinados a programas informáticos para recaudar impuestos que corresponden al Estado.

Se prepararon para la independencia 

Según este informe, entregado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el ‘procés’, la Generalitat ha contratado, desde 2014 hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitució, el desarrollo de dos programas informáticos con el objetivo de obtener datos del IRPF y de cotizaciones a la Seguridad Social de los ciudadanos y de poder recaudar impuestos masivos excediendo sus competencias.

La última de estas herramientas informáticas costó un total de 241.382,30 euros, la llamada «back office SAP TRM», que formaría parte del sistema informático de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).

Este programa permitía, según el informe policial, llevar a cabo el «objetivo principal» de obtener el control sobre una importante cantidad de ingresos tributarios –IRPF y cotizaciones sociales– que permitiese financiar las necesidades básicas de la Generalitat de Cataluña hasta que la Agencia Tributaria Catalana fuese plenamente operativa, en el supuesto de una Cataluña independiente.

Interpretación torticera de la ley

Para ello, los investigadores exponen que la Generalitat realizó una interpretación «abusiva» de la Ley General Tributaria, que permite utilizar un asesor fiscal como intermediario para presentar las declaraciones y liquidaciones del impuesto ante Hacienda. Utilizando esta posibilidad, la ATC se presentaba como actor intermedio entre los contribuyentes catalanes y la Agencia Tributaria estatal.

De esta forma lograban implementar una medida que les permitiera canalizar estos fondos a través de un ente que tuvieran bajo su control directo, la Agencia Tributaria Catalana, y presentaban a ésta como una medida destinada a facilitar los trámites tributarios y la eficiencia de estos para de este modo «evitar despertar las sospechas de las autoridades centrales».

Para ello, a principios de septiembre, la Generalitat inauguró 32 oficinas de la ATC y anunció que disponía de una «herramienta informática mucho más potente para afrontar la gestión de impuestos de carácter masivo». Aumentaron también el personal, aunque el objetivo era llegar a tener 5.000 trabajadores una vez que lograran las plenas competencias en materia fiscal y para ello, querían contar con los profesionales de la Agencia Tributaria española en Cataluña, cerca de 4.000. Una cifra en la que también incluían al personal de aduanas y el Catastro.