Referéndum Cataluña

Junqueras usó una empresa de reinserción de presos para ocultar 1,6 millones de gasto del 1-O

Junqueras
El ex líder de Podem, Albano Dante Fachin, entre Anna Gabriel (CUP) y Oriol Junqueras (ERC) en un acto independentista celebrado en 2016.

El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras utilizó una empresa pública dedicada a la reinserción de presidiarios, como tapadera para ocultar un gasto de 1,6 millones de euros vinculado a la organización del referéndum ilegal de independencia del 1-O.

La Guardia Civil ha podido constatar que la Vicepresidencia de la Generalitat invirtió 1,6 millones de euros públicos en la reforma de una nave situada junto a la sede del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), con el fin de transformarla en un call center (central telefónica) encargado de centralizar el recuento de votos del referéndum ilegal.

El Departamento que entonces dirigía Oriol Junqueras no acometió esta inversión directamente: para ocultar el rastro del dinero, todos los contratos se efectuaron a través del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE).

El CIRE es una empresa pública de la Generalitat, adscrita al Departamento de Justicia (cuyo responsable era entonces el conseller Carles Mundó), que ofrece formación laboral y talleres de empleo a presos que están cumpliendo condena, para facilitar su inserción social.

Una empresa implicada en la trama del 3%

Para ejecutar y pagar las obras, el secretario general del Departamento de Vicepresidencia, Josep María Jové Lladó, y el director del CIRE, Juan José Torres López, firmaron el 26 de junio de 2017 un convenio que preveía un gasto máximo de 1.368.830 euros en la reforma de la nave del CTTI.

El coste final se disparó finalmente más de un 30%, hasta alcanzar los 1.642.128 euros. El grueso de las obras se adjudicó a la empresa de ingeniería Comsa, que está investigada en la trama sobre el pago de comisiones ilegales del 3% al PDeCAT, el partido de Puigdemont y Torra.

En el convenio suscrito entre Jové y Torres, se ocultó por completo la finalidad real de las obras: sólo se hizo constar que la nave del CTTI sería rehabilitada para albergar "actividades de formación avanzada en Internet y tecnologías, así como clases magistrales, jornadas y otros acontecimientos".

Bajo la dirección del titular del juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, la Guardia Civil realizó un registro de estas instalaciones el pasado 30 de septiembre (la víspera del referéndum ilegal del 1-O).

Fraccionó los contratos para darlos a dedo

Los agentes se encontraron que todo estaba dispuesto para que la nave, situada en el Polígono industrial Pedrosa de Hospitalet, operara como call center para centralizar el recuento de votos del referéndum. Para ello, el Departamento que dirigía Oriol Junqueras había habilitado 118 puestos de trabajo de teleoperadoras, dos servidores y 258 terminales telefónicas.

Según indica la Guardia Civil en su informe dirigido al juez, el objetivo de los 1,6 millones de euros gastados era poner en marcha "un call center durante el referéndum", con el fin de centralizar "los datos que se fuesen recibiendo de los distintos puntos de votación por vía telefónica o telemática, para posteriormente tratar esos datos e ir informando sobre el desarrollo de la jornada electoral, aportando datos de porcentajes de participación en cada momento e incluso el escrutinio en tiempo real".

CTTI
Croquis de la reforma realizada en la nave del CTTI para convertirla en el call center del 1-O.

Interrogados por la Guardia Civil, los arquitectos que redactaron el proyecto y el director de obra reconocieron que fueron apremiados por los responsables de la Generalitat para que la reforma quedara concluida a finales del mes de septiembre: se trataba de que el centro estuviera operativo para la jornada del 1-O.

La Guardia Civil ha hecho constar en su informe que el Departamento de Vicepresidencia que dirigía Oriol Junqueras fraccionó en cuatro contratos distintos los costes de redacción del proyecto (que suman 70.389 euros), con el fin de poder adjudicarlos a dedo y sin publicidad.

El Instituto Armado ha incluido estos 1,6 millones de euros de inversión en la cifra global de dinero público malversado (3,3 millones de euros) por el Govern de Carles Puigdemont para organizar el referéndum ilegal de independencia del 1-O.

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