El «corrupto» alcalde de Hoyo dice que no es un corrupto: «Eso sí, me imputan 4 delitos»

La Real Academia Española de la Lengua, RAE, define la “corrupción” en las organizaciones, especialmente en las públicas, como “la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. También como el «vicio o abuso introducido en las cosas no materiales». De la misma forma, la RAE define «corrupto» como el «que se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar» y en su segunda acepción como «dañado, perverso, torcido».

El alcalde de Hoyo de Manzanares, el popular José Ramón Regueiras, está actualmente imputado por cometer cuatro supuestos delitos de desobediencia, usurpación de cargo público y dos de prevaricación. Sin embargo, intenta enmascarar la función perversa y torcida que ha mantenido como regidor al frente del ayuntamiento afirmando que las imputaciones no son «por motivos de corrupción».

En un vídeo realizado desde el ámbito municipal, que publica OKDIARIO, el regidor popular repasa desde un despacho los cuatro delitos que le imputan. Pese a que estos se habrían cometido durante su ejercicio como alcalde, corrompiendo la actividad política y las funciones encomendadas por la Administración Pública, Regueiras intenta excusar los presuntos hechos delictivos cometidos en que se produjeron durante «la gestión administrativa del ayuntamiento» y que ha cumplido «la legalidad».

Desobediencia, usurpación y prevaricación

En marzo, un juzgado de Colmenar abría juicio oral a José Ramón Regueiras por desobediencia y usurpación de cargo público y se encuentra a la espera de juicio. En 2008, encabezando un partido independiente convocó una moción de censura contra el entonces alcalde del PP, José Antonio Antolínez. Una concejala de su grupo se equivocó en la votación y el secretario municipal no contabilizó dicho voto, no prosperando la moción.

Los juzgados dieron en un primer momento la razón a Regueiras y se convirtió en alcalde. Después el TSJM revocaba esta decisión y pedía la restitución cautelar del anterior regidor. Regueiras no acató la decisión judicial, a la que se había sumado el Tribunal Supremo y continuó de alcalde beneficiándose de su sueldo correspondiente, motivo por el cual, se le impone una indemnización de 155.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

La Fiscalía solicita dos años de cárcel por usurpación y dos años de inhabilitación para cargo público por desobediencia. Mientras, la acusación particular ejercida por el anterior alcalde y otros concejales solicitan para Regueiras tres años de prisión por usurpación y otros dos años de inhabilitación.

El tercer delito que se imputa al regidor del PP es el de prevaricación por sancionar 13 veces y expedientar con 11 meses sin empleo y sueldo al secretario municipal, Carlos Rubio, sin tener competencias. Regueiras también es investigado por otro delito de prevaricación, el cuarto, tras ser admitida a trámite una denuncia del grupo municipal “Unidos Por Hoyo” por la concesión de una licencia de bar. Según la propia denuncia, “habiéndose debido de abstener por su parentesco con el dueño del almacén, tercer grado colateral, intervino para defender arbitrariamente sus intereses, dictando las resoluciones en contra del ordenamiento jurídico urbanístico municipal, que permitieron al solicitante hacer las obras, y finalmente ejercer una actividad que está objetivamente prohibida en un espacio de esas características”.

La denuncia añade que Regueiras “para asegurarse de que su poder sería absolutamente eficaz, avocó a la Concejal de Urbanismo de ese asunto concreto, sin que haya otro precedente en la historia local de esta medida de la alcaldía. El alcalde, sabiendo que la propiedad de su tío no reunía condiciones, favoreciéndole, otorgó contra legem licencia de obras y de actividad”.

La versión de Regueiras

El alcalde de Hoyo de Manzanares negó estos últimos hechos descritos señalando que “la licencia de Obras y posteriormente de actividad del bar de la Plaza Mayor, se le ha otorgado a un tercero sin relación de parentesco alguna”; “que el almacén tenía licencia de actividad de academia informática desde hace más de 10 años”; y por último, que la avocación de la competencia de Urbanismo para otorgar la licencia de actividad del bar es una práctica habitual y la realizó porque en agosto la concejala estaba de vacaciones.