Dos testigos de Púnica culpan a Manuel Lamela del 1% exigido a las constructoras para publicidad

Dos testigos de la trama Púnica han señalado al que fuera consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre entre 2003 y 2007, Manuel Lamela, como responsable de fijar la cláusula que obligaba a las constructoras de los hospitales regionales a destinar el 1% del contrato de adjudicación de obras para publicidad.

En el marco de esta trama corrupta se investiga el plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007 donde se proyectó la construcción de nuevos centros hospitalarios y centros de salud en la Comunidad de Madrid. Lamela aprobó los estudios de viabilidad para la edificación y explotación de seis hospitales públicos bajo la fórmula de concesión de obra pública a operadores privados.

En un principio, el proyecto pretendía levantar instalaciones hospitalarias en los municipios madrileños de Móstoles, Leganés, Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada y Getafe. Para ello, se aprobó un gasto plurianual de 2.283 millones de euros en 2005. Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, investigan el destino del 1% de dicha cantidad, unos 22,8 millones de euros, ya que desde la Consejería de Sanidad se fijó una cláusula en la que se exigía destinar estar cuantía a publicidad.

También aseguraba haber visto en alguna ocasión «las facturas emitidas por las empresas que realizaban la publicidad de las obras de construcción de los hospitales» y que posteriormente, éstas se enviaban a las concesionarias para «que las pagaran». Además, decía desconocer «el criterio y forma de elección o selección de las empresas que iban a realizar los trabajos de publicidad para las obras a cargo del contratista», aunque decía «creer» que las personas que iban a realizar dicha publicidad «se elegían desde el Gabinete del consejero».

A continuación, señalaba que no le parecía «razonado» incluir unos gastos como publicidad de las obras del 1%, ya que con esa cláusula «se incrementa el importe de la oferta» y que «deberían de haberse sacado a concurso público por el coste real de la publicidad y no por un porcentaje del presupuesto de ejecución material de la obra».

Por su parte, el técnico de apoyo de la Consejería de Sanidad, F.R., afirmaba que las cláusulas que figuraban en los pliegos, «eran las existentes en el pliego tipo, excepto un apartado de una cláusula que afectaba a las obligaciones del contratista donde figuraba que tenían que pagar el 1% del presupuesto o del precio del contrato en gastos de publicidad».

Después añadía que «ese apartado se incluía en los pliegos por una instrucción interna recibidas desde la Consejería de Presidencia o desde la Consejería de Sanidad», que dirigía Manuel Lamela.

Preguntado sobre a qué tipo de trabajos de publicidad e información se refería el último párrafo de la cláusula 32 que estarían obligados a sufragar las empresas contratistas, el técnico señalaba que «se ponían unas vallas de publicidad en las obras y también algún acto de inauguración de la obra y la colocación de la primera piedra».

Sobre los planes de información establecidos que figuran en la cláusula de los pliegos, decía desconocerlos ya que «cuando recibió la instrucción de incluir el último párrafo de la cláusula 32, no le explicaron, ni le informaron sobre los planes de información desde la Administración». 

Posteriormente, indicaba a la UCO que la elección de las empresas que iban a realizar la publicidad de las obras «se gestionaba desde el Gabinete del Consejero de Sanidad o desde la propia Consejería de Sanidad y no desde SERMAS (Servicio Madrileño de Salud)».

El testigo concluía que no le parecía «razonado» incluir unos gastos como publicidad de las obras de un plan elaborado para la construcción de numerosos edificios sanitarios, obligando al contratista a pagar el 1 % del presupuesto de ejecución material. Por último, explicaba que hubiera sido «más transparente» haber sacado a concurso público un contrato con el objeto de realizar la publicidad de las obras de construcción y así permitir que licitaran empresas en un proceso de libre concurrencia, igualdad y publicidad.