La diputación socialista de León avaló un pelotazo de la trama del ‘caso Koldo’ tras las detenciones

La Diputación Provincial de León ha emitido informes técnicos favorables para la concesión de licencias ambientales a Pizarras Santa Bárbara SL, empresa vinculada a la trama de corrupción del caso Koldo, un mes después de que sus directivos fueran detenidos por blanqueo de capitales.

Los documentos oficiales, fechados entre en abril de 2024 que desvela OKDIARIO, revelan que un ingeniero técnico industrial informa «favorablemente la documentación aportada desde el punto de vista técnico para la concesión de Licencia Ambiental», a pesar de que el 20 y 21 de febrero la Guardia Civil había desarticulado la trama que utilizaba esa explotación pizarrera en un pueblo de León. Los investigadores indagan si el objetivo en esa empresa pasaba por presuntamente blanquear millones de euros obtenidos con la venta fraudulenta de mascarillas.

Por su parte, el ayuntamiento de esa pequeña localidad leonesa mantiene dos expedientes abiertos sin adoptar «resolución de concesión o denegación» hasta la fecha. Esta parálisis administrativa contrasta con la celeridad mostrada por otras administraciones antes del estallido del escándalo.

La empresa Comercializadora Pizarras Santa Bárbara SL solicitó el 11 de enero de 2024 ante el Ayuntamiento de Truchas la licencia de actividad para una «nave de laboreo y almacenamiento de pizarra» en una parcela catastral. El representante legal de la sociedad figura también como administradora de la empresa que vendió las mascarillas por valor de 53 millones de euros durante la pandemia. No aparece el nombre de José Luis Rodríguez, subteniente de la Guardia Civil que impulsaba esa explotación y ahora está investigado por la Audiencia Nacional.

Cuarenta días después de presentar esa solicitud, el 20 de febrero, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detenía en la localidad leonesa de Corporales al subteniente retirado, que operaba como gestor de la pizarrera en la zona.

En el registro de su vivienda los agentes encontraron fajos de billetes y 27.770 euros en efectivo. Rodríguez vivía en una casa propiedad del empresario Juan Carlos Cueto, considerado el cerebro de la trama, y conducía un Toyota RAV-4 registrado a nombre de la pizarrera.

Informes favorables

El 21 de marzo de 2024, un mes después de las detenciones, el ingeniero de la Diputación de León emitió un primer informe técnico sobre la tramitación ambiental de la explotación minera. En el expediente, el técnico señalaba que la actividad «se encuentra incluida en la Ley de Evaluación Ambiental» y advertía de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada, fechada el 25 de octubre de 1993, estaba probablemente caducada.

«Las Declaraciones de Impacto Ambiental tienen una vigencia de 4 años una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado, por lo que en principio debe suponerse que dicha DIA está caducada», escribió el técnico. La DIA en cuestión había sido emitida para otra empresa, Pizarras España SL, y para un proyecto denominado Río Salgueiro, lo que añadía dudas sobre su aplicabilidad a Santa Bárbara.

Trece días después, el 3 de abril de 2024, el mismo ingeniero emitió un segundo informe, esta vez sobre la nave de laboreo. El expediente concluía que «la documentación técnica aportada tiene el contenido mínimo legalmente exigible» y que «se consideran aceptables en general las medidas correctoras propuestas a implantar». La propuesta final del técnico resultaba categórica: «Que se informe favorablemente la documentación aportada desde el punto de vista técnico para la concesión de Licencia Ambiental».

El informe imponía seis condiciones adicionales, entre ellas la constitución de avales por valor de 202.567 euros para garantizar la restauración ambiental, la impermeabilización de las zonas de trabajo y la gestión adecuada de residuos peligrosos según la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

El Ayuntamiento de Truchas, sin embargo, no ha resuelto ninguno de los dos expedientes iniciados. Existen dos expedientes abiertos en relación con Pizarras Santa Bárbara, uno para la licencia ambiental de la nave y otro para la tramitación ambiental de la explotación minera.

«No habiendo finalizado el procedimiento a fecha de hoy y no habiéndose, por tanto, adoptado resolución de concesión o denegación de la licencia ambiental y de actividad», señala el alcalde en un documento.

Esta indefinición administrativa deja en el limbo jurídico las instalaciones de una empresa cuyos principales vinculados están imputados por organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho.

Era «el mejor negocio»

La investigación judicial ha revelado que miembros de la trama ,como los empresarios Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama, trabajaban para la pizarrera junto con el guardia civil detenido. En conversaciones interceptadas ambos describían la cantera como «el mejor negocio». El agente desveló en una conversación intervenida que la trama había obtenido «20 kilos» en comisiones.

Antes de las detenciones, la Junta de Castilla y León había autorizado en julio de 2023 el Plan de Labores para el año 2023 de la Concesión de Explotación «María del Pilar-Fracción A-A». Esta resolución del Servicio Territorial de Industria establecía la obligación de constituir «dos avales con carácter solidario e incondicionado: uno por importe de 119.882 euros para garantizar la restauración de la explotación y otro por importe de 82.685 euros para garantizar la restauración de la escombrera».

El plan preveía un hueco de explotación de 47.953 metros cuadrados y una escombrera de 33.074 metros cuadrados. La empresa prometió la creación de casi 200 puestos de empleo en una de las comarcas más despobladas de España, La Cabrera leonesa, donde el pueblo en cuestión apenas supera los 300 habitantes censados.

Sin embargo, el 19 de febrero de 2024, dos días antes de las detenciones, Pizarras Santa Bárbara presentó un escrito ante la Junta anunciando «seis meses de paralización de sus trabajos por la falta de avales» para las labores concedidas en julio. Esta paralización voluntaria coincidió sospechosamente con el inminente estallido de la operación policial, lo que sugiere que los investigados conocían de antemano la investigación.

El Seprona de la Guardia Civil de León había investigado durante meses las autorizaciones con que contaba la pizarrera. Según consta en el sumario, hasta noviembre de 2023 la empresa no había solicitado formalmente la licencia de apertura de la cantera y «sólo poseía una autorización de labores básicas otorgada». Las conversaciones de la trama muestran la preocupación por esas pesquisas de la Benemérita y trataban de ver cómo desactivar esa investigación.

De esta forma, mientras la justicia investiga cómo la trama utilizó los yacimientos de pizarra en León, la maquinaria burocrática siguió su curso como si el escándalo fuera un mero detalle procedimental.