La sombra de un nuevo ‘Faisán’ cerca a Marlaska: chivatazos, altos mandos y obstrucción en el ‘caso Koldo’

El llamado caso Koldo de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones millonarias de mascarillas durante la pandemia salpica al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Algunos de los contratos señalados por la Unidad Central Operativa (UCO) corresponden a su departamento, por valor de 3,5 millones de euros. Los investigadores señalaron en sus actas que altos cargos de Interior obstaculizaron la obtención de algunos informes relevantes para la causa.

Además, en el sumario figuran los nombres de altos cargos de la Policía y de la Guardia Civil citados por los investigados. Y, a todo ello, hay que sumarle la detención de un ex oficial del Servicio de Información de la Guardia Civil, destinado ahora en Venezuela, al que se le atribuye la filtración a la trama de que estaban siendo vigilados por la UCO. Un potencial nuevo caso Faisán como el que señaló al ex ministro Alfredo Pérez Rubalcaba en 2006, tras una filtración al entorno de ETA. Marlaska, que investigó como juez aquel caso, ahora se enfrenta a las acusaciones de la oposición y de asociaciones de la guardia civil que le exigen responsabilidades.

El ‘caso Faisán’

El bar Faisán, en Irún, fue el epicentro en el año 2006 de uno de los mayores escándalos policiales de la historia reciente de España. El 4 de mayo de aquel año, alguien dio un chivatazo al propietario del local advirtiéndole de que se iba a producir una redada contra una red de extorsión de ETA que operaba desde el bar. La operación se frustró y los indicios apuntaban a que la filtración provenía de un mando policial. La Audiencia Nacional investigó y procesó por aquello al ex director de la Policía Nacional, Víctor García Hidalgo, y a otros altos mandos policiales del País Vasco.

El caso Faisán salpicó al entonces ministro Rubalcaba, ya que la filtración se producía mientras el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ETA negociaban en una de las treguas-trampa de la banda terrorista. Entre los jueces que investigaron aquel caso, que se cerró con más luces que sombras, estaba el propio Marlaska. El mismo al que hoy, desde el PP, se le señala como responsable político no sólo de posibles irregularidades en los contratos, sino de la filtración policial de una investigación que afecta a ministros, altos cargos del PSOE e, incluso, de forma paralela, a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. También piden explicaciones al ministro desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).

Un topo «de verde»

A Marlaska se le exige, por ejemplo, explicaciones sobre la figura del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba Carnerero, detenido el pasado lunes por la UCO. Está formalmente acusado de cohecho, al haberse detectado pagos de miles de euros por parte de la trama. Pero los investigadores sospechan que pudo ser el origen de la filtración que puso sobre la pista a la trama de que estaban siendo vigilados o que iban a ser detenidos.

Fuentes policiales aseguran a OKDIARIO que la cerca de una veintena de agentes que realizaron la entrada a domicilio y detención de Koldo García sospecharon de que les estaba esperando. Le preguntaron, incluso, por ello. Quién le había avisado. Había una caja fuerte abierta y vacía, entre otras cosas.

Lo sorprendente es que este agente, cuya pista la UCO remonta por lo menos hasta mediados de 2023, obtuvo este mismo mes de febrero un destino a dedo en la embajada de Venezuela. Uno de esos puestos codiciados que se conceden no tanto en base a una hoja de servicios impoluta, sino a otros condicionantes. Su nuevo puesto lo aprobó Interior, semanas antes de que la UCO escuchase cómo Koldo hablaba de «un amigo de los verdes» que se iba a Venezuela cinco años, y al que él le había «abierto un par de puertas».

Lenin, comisario de Marlaska

Otro de los puntos del sumario del caso Koldo que pone el foco sobre Marlaska es la declaración que realizó ante la UCO el comisario (retirado) de la Policía Nacional José Antonio Rodríguez González, conocido en el cuerpo Lenin, Director general de Coordinación y Estudios de Interior.

En relación con los contratos, y, sobre todo, cómo llegó Interior a contactar en primer lugar con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., Lenin señaló que fue Koldo quien les facilitó un teléfono de esa compañía, porque en Interior sabían que «a través de Koldo tenían una ventana de oportunidad». Una oportunidad que se transformó en un contrato de 3,5 millones de euros.

El DAO y Koldo

En otro de los pinchazos a la trama, Koldo García habla del actual Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, de quien dice ser «amigo». Comentan un asunto relacionado con un problema con el Seprona para el que no va «a llamar a Fernando». Por el contexto, podría suponerse que habla de Grande-Marlaska. De hecho, llega a comentar que se había «visto» con el DAO ese mismo día, 10 de enero.

La revelación de Koldo han provocado que el PP exija a Marlaska que cese al DAO. Sin embargo, en clave interna, la aparición de su nombre en el sumario no ha tenido más recorrido en la investigación. Según ha podido confirmar OKDIARIO en fuentes de la UCO y de la Dirección General de la Guardia Civil, los investigadores comprobaron si era cierta esa reunión y determinaron que nunca existió. De hecho, barajan como hipótesis que los investigados, que se sabían escuchados por la UCO, pudieron recurrir a esa estratagema para confundir -o impresionar- a los agentes.

Otras fuentes apuntan a que el ex asesor de Transportes y el alto mando de la Guardia Civil podrían haber coincidido en el pasado, cuando este era director del Gabinete Técnico y eso le situaba en un puesto donde las relaciones con otros ministerios y administraciones eran habituales. Más aún en tiempos de pandemia. Pero desde el entorno del DAO niegan rotundamente cualquier tipo de amistad ni contacto.

Amagos de obstrucción

Además, la UCO refleja en su informe de análisis de los requerimientos practicados en Interior, que fechan el 22 de septiembre de 2022, que en sus visitas a la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras para la Seguridad para recopilar la documentación referente a esos contratos no encontró las puertas abiertas. De hecho, todo lo contrario.

Entre las circunstancias extrañas con las que tuvieron que lidiar los investigadores de la Guardia Civil se encontraron archivos ilegibles, correos electrónicos de altos cargos borrados e incluso documentos con fechas contradictorias. Los agentes llegan a comentar, y lo dejan por escrito, que Daniel Belmar Prieto, máximo responsable de esa subdirección, se negó a dejar leer a los intervinientes un documento relevante.

Ese documento era una supuesta acta de una reunión interministerial en la que, según decía Interior en aquel momento, se puso el nombre de Soluciones de Gestión sobre la mesa como posible proveedor de mascarillas (contradiciendo la versión aportada ahora por Lenin). El subdirector les mostró esa acta en la pantalla del ordenador, pero no dejó a los agentes consultar su contenido. «De aquel acontecimiento se levantó acta», advirtieron los agentes en el informe.

Las mascarillas más caras

Sorprendente es, también, que el de Grande-Marlaska fue el ministerio o administración que más caras pagó las mascarillas a la trama del caso Koldo. De hecho, fue el único que no las compró a Sociedad de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. al precio de 2,5 euros la unidad, sino a 3,27 euros. Una diferencia sobre la que llama la atención un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario del caso. Los 3 millones iniciales de presupuesto tuvieron que elevarse en millón y medio más para poder afrontar el contrato, remitido a fondos de seguridad ciudadana.

«El precio de venta de las mascarillas a todos los organismos públicos es a 2,5 € la unidad de FFP2 homologada en Europa. Para el Ministerio del Interior el precio que figura en contrato es de 3,27 €», señala el citado informe. Es decir, un 30% más del precio estipulado pagó el departamento de Marlaska a la trama Koldo.