Hacienda señala a Marlaska: pagó las mascarillas de la ‘trama Koldo’ con un sobreprecio del 30%

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska fue el organismo público que más caras pagó las mascarillas a la trama del caso Koldo. De hecho, fue el único que no las compró a Sociedad de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. al precio de 2,5 euros la unidad, sino a 3,27 euros. Una diferencia sobre la que llama la atención un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario del caso. Los 3 millones iniciales de presupuesto tuvieron que elevarse en millón y medio más para poder afrontar el contrato, remitido a fondos de seguridad ciudadana.

«El precio de venta de las mascarillas a todos los organismos públicos es a 2,5 € la unidad de FFP2 homologada en Europa. Para el Ministerio del Interior el precio que figura en contrato es de 3,27 €», señala el citado informe. Es decir, un 30% más del precio estipulado pagó el departamento de Marlaska a la trama Koldo.

«En los casos de Baleares y Canarias, les corresponde a éstas el transporte hasta las islas, que paga Soluciones, pero se lo repercute en factura aparte», explica la AEAT. Sin embargo, incide en el hecho de que sólo el Ministerio del Interior, de Fernando Grande-Marlaska, las pagó más caras que el resto.

El Ministerio del Interior, además, trasmite a la AEAT durante su investigación que requirió a las mascarillas de Soluciones de Gestión por el «éxito del abastecimiento con el Ministerio de Transporte».

Sin embargo, relata el informe, de todos los contratos con administraciones, «no hay en ningún caso una explicación que incida expresamente y con argumentos en la experiencia o conocimiento directo del proveedor».

Se recalca, además, que los beneficios «obtenidos por la venta de mascarillas, sumando las ventas y restando todos los gastos ligados a las mismas, son muy elevados».

Refuerzo de fondos

El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, recurrió a fondos de «seguridad ciudadana» para sufragar la ampliación de presupuesto con la que pagar el material sanitario a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., la mercantil que se sitúa en el epicentro del caso Koldo.

El 13 de abril de 2020, Interior emitió una resolución en la que se acordaba elevar el presupuesto previsto inicialmente para comprar mascarillas quirúrgicas y FFP2, desde los 3 millones de euros hasta los 4,67 millones. «La actual demanda de mascarillas del tipo FFP2, cuantificada numéricamente en al menos 1.500.000 de nuevas adquisiciones, hace que con los actuales precios sea necesario disponer de una cantidad de dinero por encima de los 4.500.000 euros», se recoge en el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El contrato del Ministerio del Interior con Soluciones de Gestión para la «adquisición de material de protección para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y de los órganos dependientes de ella con motivo del Covid-19» ascendió a 3,5 millones. El acuerdo lleva por fecha el 20 de abril de 2020 y fue negociado sin publicidad por tramitación de emergencia. Interior justificó que había contratado con esa empresa al hacerlo previamente el Ministerio de Transportes.

Dinero de seguridad ciudadana

Interior explica en el documento que «la contratación de los suministros» debían ser sufragados «con cargo al Capítulo II (Gastos corrientes en bienes y servicios) y más concretamente al artículo 22, material, suministros y otros, al tratarse de material fungible relacionado con la protección personal, productos farmacéuticos y material sanitario, como es el caso de las mascarillas y test analíticos». Precisando que los gastos «serán sufragados con cargo a la aplicación presupuestaria de presupuestos de gastos de la Sección 16 (Ministerio del Interior), Servicio Presupuestario 02 (Secretaría de Estado de Seguridad) Programa 132A (Seguridad Ciudadana), mediante la tramitación de expediente de libramiento de fondos con carácter a justificar».

Dicho programa comprende diversas actuaciones en el marco de la «seguridad ciudadana», como el combate de la delincuencia, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, o la gestión de la inmigración.

«Nos enfrentamos a nuevas amenazas y problemas como el terrorismo internacional, el crimen organizado, la ciberdelincuencia, el tráfico de armas, la inmigración irregular, las catástrofes climáticas o de carácter industrial, alimentario o energético. Y es preciso incidir en la protección de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, desarrollando estrategias de seguridad específicas y adaptadas a sus necesidades», dice Interior en la presentación de este apartado presupuestario.