Cuando Guerra mató a Montesquieu… y Sánchez lo plagió

Cuando Guerra mató a Montesquieu… y Sánchez lo plagió
El presidente Pedro Sánchez y el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra.

Alfonso Guerra acuñó en 1985 aquel aforismo que se ha perpetuado hasta nuestros días: “Montesquieu ha muerto”. Guerra siempre negó que hubiera proferido aquella  frase premonitoria sobre las veleidades de los socialistas, pero el tiempo y Pedro Sánchez han confirmado el desprecio de los gobiernos del PSOE a la independencia judicial y la división de poderes. El tercer presidente socialista de la Democracia, además de su tesis, también plagió al padre del guerrismo. Y, no digamos ahora, en pleno himeneo socialista con Podemos, partido por el que circula sangre con el ADN de Lavrenti Beria, el sanguinario jefe de la policía política y de los servicios secretos de Stalin.

Desde sus respectivas lubiankas, tanto Marlaska como Sánchez se han sumado a la inhumación de Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, con una purga al estilo estalinista en la Guardia Civil y con una campaña denigratoria hacia la juez instructora del caso 8-M. Podemos completó el enterramiento de la división de poderes con una feroz persecución de la magistrada Rodríguez-Medel. ¿El resultado final?: conseguir el finiquito de la investigación del 8-M y mandar mensajes a navegantes, a aquellos togados que intenten salirse del guion social-comunista.

El PSOE y la izquierda, en general, siempre han tenido la tentación de maniatar a la Magistratura. Los trece años de felipismo se manifestaron como los más vitaminados en el control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. En materia judicial, siempre les “ha ido la vida en ello” –Carmen Calvo, dixit. Pero no se han conformado con atar en corto a los miembros de la Judicatura sino que, además, cuando les han salido contestones, han acudido a la guerra soterrada del desprestigio y la maquinación.

Eduardo Inda destacaba hace unos días en una de sus epístolas televisivas en OKDIARIO “los intentos de matar civilmente a la juez del 8-M”. Y no es la primera vez que la división panzer propagandística de Ferraz/Moncloa y la brunete mediática del PSOE ha contraatacado para mediatizar y socavar la independencia judicial de un magistrado incómodo.

«¿La Fiscalía de quién depende?»

La lista de magistrados y fiscales que tuvieron que soportar las presiones socialistas es larga: Ángel Márquez, Marino Barbero, Javier Gómez de Liaño, Baltasar Garzón, Miguel Moreiras, Mercedes Alaya, Coro Cillán, Luis Navajas, Jiménez Villarejo, José María Mena y muchísimos más.

Todos ellos sufrieron en sus propias carnes, como la juez Rodríguez-Medem y los altos cargos de la Guardia Civil, los métodos de amedrentamiento y persecución del agitprop del aparato socialista. Esa maquinaria que accionó el ventilador de la ignominia y que se ha mantenido desde la llegada del PSOE al poder, en octubre 1982, y durante los casi 23 años de legislaturas de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero –en menor escala– y Pedro Sánchez. ¿Recuerdan la pregunta de Sánchez sobre la extradición de Puigdemont y la Fiscalía General del Estado?: “¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?”, al son del recordado Pau Donés. O lo que es lo mismo: “El Estado soy yo”. El Rey Sol, Pedro Luis XIV. De la dinastía de los Sánchez.

Uno de los primeros jueces que se vio afectado por el asesinato socialista de Montesquieu fue el juez Ángel Márquez, que instruyó la causa contra Juan Guerra, el hermanísimo del vicepresidente socialista, por un caso de corrupción. El magistrado, con apenas 35 años y sin buscarlo, se vio desamparado y solo ante el peligro como Gary Cooper en la película de Fred Zinnemann. El homicida del ilustrado francés, el vicepresidente del primer Gobierno de Felipe González, tuvo que dimitir más tarde por los cafetitos que se tomaba su hermano en la Delegación del Gobierno de Sevilla.

Pero mucho peor lo pasó el magistrado del Tribunal Supremo Marino Barbero, que había accedido al alto tribunal por el conocido como “cuarto turno” para juristas de prestigio y se convirtió sin pretenderlo en el instructor del caso Filesa. Se trataba de una red corrupta a través de la cual el PSOE ingresó mil millones de las antiguas pesetas para financiar sus campañas electorales y otros gastos del partido. Aquellos años de instrucción –entre 1991-1995–, que afectaban en un caso de financiación ilegal al partido del Gobierno, coincidían con la época de descomposición del felipismo y Barbero pagó el pato.

Las ‘cloacas’ del GAL

Fue todo tan deleznable y chusquero que le acortó la vida al magistrado. Tuvo que enfrentarse a todo tipo de presiones, descalificaciones y menosprecios. Incluso, el secretario de Organización del PSOE, Txiki Benegas, se atrevió a negarle la entrega de la contabilidad ilegal de su partido.

Baltasar Garzón ha sido quizás el juez que más se vio perseguido por los sicarios de los GAL. Fue sometido a una presión agobiante. Incluso, llegaron a entrar en su casa y dejarle una monda de plátano encima de la cama. También le robaron documentos de su despacho en la Audiencia Nacional y Villarejo, con el visto bueno de la cúpula socialista del Ministerio Interior, elaboró un informe fake en el que se afirmaba que consumía drogas y se relacionaba con unas prostitutas marroquíes. Yo me encargué de desvelarlo y denunciarlo. Aquello sí que eran “cloacas”, financiadas con fondos reservados del Estado.

Otro juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, se convirtió en el pim, pam, pum fuego del felipismo y del Grupo Prisa por investigar la guerra sucia y las irregularidades de Sogecable. Lo sentaron en el banquillo y acabaron con su horizonte judicial. Como luego también lo lograron con la jueza Coro Cillán, por culpa de meter la nariz en las alcantarillas del 11-M. Antes habían quedado enredados en las telarañas del poder el juez Moreiras por unas inocuas declaraciones al ABC y los fiscales Jiménez Villarejo y José María Mena, por investigar el escándalo Banca Catalana y el molt deshonorable Jordi Pujol.

Y, hablando de fiscales, mucho peor lo pasó el fiscal Luis Navajas que se atrevió a elaborar un informe, que llevaba su mismo apellido, contra una trama corrupta del cuartel de la Guardia Civil de San Sebastián. Con tan mala suerte de que aquellos guardias compartían sus horas libres con el contrabando y con acciones sucias en el sur de Francia contra ETA. Navajas recibió amenazas de muerte y vivió en Donosti en medio de una atmósfera de terror.

Los ‘papeles’ de Bárcenas

En contraposición a los socialistas, el PP siempre se ha mostrado más timorato en sus relaciones con la judicatura, tanto que Mariano Rajoy fue el primer presidente que tuvo que declarar en un juicio –el de la Gürtel– como testigo y después se dejó birlar La Moncloa por una conspiración jurídico-masónica liderada por Sánchez. Si el PSOE sorteaba los escándalos como las balas al general Prim, los populares veían como sus grandes affaires hacían tambalear sus cimientos mientras detentaban el poder. Casos como la Púnica o Lezo se llevaron por delante a una generación de dirigentes mientras Rajoy mandaba en La Moncloa.

En cambio, el Tribunal Supremo jamás se atrevió a citar a Felipe como testigo por el caso GAL. ¿Saben cómo regateó Bacigalupo aquel entuerto? Que citando al presidente del Gobierno se perpetraba su “estigmatización”.

El colmo llegó cuando los agentes de la UDEF se tiraron doce horas registrando la sede de Génova buscando los papeles de Bárcenas. La misma unidad que avisó al presidente socialista del Senado, Francisco Javier Rojo, cuya hija trabajaba en el Ayuntamiento de Estepona, en medio de la redada de la operación Astapa. Si el juez Barbero levantara la cabeza se daría cabezazos contra el estrado por lo que le hicieron sudar con los papeles de Filesa.

Otras veces, por una gestión insignificante, los populares quedaron con el culo al aire por su torpeza, como cuando Carmen Sánchez-Cortés, la secretaria de Estado del Ministerio de Justicia, llamó por teléfono a la jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, única y exclusivamente, para preguntarle por la situación procesal de Pablo Casado. Aquel desliz venial sirvió para que los artilleros de Ferraz y sus acólitos mediáticos disparan obuses del calibre 914. En cambio, Marlaska –elevado a consejero del CGPJ por el PP– se cepilla a dos coroneles –Corbí y Pérez de los Cobos– y dos generales y no pasa nada.

Sánchez resucita a Maquiavelo

Quien escribe estas líneas tiene experiencia, pues sufrió en sus propias carnes el rodillo del felipismo por sus investigaciones sobre los GAL, las escuchas del CESID, el caso Roldán y los fondos reservados, entre otros escándalos. Después, los malos modos del CNI por atreverse a desvelar el patrimonio exterior del Rey Juan Carlos. Y, por último, la lapidación en TVE tras la llegada de Sánchez e Iglesias a La Moncloa.

Está claro que cuando los socialistas tienen el poder lo primero que hacen es sepultar a Montesquieu y resucitar a Maquiavelo. Y si, además, eligen a Iglesias como compañero de viaje los tribunales corren el riesgo de convertirse en las checas de Fomento, Marqués de Riscal o Narváez.

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