Colau y la Generalitat financian con contratos amañados a la empresa que montó el mitin de Puigdemont en Perpiñán
El Ayuntamiento de Barcelona presidido por Ada Colau y cinco departamentos distintos de la Generalitat financian, con contratos amañados, a la empresa Iniciatives Events que organizó la quema de fotos del Rey Felipe VI en Barcelona y el mitin de Carles Puigdemont en Perpiñán.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, aporta estos datos en el auto dictado el pasado miércoles, en el que ordenó la detención de 31 personas, en una operación policial contra los empresarios y dirigentes independentistas que han puesto en marcha el llamado Tsunami Democràtic y que financian la estancia del fugitivo de la Justicia Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica).
Como parte de este dispositivo, el magistrado ordenó el registro de la sede de la empresa Iniciatives Events SL, situada en Igualada (Barcelona), y la detención de sus dos administradores: Antonio Fusté Piñol y Roc Aguilera Vaqués. Ya en 2017, la Guardia Civil descubrió que esta empresa ocultaba en una de sus naves miles de sobres y papeletas para el referéndum ilegal de independencia del 1-O.
Esta misma empresa se encargó de la logística del mitin ofrecido por el fugitivo Carles Puigdemont en Perpiñán (Francia) el pasado mes de febrero, con motivo de su encuentro con Quim Torra. El acto se convirtió en la fiesta del coronavirus, pues el regreso de los manifestantes a Cataluña contribuyó a que el Covid-19 se extendiera por toda la región.
La quema de fotos del Rey
Más recientemente, la ANC contrató a la empresa de los dos detenidos para montar el pasado 9 de octubre un gran escenario en la Via Laietana de Barcelona, en el que los independentistas pegaron fuego a un retrato del Rey Felipe VI de tres metros de altura, con motivo de la presencia del monarca en la ciudad condal.
Todos estos actos de propaganda independentista han sido pagados con dinero público, según se desprende del auto del juez Joaquín Aguirre, que enumera hasta cinco departamentos distintos de la Generalitat que han financiado a Iniciatives Events mediante contratos fraudulentos.
En concreto, Iniciatives Events ha recibido contratos irregulares del Consell Català de l’Esport, el Diplocat, la empresa pública Ferrocarrils de la Generlitat, la Agencia Catalana del Agua (ACA) y el Instituto Catalán del Suelo (Incasol), organismos todos ellos dependientes de la Generalitat. De este modo, el Govern de Quim Torra (ahora inhabilitado por desobediencia a la Junta Electoral Central) habría desviado dinero público para financiar los actos de propaganda del fugitivo Carles Puigdemont en el extranjero.
A su vez, Iniciatives Events paga los coches (algunos de alta gama) que utiliza el ex terrorista de Terra Lliure Xavier Vendrell, quien según el juez actuaba como enlace entre ERC y Puigdemont y es uno de los impulsores del Tsunami Democràtic, el canal de Telegram utilizado por la cúpula independentista para organizar desórdenes callejeros y movilizaciones de los CDR.
A través de su sociedad Forum 1406, Xavier Vendrell también habría recibido pagos de la Plataforma Pro Selecciones Catalanas (cuyo presidente, Xavier Vinyals, también ha sido detenido), que la Generalitat financia con subvenciones de hasta 1,2 millones de euros al año desde 2005.
Iniciatives Events recibió un contrato del Diplocat (el órgano de «diplomacia exterior» de la Generalitat) para organizar unas jornadas con el actual presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés, y su número 2, Albert Castellanos.
Las escuchas telefónicas acreditan que una de las responsables del Diplocat, Elisabet Moragas, instó a Roc Aguilera (administrador de Iniciatives Events, ahora detenido) a presentar tres presupuestos, aparentando que habían sido elaborados por empresas distintas, para adjudicarle el contrato cubriendo las apariencias.
También se habría recurrido al mismo procedimiento (simular presupuestos de distintas empresas) para que Iniciatives Events reciba contratos de la Federación Catalana de Fútbol, según se desprende de las conversaciones grabadas entre Roc Aguilera y Francesc Forcada, cuñado del presidente de la Federación, Andreu Subias.
Viajes a Andorra con «dinero negro»
El auto del juez señala que también financian a la empresa investigada, mediante contratos fraccionados e «ingeniería financiera», los ayuntamientos de Barcelona, presidido por Ada Colau con el apoyo del PSC, y Calella, cuya alcaldesa, Montserrat Candini, dio instrucciones a Antonio Fusté para enmascarar los pagos mediante «contratos menores», eludiendo así la convocatoria de un concurso.
Todas estas operaciones fraudulentas obligan a la empresa que organiza los actos de Puigdemont a falsear las cuentas, señala el magistrado Joaquín Aguirre. Así lo reconoce en un pinchazo telefónico el propio administrador Roc Aguilera, en el que afirma que la empresa recibe «pagos ilegales que se camuflan con partidas contables» que sólo él conoce, señala el auto judicial.
El juez añade que Roc Aguilera estaría incurriendo en «prácticas propias de la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, pues ha realizado numerosos viajes a Andorra acompañado de amigos que le habrían hecho de lanzadera para evitar los controles fronterizos con el objetivo de traer a España algo que tenía envasado al vacío, seguramente y por la propia experiencia en este tipo de hechos, dinero no declarado procedente de actividades opacas», aclara el magistrado. Su socio, Antonio Fusté, había explicado en una llamada telefónica que tenía «problemas para generar dinero en b».