El chalet de Pablo Iglesias y Montero es el cuarto más grande de los 120 que hay en su urbanización

El chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero ocupa una posición muy destacada en la urbanización de Riomonte de Galapagar, que tras 33 años de irregularidad jurídica quiere avanzar hacia su normalización. El Ayuntamiento ha aprobado inicialmente por unanimidad los estatutos que, si tienen el visto bueno de la Comunidad de Madrid, crearán la entidad urbanística de conservación, en un proceso que comenzó en 1991.

Según consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), la propiedad de Iglesias y Montero es la cuarta propiedad más grande de la entidad urbanística creada. El documento oficial recoge un detallado listado de las 120 parcelas que componen la urbanización, con coeficientes de participación que oscilan «desde el 0,41% hasta el 2,37% del total». Esta información resulta fundamental para establecer la contribución de cada propietario a los gastos comunes de la futura entidad. La de Iglesias y Montero roza el 2% del total de la urbanización.

La ubicación privilegiada del caspolón adquirido por la pareja en 2018 –como desveló en exclusiva OKDIARIO– desató una controversia que tambaleó los cimientos de la izquierda española. El inmueble forma parte de una urbanización que ha funcionado durante más de tres décadas en situación irregular. Como señaló un concejal durante el pleno municipal, los estatutos «llevan dando vueltas por este ayuntamiento desde 1991».

El proceso de regularización no ha estado exento de polémica. Tras la aprobación inicial de los estatutos el 3 de enero de 2025, se presentaron seis alegaciones por parte de propietarios afectados, todas ellas desestimadas tras el informe de la Junta de Gobierno de la entidad urbanística en las que no contraargumenta cada uno de esos apuntes críticos.

Los vecinos disconformes argumentan que se han incluido terrenos que no deberían formar parte de la urbanización, lo que les ha perjudicado al reducir su participación en el nuevo ente. Confían en que la Comunidad de Madrid sí acepte sus alegaciones y no den visto bueno a este «embrollo jurídico».

Limbo legal

La situación de irregularidad de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Riomonte de Galapagar ha sido una constante desde su creación en 1978. La falta de registro oficial fue confirmada por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, que certificó que la entidad «no consta en dicho Registro».

Esta circunstancia implicaba que, legalmente, la mancomunidad de propietarios no existía, ya que según la normativa vigente, las entidades urbanísticas colaboradoras «adquieren personalidad jurídica a partir de su inscripción en el correspondiente registro».

Durante el debate en el Pleno municipal de Galapagar, se destacó el prolongado periodo de inactividad registrado entre asambleas generales. Como señaló con misterio uno de los concejales: «Me resulta muy extraño que desde la asamblea general del 30 de noviembre de la comunidad de Riomonte de 2018 hasta la asamblea general celebrada el 2 de marzo del 2024 no se haya tocado el tema de la regularización de entidad urbanística, y que esta última se hubiera hecho a requerimiento del Ayuntamiento. Y hasta ahí voy a decir…».

Antecedentes problemáticos

En 2019 se conoció que la situación irregular de la urbanización estaba causando problemas a varios vecinos. Un afectado denunció entonces «la falta de naturaleza jurídica de la entidad, de su falta de capacidad de actuaciones públicas y otras presuntas irregularidades», ante lo cual el entonces concejal de Urbanismo indicó que era «un pequeño error administrativo sin importancia».

Resulta significativo que otro aspecto controvertido fue la recepción del alumbrado público y del alcantarillado por parte del Ayuntamiento sin ser entidad urbanística. Según se mencionó durante el Pleno, la secretaria del Consistorio «da carpetazo al asunto admitiendo, firmando la recepción el 17 de febrero de 2017 y volviéndose a ratificar por la misma secretaria el 3 de octubre del 2019».

Según los estatutos ahora aprobados definitivamente, la Entidad Urbanística se define como una «entidad urbanística de derecho público y de naturaleza administrativa de adscripción obligatoria y personalidad jurídica propia y plena capacidad legal para el cumplimiento de sus fines». El documento establece que su duración «por su naturaleza, será indefinida, y mientras se justifique su existencia para el cumplimiento de sus fines».

La entidad se encargará supuestamente de mantener el alumbrado, las calles, jardines y gestionar bienes de uso común de los propietarios, incluyendo un club social, pistas deportivas y una piscina comunitaria. Entre estos bienes, algunos han pasado a ser propiedad del padre del torero José Tomás.

Revalorización patrimonial

Los dirigentes de Podemos compraron su propiedad en 2018, por lo que ya han transcurrido siete años y tendrían cerca de una tercera parte de la hipoteca amortizada. Ahora verán revalorizada su propiedad tras ser legalizada en lo referente a su encaje en una entidad urbanística propia.

A Pablo Iglesias se le ve más por la zona en los últimos meses, una vez que Irene Montero es eurodiputada y debe atender sus obligaciones en Bruselas y Estrasburgo como candidata de Podemos a las próximas elecciones generales.

Todos los grupos políticos municipales votaron a favor de la aprobación definitiva de los estatutos, con el pretexto de «dar seguridad jurídica a los vecinos y vecinas de Riomonte». No obstante, queda por saber si la Comunidad de Madrid acepta esta «chapuza administrativa sideral», según fuentes conocedoras del proceso.

En un giro que parece extraído de un tétris burocrático, la urbanización que ha funcionado durante más de tres décadas en un limbo legal pretende lograr finalmente su regularización. Como colofón paradójico, resulta llamativo que una zona residencial asociada a figuras que han defendido la estricta aplicación de las normativas haya permanecido tanto tiempo navegando en aguas administrativas tan turbias.