Bertossa: el fiscal que impuso una multa de 38 millones al HSBC de Ginebra

El responsable de la investigación contra los testaferros del Rey Juan Carlos es uno de los fiscales de mayor prestigio de Ginebra. Un profesional intachable, incorruptible y muy trabajador. Yves Bertossa, desde su despacho del edificio acristalado del Ministerio Público del Poder Judicial del Cantón de Ginebra, en Route de Chancy,  dirige las pesquisas contra Canonica y Fasana.

El fiscal, bajo las órdenes del procurador general de Ginebra Olivier Jornot, examina uno a uno los documentos intervenidos a los testaferros. De casta le viene al galgo. Su padre, el ya histórico procurador Bernard Bertossa, fue el primero que emprendió una lucha sin cuartel contra la corrupción en Suiza, contra entidades bancarias y defraudadores internacionales.

Bernard Bertossa formó parte de la generación de jueces como Baltasar Garzón, Eva Joly o Antonio Di Pietro que crearon un movimiento judicial anticorrupción en Europa. Yves Bertossa recogió después el testigo de su padre y emprendió una lucha contra los intermediarios y los bancos corruptos.

HBSC: 38 millones de multa

Yves Bertossa alcanzó popularidad cuando en 2015 ordenó, tras conocerse la lista Falciani, el registro de las dependencias del HSBC por lavado de dinero. Finalmente, la Fiscalía General de Ginebra cerró la investigación penal contra el banco tras llegar a un acuerdo económico. El HSBC asumió el pago de una multa de 40 millones de francos suizos, unos 38 millones de euros.

Otros de los casos mediáticos de Bertossa fue el proceso contra el ex jefe de la Policía de Guatemala que se había refugiado en Ginebra. El fiscal pidió al tribunal que fuera condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Finalmente, fue condenado a 15 años de cárcel.

Otra de las investigaciones del procurador suizo fue el proceso por blanqueo de dinero contra el ex presidente de Ucrania, Viktor Yanukovich.

Sobre el proceso del HSBC,  Yves Bertossa llegó a manifestar: «Se ha violado el deber de los colaboradores del banco de identificar adecuadamente la procedencia de los fondos. Se omitió igualmente la obligación de aclarar situaciones de riesgo y el banco mostró igualmente ‘incapacidad para detectar transacciones sospechosas’”.