La Audiencia de Valencia niega a Zaplana una prueba clave: la declaración del ‘testaferro’ uruguayo

La Audiencia Provincial de Valencia ha ratificado el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 8 por el que rechazaba todas las pruebas y declaraciones solicitadas por Eduardo Zaplana en el caso Erial. Una de las diligencias reclamadas en el recurso de apelación presentado por la defensa del ex presidente de la Generalitat valenciana era el testimonio de Fernando Belhot. El intermediario uruguayo se autoinculpó como supuesto “testaferro” de Zaplana, tras llegar a un pacto con la Fiscalía y el Juzgado.

La confesión de Belhot, conocido internacionalmente por su condición de comisionista en casos de blanqueo de dinero como Odebrecht, se produjo por videoconferencia mientras el sumario se mantenía en secreto. Su acusación contra Zaplana, de quien se declaró testaferro y señaló como el propietario de una cuenta en Suiza, supuso el ingreso en prisión del ex ministro de Aznar.

Zaplana, que soportó un largo encarcelamiento de diez meses mientras se enfrentaba a un cáncer de médula tras un trasplante, vio cómo peligraba su vida sin que la juez decretara su libertad.

El abogado de Zaplana nunca pudo preguntar a Belhot sobre sus acusaciones. La presencia del intermediario uruguayo en calidad de testigo en la causa se limitó a una videoconferencia secreta en la que sólo preguntaron el fiscal y la titular del Juzgado que instruye el caso Erial. El supuesto testaferro se enfrentó a un suave interrogatorio, dirigido exclusivamente a apuntalar la culpabilidad de Zaplana. Nadie insistió en aclarar cómo había llegado y salido el dinero de Suiza y cuándo se produjeron las operaciones monetarias. Después de varios años de investigación las pruebas sobre la titularidad del dinero siguen sin ser contundentes.

Y lo más sorprendente del caso:  el uruguayo Belhot había sido imputado en la causa por un delito de blanqueo, pero, tras entrevistarse en Montevideo con el fiscal del caso, se convirtió en testigo. Quedó fuera del proceso y pasó de investigado a arrepentido/colaborador. La juez lo admitió y declaró el sumario secreto una vez el fiscal regresó de la capital uruguaya.

Una declaración clave para la defensa

Los abogados personados en la instrucción, que no han tenido la oportunidad de interrogar a Belhot, nunca habían presenciado nada similar a lo largo de su carrera. El propio letrado de Zaplana, Daniel Santos, que trató importantes casos de terrorismo y narcotráfico en la Audiencia Nacional durante sus años de fiscal, jamás había vivido una experiencia igual.

Según fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO, no existen precedentes de ese calibre. Los imputados pueden pactar con la Fiscalía un mejor tratamiento penal, pero nunca quedar fuera del procedimiento. “En todo caso, el colaborador puede recibir una reducción de la pena o una mejoría en su tratamiento penitenciario, pero nunca queda exento de su culpa”, manifestaron las mismas fuentes.

Se trata de una práctica muy corriente en la Fiscalía Anticorrupción como técnica de investigación –basta recordar los casos de Marjaliza o Costa– pero nunca los encausados obtienen la exoneración plena de sus penas. Si Belhot cometió los delitos que asume, como mínimo, tendría que ser juzgado por blanqueo y falsedad en documentos mercantiles. Ha reconocido que firmó todos los documentos bancarios para ocultar el dinero y siempre actuó por su propia cuenta.

La importancia de la declaración de Belhot como imputado en las diligencias, al margen del auto dictado el pasado 26 de enero por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, radica en las identidades de los beneficiarios de algunas de las transferencias de la cuenta que se le adjudica a Zaplana. Los destinatarios del dinero son amigos de Belhot y su propia esposa, con quienes Zaplana no guarda ninguna relación. Una de las cuentas del Banco Sabadell investigadas sirvió como garantía para la obtención de un crédito de una amiga del uruguayo.

Sobre la declaración de Fernando Belhot, la presidenta de la Sección Quinta, la magistrada María Begoña Solaz Roldán –que actúa como ponente– mantiene: “El hecho de que la anterior fuera prestada en el periodo en que las actuaciones fueran secretas, no son por sí solo un motivo para que sea nuevamente interrogado. Más bien, resulta sensato lo que apunta la instructora en el sentido de que, si tras el estudio y análisis de la documentación incautada en las entradas y registros  practicadas mediante las comisiones rogatorias se obtuvieran nuevas informaciones o nuevos datos que fueran de interés, pudiera en ese momento ser procedente e ilustrativa una nueva declaración del referido testigo, no una simple reiteración de lo ya practicado, en busca de respuestas más acomodadas a las pretensiones de los investigados”.

Ni una prueba admitida

La Audiencia Provincial también se opone a la comparecencia de otros testigos, que habrían recibido el dinero remitido por Belhot, con los siguientes argumentos: “Coincide la Sala en que se trata de declaraciones más propias de ser practicadas en el acto del Juicio Oral, ya que aparte de obrar en autos información al respecto difícilmente van a declarar en un sentido que los sitúe en una posición más próxima a la de investigado”.

Paradójicamente, los magistrados de la Sección Quinta reconocen en su escrito cuáles son “los requisitos materiales exigibles para la admisión de cualquier diligencia de prueba”. Según ellos, desde una perspectiva subjetiva los que tengan “utilidad para los intereses de quien la propone, de modo que su omisión le cause indefensión”.

Sorprendente porque los abogados de Eduardo Zaplana y de otros encausados no han tenido la oportunidad durante el proceso de interrogar al uruguayo Fernando Belhot, la pieza clave de la acusación.

Pero, además, la Sección Quinta comparte con la juez y la Fiscalía la decisión de rechazar la comparecencia como testigos de quienes formaban parte de la mesa de contratación de las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, cuyas adjudicaciones se investigan en la causa. Para los magistrados de la Audiencia Provincial, “se trata de testigos afines a la parte que propone la declaración y que tienen poco interés en esta fase procesal, sin perjuicio de que puedan ser propuestos para el acto del juicio oral”.

Por último, los magistrados se oponen a que se incorpore en el sumario de Valencia las declaraciones de testigos que figuran en las diligencias previas 91/2016 del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Se refiere al sumario del caso Lezo en el que Zaplana nunca fue imputado.

Los miembros de la Sección Quinta consideran que los hechos investigados en Madrid son diferentes y dan valor a las informaciones publicadas en la prensa: “No se considera que una noticia de prensa sea una fuente ni fiable ni jurídica para acordar la práctica de una diligencia de instrucción, aparte de tratarse, al parecer, de una declaración prestada con anterioridad a la realizada en las actuaciones que nos ocupan”.

Los magistrados desdeñan las informaciones periodísticas cuando éstas han sido el germen de los grandes escándalos políticos y económicos de los últimos años: Filesa, Fondos Reservados, Escuchas del CESID, Roldán, ERE’s, GAL, Pujol, Gürtel, Gil y Marbella, 3 por ciento de Cataluña y Rey Emérito, entre otros.  Todos ellos surgieron gracias a la labor de profesionales de la información.