Granados denuncia el agravio comparativo con los Pujol y Urdangarin tras cumplir 32 meses en prisión

Francisco Granados suma 32 meses en prisión provisional desde que fuera arrestado en el marco de la trama Púnica en octubre de 2014. Desde esa fecha, más de 2 años y medio, el que fuera consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid permanece encarcelado en la prisión madrileña de Estremera.

La defensa del ex dirigente popular ha presentado un nuevo escrito ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en el que se solicita su puesta en libertad tras sufrir un «trato claramente discriminatorio a relación con tantos otros investigados e incluso con condenados en situación de libertad», es decir, los Pujol o Iñaki Urdangarin, entre otros.

Cabe destacar que en el caso de los Pujol, sólo el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, ha ingresado recientemente en la prisión madrileña de Soto del Real, a pesar de que toda la familia está siendo investigada por integrar presuntamente una «banda criminal organizada».

Mientras, la Audiencia Provincial de Palma condenaba a Urdangarin en febrero a 6 años y 3 meses de prisión por el caso Nóos y a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva su recurso de casación, el ex duque de Palma vive en libertad en Suiza.

En el escrito de 12 páginas presentado por los letrados de Granados, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se pone de manifiesto que después de 3 años de investigaciones, con comisiones rogatorias a otros países, no se ha obtenido ningún resultado sobre el supuesto patrimonio millonario oculto que escondería y a que a día de hoy es «inexistente».

Velasco llegó a rechazar un poder notarial del ex dirigente del PP para agilizar la investigación de su «patrimonio oculto» en el extranjero, así como la declaración de numerosos testigos que aclararían la situación de Granados en el gobierno regional.

Sobre la posible interferencia del ex dirigente popular en la investigación para «presionar a terceros o destruir pruebas», los abogados recuerdan que esta hipótesis es «imposible» ya que abandonó hace 14 años la alcaldía de Valdemoro y hace 6 la Comunidad de Madrid. En este contexto, señalan que a día de hoy aún no se han concretado las supuestas recalificaciones, que según los investigadores, le llevaron a reunir más de 700 millones de euros.

«No hay razón alguna para mantener a Granados en prisión porque según se dice pueda hacer uso de sus influencias, que son ninguna, para presionar o interferir las fuentes de información» señala el documento. De hecho, el artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo permite mantener la prisión provisional en estos casos «por un periodo máximo de 6 meses».

Sobre las declaraciones ante el magistrado del empresario David Marjaliza, la defensa de Granados afirma que «no sirven absolutamente para nada puesto que no solamente no están corroboradas por ninguna otra prueba o indicio, y se han practicado sin dar vigencia al principio de contradicción. Dichas manifestaciones están plagadas de inconcreciones y contradicciones» afirma.

En este contexto, se recuerda que la secretaria de Marjaliza, Ana María Ramírez, reconoció en sede judicial que «nunca se dio dinero a Granados» y que «tampoco tiene relación alguna con las más de 190 sociedades que forman el entramado empresarial» del propio Marjaliza.

Los letrados denuncian que el ex dirigente del PP se encuentra «en una situación de absoluto olvido y abandono si no fuera por los diferentes recursos y escritos presentados por esta defensa» y precisan  que no se ha llevado a cabo ninguna pesquisa para acreditar las acusaciones contra Granados, y que en ningún momento se les ha notificado como establece la Ley que «el resultado de las diligencias haya producido algún cambio relevante en el objeto de la investigación de los hechos imputados».

Vulneración de la doctrina constitucional

El escrito resalta que mantener a Francisco Granados en prisión «conlleva una flagrante vulneración de la doctrina constitucional sobre la prisión provisional» ya que «tal medida no satisface siquiera mínimamente los principios de necesidad y proporcionalidad que deben prevalecer a la hora de mantener una tan dilatada privación de libertad», ya son 32 meses.

En el documento, se recuerda que el ex consejero madrileño vive con su mujer y sus dos hijas adolescentes en una casa hipotecada de Valdemoro, que recientemente el Juzgado ha autorizado a cancelar con cargo a las cuentas bloqueadas. «Carece de otras fuentes de ingreso que no sean las del trabajo de su mujer, ingresos estos últimos reducidos a una ridícula cantidad como consecuencia de la publicidad del presente procedimiento, y no tiene más bienes que que los que le han sido bloqueados».

«Granados viene sufriendo un claro atropello en sus derechos constitucionales, situación que estamos seguros será inmediatamente restablecida por ese digno Juzgado a base de sustituir tan gravosa e injustificada medida por otras más adecuadas al resultado que arroja la instrucción que no es otro que el de que no existe riesgo de fuga alguno porque ni hay patrimonio oculto, ni evidencias de que pueda existir, y si por el contrario un fuerte y acreditado arraigo en España, ni hay riesgo alguno de destrucción de pruebas», concluye el escrito de libertad.