Trump demanda al Estado por el registro del FBI en Mar-a-Lago y exige 100 millones de dólares

Donald Trump ha presentado una demanda contra el Departamento de Justicia por el caso de los documentos clasificados, concretamente por el registro efectuado por la Oficina Federal de Investigación (FBI) en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, para recopilar los registros de seguridad nacional. El equipo legal del ex presidente de Estados Unidos expone que la búsqueda de los federales fue «inapropiada» y que, además, «dañó» la reputación del líder republicano. Por ello, el candidato a la Casa Blanca exige una indemnización de 100 millones de dólares, el equivalente a 91,4 millones de euros.

Según expone la demanda, Donald Trump tuvo que reparar su imagen tras el registro del FBI -el 8 de agosto de 2022- con el gasto de «decenas de millones de dólares para defender su caso y su reputación». La imputación lo convirtió en el primer ex presidente acusado de cargos federales. Además, el magnate se presenta como víctima de «intrusión en el aislamiento, procesamiento malicioso y abuso de proceso» por parte de los federales.

En el registro se encontraron más de 300 archivos clasificados que el republicano se habría llevado de la Casa Blanca en enero de 2021, una vez que ya había dejado el cargo. Los documentos, de acuerdo a la legalidad, pertenecen a los Archivos Nacionales.

El fiscal general y el director del FBI

En el texto de la demanda se señala directamente a quienes autorizaron el registro de la mansión de Trump -el fiscal general Merrick Garland y el director del FBI Christopher Wray-, por tomar una decisión de «forma negligente», razón por la que, detallan, tanto el líder republicano como sus abogados se mostraron sorprendidos cuando los agentes del FBI se personaron en la mansión: «La redada nunca debió haber ocurrido, Garland y Wray deberían haberse asegurado de que sus agentes buscaran el consentimiento del presidente Trump, lo notificaran a sus abogados y buscaran cooperación».

Al mismo tiempo, Donald Trump acusa al Departamento de Justicia de utilizar este caso para perjudicar su campaña de cara a las elecciones presidenciales de noviembre en las que se enfrentará en las urnas a Kamala Harris.

A mediados del pasado mes de julio, la jueza encargada del caso contra Trump por negligencia en el uso de documentos clasificados desestimó la acusación en contra del ex presidente, es decir, anuló el caso. La magistrada alegó en el auto que el nombramiento del fiscal especial Jack Smith fue «inconstitucional e ilegal»: «violó la Constitución» porque el nombramiento no lo hizo el presidente, sino el fiscal general al que alude la demanda de Trump. Tampoco confirmó dicho nombramiento el Senado.

Donald Trump se enfrentaba por el caso de los documentos clasificados a 37 cargos penales que se le imputaron en junio de 2023, e iban desde la conspiración con el fin de obstruir la justicia hasta la retención deliberada de información de defensa nacional.