Lula dice que será candidato en 2018 mientras se piensa si entrar en el Gobierno de Rousseff

La presidenta brasileña Dilma Rousseff y su mentor y predecesor Luiz Inacio Lula da Silva buscaban replicar el lunes al descontento popular y a la ofensiva judicial que amenazan con cortar en seco 13 años de gobiernos del izquierdista Partido de los Trabajadores.

Durante su declaración ante la Fiscalía la semana pasada, acusado de blanqueo y corrupción por un tríplex de lujo que le habría regalado una constructora implicada en el caso Petrobras, el ex presidente Lula da Silva aseguró: «me quieren jubilar porque estoy viejito, pero seré candidato en 2018 y tendrán que aguantarme los que me atacan».

Este domingo, más de 3,5 millones de brasileños tomaron las calles de las principales ciudades del país exigiendo la salida de Roussseff en medio de una crisis económica e institucional sin precedentes, entre escandalosas revelaciones sobre el megafraude en Petrobras, que manchan a la élite política y económica del país.

Rousseff vive desde diciembre bajo la amenaza de un juicio político impulsado por la oposición en el Congreso por el presunto maquillaje de las cuentas públicas en 2014 y de los presupuestos de su última campaña electoral.

Lula (que ocupó la Presidencia entre 2003 y 2010) enfrenta una amenaza de prisión preventiva por las denuncias de corrupción y lavado de dinero vinculados al caso Petrobras.

Los dos, uña y carne en el pasado, vuelven a unir sus destinos políticos. En una extraña jugada, miembros del Gobierno dejaron caer la posiblidad de que Lula entrase al gabinete. Una opción que le libraría de comparecer ante la Justicia ordinaria, pero que corre el riesgo de ahondar en el descrédito de las instituciones y de ser visto como una huida por sus propios seguidores. El ex presidente, que sopesa esa posibilidad, mide si dar tal paso no le cercenaría las posiblidades de ser reelecto en 2018.

Prisión preventiva

Un tribunal de Sao Paulo transfirió el lunes al juez federal Sergio Moro, que lleva la causa de Petrobras, una denuncia y la petición de prisión preventiva para Lula da Silva, por el riesgo de que haga desaparecer pruebas y de que sus seguidores provoquen algaradas. Moro aún debe decidir si acepta tomar el caso, en un proceso que tomará tiempo.

La defensa del ex mandatario ya dijo que apelaría y, según medios brasileños, el proceso impulsaría a Lula a aceptar el cargo en el Ejecutivo de Rousseff.

La presidenta expresó la semana pasada que sería «un gran orgullo» tener en su gabinete al ex líder sindicalista, líder sindical y presidente del «milagro socioeconómico» brasileño de la década pasada

«Si Lula viene, seguramente será para cuidar de aquello que él mejor sabe hacer, que es la política», dijo el jefe del gabinete Jaques Wagner, que habría puesto su cargo a disposición de Rousseff.

El caso por el que se le persigue en Sao Paulo, que Lula calificó de «canallada homérica», estaba centrado en el citado apartamento de lujo del que el ex presidente niega ser propietario y que lo relacionaría con una constructora implicada en el escándalo de Petrobras.

Pero el tríplex también está en la mira del juez Moro, que ordenó el allanamiento de la casa de Lula en el cinturón industrial de Sao Paulo hace 10 días para llevarle a declarar forzosamente.

Fue en esa comparecencia donde un Lula desafiante anunció su candidatura presidencial para 2018, según el expediente judicial divulgado por los medios brasileños este lunes.

«Yo, que estoy viejito, que estaba queriendo descansar, voy a ser candidato a la presidencia en 2018 porque creo que quienes cometieron un atrevimiento conmigo van a tener que aguantar atrevimientos de aquí en adelante», afirmó.

La impopularidad de Rousseff

Rousseff, cuya popularidad está en un ínfimo 11%, convocó a sus ministros más cercanos este lunes para analizar la situación, que no obstante «no cambia nada la agenda del Gobierno», según dijo Wagner. «Es una manifestación más, no la estoy desestimando. Creo que fue grande, significativa […]. El buen o mal humor de la calle tiene que ver con el buen o mal desempeño de la economía», añadió.

El oficialismo prepara una contraofensiva en la calle, con manifestaciones convocadas para el 18 de marzo.

La oposición por su lado, espera que la movilización del domingo ejerza presión sobre los diputados indecisos, que deberán pronunciarse a favor o en contra del impeachment (juicio político) a la presidenta, reelegida en 2014.