El Gobierno aún ve margen para que Puigdemont sea extraditado por rebelión

Aunque es verdad que la decisión del juez alemán sobre la situación de Carles Puigdemont ha sido un mazazo para el Gobierno de Mariano Rajoy, cierto es también que en La Moncloa no se da todo por perdido. Fuentes gubernamentales aún ven margen para que el ex presidente catalán sea extraditado por rebelión, de modo que pueda ser juzgado en España por ese delito. Puigdemont quedó este viernes en libertad bajo fianza tras depositar 75.000 euros.

El próximo movimiento de la Justicia española será recurrir ante el Tribunal Europeo para que Puigdemont sea procesado por ese tipo penal, penado hasta con 30 años de cárcel. El tribunal tendría que pronunciarse sobre si la decisión de la Audiencia de Schleswig-Holstein, que rechazó ese delito, es correcta. La última palabra, sostienen así, no está aún tomada.

Esa opción la valoran tanto el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, como la Fiscalía General del Estado, que este viernes emitió un comunicado en el que aclara «que la decisión decretada por el Tribunal afecta exclusivamente a la medida cautelar adoptada respecto al Sr. Puigdemont pero no es una medida definitiva, en el sentido que no entra a prejuzgar el fondo del asunto relativo a la entrega del mismo·».

En la nota, el ministerio público se remite a la propia normativa que regula la euroorden y que determina que el tribunal que la ejecuta «debe limitarse a un apoyo práctico y administrativo». En otras palabras, que únicamente debe comprobar si los hechos por los que se reclama son constitutivos de delito en ambos Estados, sin » elementos constitutivos o la calificación del mismo».

Cabe recordar que la decisión del juez alemán va en contra de la propia opinión de la Fiscalía regional, que el pasado martes recomendó extraditar a Puigdemont por malversación de fondos y alta traición. Además, aconsejó mantener en prisión al ex president mientras durase la tramitación de la orden de extradición.

Lo que se denomina ‘alta traición’, es decir, la amenaza a la ruptura de la soberanía nacional y el equivalente en el Código Penal alemán al delito de rebelión, está castigado en Alemania con penas de por vida.

En concreto, la legislación penal de este país recoge un «mínimo de diez años de prisión hasta una condena de por vida» para quien “intente con violencia o por medio de amenaza con violencia perjudicar la existencia de la República Federal alemana o cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de la República Federal de Alemania».

El Código Penal también condena a quien promueva «fines de sabotaje”, es decir, quien realice acciones «por  medio de las cuales se impida o se perturbe la operación de una empresa importante para la defensa del país, la protección de la población civil contra los peligros de la guerra o para la economía en su conjunto».

También «quien metódicamente actúe sobre los miembros del Ejército o de un órgano de seguridad para minar su disponibilidad obligatoria para la protección de la seguridad de la República Federal de Alemania o del orden constitucional y de esta manera se ponga intencionalmente a favor de los empeños contra la existencia o la seguridad de la República Federal de Alemania o contra los principios constitucionales será castigado con pena privativa de la libertad hasta por cinco años o con multa».

Todos esos supuestos encajarían, en principio, con la descripción penal que el Supremo ha hecho de los delitos imputados a los cabecillas del procés. 

Sin embargo, el comunicado del juez consideró que a Puigdemont «se le puede imputar la violencia que tuvo lugar el día de la consulta, pero estos actos violentos no tuvieron la forma, la envergadura y el efecto suficiente como para ejercer tanta presión en el Gobierno y que éste tuviera que capitular frente a las demandas de la persona violenta».

Fuentes gubernamentales ya afirmaron este jueves que “la Justicia española adoptará las medidas más adecuadas ante estas nueva circunstancia para velar por el cumplimiento de las leyes de nuestro país».

Como informó OKDIARIO, el gobierno de Angela Merkel trasladó a Mariano Rajoy su malestar por la decisión del juez alemán. Considera que pone en cuestión la «esencia» de la Unión Europea, fundamentada en la «cooperación» y la «confianza» entre los países miembros.