VOX exige que la Junta se comprometa a devolver la Sanidad y la Educación al Estado

En su primer punto, VOX obliga a una «declaración institucional de la presidencia de la Junta a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público. Y que promueva la libertad e igualdad de todos los españoles». Además, aboga por una «propuesta de reforma estatutaria para suprimir el término ‘realidad nacional’».

Se trata de un ambicioso programa de medidas que mantiene firmes las principales reclamaciones de la formación de Santiago Abascal, incluyendo sus propuestas más polémicas, como en materia de inmigración o de violencia de género. 

Ley de Violencia Doméstica

Así, en este último punto, el partido propone la sustitución de la ley actual por una Ley de Violencia Doméstica «que no prejuzgue el sexo del agresor, respete adecuadamente la presunción de inocencia, no instituya una enorme burocracia “de género” y no facilite la lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo supremacista».

Aboga además, y «especialmente», por suprimir en la nueva regulación el artículo que permite que la condición de víctima de “violencia de género” sea acreditada, no por sentencia judicial» sino por la certificación de servicios sociales o de atención a las víctimas, entre otros órganos.

También quieren derogar los artículos «que ordenan la lluvia de subvenciones a las asociaciones clientelares», como el que dice que «la Administración de la Junta de Andalucía apoyará las iniciativas de las asociaciones de mujeres, y los que prevén un adoctrinamiento permanente sobre “perspectiva de género” a la infancia y la sociedad en su conjunto».

El partido quiere también una «declaración institucional de la presidencia de la Junta de condena al discurso de odio y exclusión que algunos líderes políticos y medios mantienen desde las elecciones del 2 de diciembre contra los votantes y representantes de VOX».

Rebaja del gasto político y de impuestos

Entre sus propuestas, VOX propone una importante «reducción del gasto político y del gasto redundante».

Entre ellas, se recoge una «reducción drástica», del 75 por ciento, «de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronales. Con el horizonte final de lograr su completa eliminación» .

Además, pretenden la supresión de las ayudas a las «asociaciones y ONGs ideológicas (todas aquellas dedicadas a la promoción de determinada visión ideológica) independientemente de su naturaleza comunista, feminista, progresista, liberal o conservadora».

VOX propone la supresión de la ‘Administración paralela’ de la Junta «y todo Instituto o Agencia que no acredite fuera de toda duda su utilidad pública», la supresión de las «embajadas comerciales», «estudiar si existen otras duplicidades con el Estado para su ahorro» y la  «realización de una auditoría externa que fiscalice las subvenciones concedidas en los últimos años».

El partido de Abascal recoge también una rebaja fiscal, que incluye la bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones, una reducción de gravamen al 0,5% en el de Actos Jurídicos Documentados o que el impuesto del Patrimonio sea mantenido solo como «instrumento de control, reduciendo al 0% su tipo impositivo».

Además, propone simplificar y reducir los escalones del tramo autonómico del IRPF, de forma que «el tipo máximo, sumado al del tramo nacional, no deberá superar el 45%».

Expulsión de al menos 52.000 ilegales

En cuanto a la inmigración, VOX pide «colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados». El partido de Abascal considera que la Junta de Andalucía «encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía».

Quieren además «terminar con el efecto llamada», y para ello proponen «suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales» o la «ilegalización de organizaciones que, cooperando con las mafias de tráfico de personas, favorezcan la inmigración ilegal».

En lo relativo a la televisión y radio autonómicas, proponen la «liberalización del régimen de concesión de licencias» de forma que «la regla general debe ser la libertad de frecuencias para quienes cumplan los requisitos técnicos mínimos necesarios».

Sobre Canal Sur, quieren un compromiso de «reducción de costes de al menos el 50%, sin que afecte a los sueldos más bajos», la eliminación de tres de los cuatro canales televisivos, «garantizar su neutralidad política e ideológica» y la «supresión de organismos públicos de control de medios de comunicación, como el Consejo Audiovisual de Andalucía».

Libertad de Educación y «PIN Parental»

El partido quiere blindar también la  libertad de los padres a educar a sus hijos.

Para ello, exponen en el documento, se implantará un ‘PIN parental’ «con el objeto de que los padres puedan excluir a sus hijos de enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones».

Asimismo, quieren garantía de que «los centros de formación no difundirán ninguna ideología que niegue hechos científicos indubitados, con especial atención a la biología».

«Se desistirá del hostigamiento que la Junta ha venido ejerciendo contra los modelos educativos de educación diferenciada, consolidando el derecho de los padres a elegir el modelo educativo. Ampliando la oferta educativa, se estudiará si existe demanda suficiente para la apertura de centros públicos de educación diferenciada», se dice en otro de los puntos.

En el documento exigen también el control del fundamentalismo islámico exigiendo a las autoridades islámicas «una total cooperación para la identificación y expulsión de elementos radicales, vigilando que sus enseñanzas no animen a la violencia, y poniendo especial atención en la protección de la mujer». Además, proponen suprimir las subvenciones a asociaciones islámicas.

Cambio en el Día de Andalucía

VOX pretende también la derogación de la Ley de Memoria Histórica que, opinan, «impone, de forma totalitaria, una versión sesgada de la historia andaluza en el periodo 1931-1982».

«En su defecto, supresión de todos los apartados de la ley que establezcan como indubitadas cuestiones en discusión histórica, afirmaciones puramente ideológicas o que interfieran en la libertad de pensamiento, de expresión, de investigación y de educación», añaden.

El Día de Andalucía pasará del 28 de febrero al 2 de enero, «en conmemoración de la culminación de la Reconquista», dicen en otro punto.

Además, y en otras medidas controvertidas, proponen derogar la ley sobre personas LGTBI ya que, dicen, «los derechos de las personas de orientación homosexual están ya reconocidos en las leyes ordinarias y la Constitución»l

«España no es un país “homófobo” que necesite leyes especiales. La Ley 8/2017 atribuye privilegios injustificados a las asociaciones LGTB, como el derecho a interferir en la educación, a contar con órganos específicos en la Administración y a recibir subvenciones».

También quieren derogar la Ley para la promoción de la igualdad de género, que «interviene totalitariamente en todos los niveles de la sociedad con el pretexto de promocionar a las mujeres, y partiendo de la premisa errónea de que, si no se alcanza una ratio 50/50 en todos los ámbitos, es porque las mujeres han sido discriminadas».

«La igualdad de derechos está garantizada en España desde hace décadas. Es necesaria la supresión del bosque de organismos, comisiones, observatorios, etc., dedicados a la imposición de la “perspectiva de género”, dicen en el documento.