Vaparalo del Supremo a la Abogacía del Estado: no archiva el recurso de PP y Vox contra la elección de Delgado

El Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud de la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez, para archivar los escritos de PP y Vox contra el nombramiento de la ex ministra socialista Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

Así lo ha avanzado en las redes sociales la portavoz adjunta de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona. «El Tribunal Supremo rechaza la petición de la Abogacía del Estado de archivar el recurso de Vox contra la elección de Dolores Delgado como FGE. Dice que el recurso debe continuar hasta dictarse una sentencia. ¡Hay partido! Hay esperanza. Adelante», ha escrito la también secretaria general del grupo y abogada del Estado en excedencia.

Vox presentó en febrero de 2020 ante la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo un recurso contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado subrayando que «no cumple los requisitos de idoneidad ni de imparcialidad que deben regir dicho cargo».

Según el escrito de la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, la fiscal general «ha sido la única ministra del Gobierno que ha sido reprobada tres veces, dos en el Congreso de los Diputados y una en el Senado, todas ellas en el año 2018».

🔴 El Tribunal Supremo rechaza la petición de la Abogacía del Estado de archivar el recurso de @vox_es contra la elección de Dolores Delgado como FGE. Dice que el recurso debe continuar hasta dictarse una Sentencia. ¡Hay partido! Hay esperanza. Adelante. https://t.co/hMrkb1Hcxb

— Macarena Olona (@Macarena_Olona) February 5, 2021

El partido de Santiago Abascal basa su recurso en que el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el nombramiento de Delgado «no puede considerarse válido al no cumplir el trámite preceptivo que imponen el artículo 124.4 de la Constitución Española y el artículo 29.1 de la Ley 50/1981, 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal», ya que «expresamente se ha excluido del juicio de los vocales del Consejo el requisito subjetivo, el atinente a tratarse de una jurista de reconocido prestigio, pues, sobre dicho requisito, pivota el juicio de idoneidad», informó Ep.

Además, Vox solicita la nulidad del acuerdo impugnado por infracción del principio de imparcialidad, contenido en el artículo 124.2 de la Constitución, al considerar que Delgado pasó de ser ministra de Justicia y diputada del PSOE a ser propuesta y nombrada fiscal general.

La vicesecretaria jurídica de Vox fundamentó aquí su argumentación en el voto particular formulado por siete vocales al informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial en relación a este nombramiento. Estos vocales, propuestos por el PP, fueron contundente en su valoración: la designación de Sánchez «no cumple los estándares de imparcialidad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

En este voto particular, donde se recogió la opinión de los vocales Nuria Díaz Abad, José María Macías Castaño, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández Martínez, Gerardo Martínez Tristán, Carmen Llombart Pérez y José Antonio Ballestero Pascual, la posición fue clara: en Europa, la autoridad al frente de la Fiscalía General del Estado debe «presentar la garantía de actuar con independencia». Es decir, no puede quedar expuesta «al riesgo de estar sujeta, directa o indirectamente, a órdenes o instrucciones individuales del poder ejecutivo, como un ministro de Justicia», en el marco de su toma de decisiones, recalcó este voto particular.

«Indiscutible militancia»

Por su parte, el PP solicitó también a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado al dudar de su idoneidad e imparcialidad para dirigir el Ministerio Público debido a la «inequívoca vinculación» con el Gobierno.

Los populares hicieron hincapié en la «indiscutible militancia material/sustancial» de la ex ministra de Justicia en el PSOE, grupo del que Delgado ha sido diputada hasta que dejó el escaño tras ser elegida como fiscal general, defendiendo «los postulados del partido sin matices».

Así, el partido liderado por Pablo Casado considera que el nombramiento de Delgado «rememora» la Ley Orgánica del Estado de 1967 del régimen franquista que otorgaba al fiscal general del Estado la función de «mero órgano de comunicación entre el Gobierno y la Administración de Justicia».

Por ello, el PP calificó a Delgado como la «longa manus» del Gobierno, al entender que el Ejecutivo «ha renunciado a garantizar la independencia del titular de la Jefatura Superior del Ministerio Fiscal» con el fin de «situar al Ministerio Fiscal a su servicio, bajo su dependencia y con plena subordinación, como la Ley Orgánica del Estado, sin ocultamientos».