La UE recuerda a España su condena de los «asesinatos en masa» comunistas que hace rabiar a la izquierda

La Comisión Europea ha recordado, en respuesta a un grupo de eurodiputados españoles, la Resolución del Parlamento Europeo sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa. Un texto aprobado en 2019 muy crítico con los crímenes y atrocidades cometidos por los regímenes totalitarios como el nazismo, pero también el comunismo. Esta resolución, de gran valor simbólico aunque no vinculante, irritó sobremanera a la izquierda, reacios a equiparar las atrocidades del fascismo y el comunismo.

Así se recoge en una respuesta a varios eurodiputados -entre ellos, el fugado Carlos Puigdemont- que pretendían conocer la posición de la Comisión Europea sobre el crítico informe del Consejo General del Poder Judicial en relación a la Ley de «memoria democrática» del Gobierno español.

En dicho informe, el máximo órgano de los jueces criticaba medidas incluidas en la propuesta del Ejecutivo socialcomunista, como el cierre de fundaciones o la prohibición de actos públicos que hagan apología del franquismo ya que, en su consideración, estarían amparados por la «libertad ideológica» siempre y cuando no supusieran humillación de las víctimas. La nueva norma del Gobierno -en tramitación parlamentaria- prevé multas de hasta 150.000 euros por exaltación y también abre la puerta a ilegalizar fundaciones, como la Francisco Franco.

Los eurodiputados -pertenecientes a IU y a partidos independentistas- censuraban que «a día de hoy, decenas de miles de familias buscan aún los cuerpos de sus padres, madres, abuelos y abuelas víctimas de este régimen criminal en cunetas y fosas comunes». Por ello, demandaban a la Comisión que expresase su postura sobre si «la libertad de expresión ampara ideologías totalitarias como el franquismo, el nazismo o el fascismo».

Condena del comunismo

En su respuesta, la Comisión Europea «remite a sus señorías a los puntos tratados en la Resolución del Parlamento Europeo sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa». 

En dicha resolución, de septiembre de 2019, se recuerda que «los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad».

Asimismo, se condena «en los términos más enérgicos los actos de agresión, los crímenes contra la humanidad y las violaciones masivas de los derechos humanos perpetrados por los regímenes comunista, nazi y otros regímenes totalitarios».

Bruselas requiere además a los Estados miembros «que hagan una evaluación clara y basada en principios de los crímenes y los actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas totalitarios y el régimen nazi» y se expresa la «preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes totalitarios en la esfera pública y con fines comerciales». En este contexto, la resolución -que fue ferozmente atacada desde la izquierda por sus alusiones al comunismo- destaca que «varios países europeos han prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas». 

La Comisión Europea llamaba especialmente la atención por el hecho de que en algunos países siguiesen existiendo en espacios públicos «monumentos y lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes totalitarios, lo que facilita la distorsión de los hechos históricos sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la propagación del sistema político totalitario» y condenaba la «distorsión de los hechos históricos» por parte de «las fuerzas extremistas y xenófobas».

Por ello, se instaba a los Estados miembros a prohibir «efectivamente los grupos neofascistas y neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo o cualquier otra forma de totalitarismo, dentro del respeto del ordenamiento jurídico y la jurisdicción nacionales». La resolución es una declaración política y, por tanto, su cumplimiento no es obligatorio.

En la respuesta a los eurodiputados, consultada por OKDIARIO, la UE destaca que «es principalmente competencia de los Estados miembros tratar la cuestión delicada y compleja de abordar los horrores y crímenes perpetrados en el pasado» y que «están obligados a sancionar penalmente la incitación pública a la violencia y al odio contra grupos o personas por su raza, color, religión, ascendencia u origen nacional o étnicos».

La Comisión Europea destaca que «esto incluye la negación, la trivialización flagrante y la apología pública de los crímenes del Holocausto y del nazismo, así como, más en general, los delitos de genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, cuando se cometan de forma que puedan incitar a la violencia o al odio».