La Ley de Memoria Democrática ilegaliza la Fundación Franco pero no la del genocida Largo Caballero

El Consejo de Ministros aprueba la nueva Ley de Memoria Democrática, en virtud de la cual, la Fundación Francisco Franco quedará ilegaliza. Sin embargo, nada prevé sobre la del genocida Largo Caballero.

Esta ley es una de las que más ha defendido el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que más controversia ha generado, una norma ambiciosa que sustituye a la antigua Ley de Memoria Histórica aprobada por el ex presidente socialista José Luis Rodriguez Zapatero en 2007.

La ‘memoria democrática’ fue el caballo de batalla de la ex vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y llega sin ella en el poder. La también ex ministra fue recientemente sustituida en Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática tras la crisis de Gobierno provocada por Sánchez por Félix Bolaños, el que fuera ‘cerebro’ de la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

La nueva Ley de Memoria Democrática pretende ampliar, y mucho, la antigua ley, ya polémica, de Zapatero. Llega con mucha controversia por su persecución a la libertad de expresión de sólo ciertas ideas y pensamientos de cierta ideología. Tanto es así que el PP ya ha anunciado que en cuanto llegue al poder la sustituirá por una Ley de Concordia que reivindique «la Transición y lo mejor de la Historia de España».

La norma se aprueba tras el rechazo de diferentes resoluciones judiciales. En septiembre de 2020, hace 10 meses, el Consejo de Ministros dio su visto bueno, en primera lectura, al anteproyecto de la ley, sometido a dictámenes no vinculantes del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ahora sale adelante tras las modificaciones sumadas al anteproyecto, entre ellas algunas sugeridas por el CGPJ, como las referidas a los requisitos que podrán permitir la disolución de entidades que enaltezcan el franquismo o al dictador, como la Fundación Francisco Franco, o prohibir actos públicos de exaltación del franquismo. En cambio, fundaciones de genocidas como la de Francisco Largo Caballero,  podrán seguir recibiendo suculentas subvenciones.

Francisco Largo Caballero era conocido por el sobrenombre del ‘Lenin español’ por las matanzas que se registraron bajo su mandato en la II República. Si embargo «es nuestro modelo a seguir», ha proclamado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Largo Caballero quería directamente «un soviet para España» tal como consta en los archivos de la época. Afirmó que si «los socialistas son derrotados, irán a la violencia». Pronunció frases como «no creemos en la democracia como valor absoluto, tampoco en la libertad» o «el socialismo exige ahora una dictadura proletaria».

El objetivo de esta ley es la protección y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil (pero solo las del bando nacional, nunca las del bando republicano) pero no llega con unanimidad política. Mientras el PP habla de su derogación cuando gobiernen, Vox directamente ha anunciado que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional. Por el contrario, asociaciones memorialistas opinan que se queda corta y tratarán de influir en los partidos para cambiar algunos de sus términos a través de enmiendas en el Congreso y el Senado.

La ‘memoria democrática’, al detalle

La nueva norma introduce nuevos aspectos en ‘memoria histórica’. Estos son algunos de los más destacados:

• Se perseguirá la apología del franquismo «que se ensalce el golpe de Estado y la dictadura o se enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo»
• Se extinguirán las fundaciones que, como la dedicada al dictador Francisco Franco, ensalcen a dirigentes de la dictadura y lo hagan «con menosprecio a las víctimas» del golpe de estado de 1936, la Guerra Civil o el franquismo
• Anulación de los juicios represivos del franquismo
• Creación de un banco de ADN para facilitar la identificación de los desaparecidos de la dictadura
• Impulso a las exhumaciones de restos de los represaliados
• Transformación del Valle de los Caídos, una vez que Franco ya no está en el mausoleo, en un cementerio civil dedicado a rendir homenaje a las víctimas de los dos bandos de la contienda
• Dotar al Tribunal Supremo de un fiscal de Sala para proteger los derechos de las víctimas
• Impulsar la investigación de los crímenes del franquismo
• Crear un Consejo Territorial de Memoria Democrática
• Culminar la retirada de símbolos franquistas en lugares públicos incorporando un régimen sancionador del que carecía la Ley de Memoria Histórica
• Retirada de honores, medallas y distinciones que hubieran supuesto exaltación de la Guerra Civil o la dictadura, incluidos los títulos nobiliarios
• En el ámbito educativo se incorporará a los contenidos curriculares el conocimiento de la historia y la memoria democráticas, así como la obligación a la administración General del Estado de promover su conocimiento mediante programas divulgativos