El Tribunal de Cuentas denuncia ante los jueces de la UE que la amnistía vulnera el «Estado de Derecho»

El Tribunal de Cuentas considera que existen sólidas evidencias de que la Ley de Amnistía impulsada por Pedro Sánchez al dictado del independentismo catalán supone una vulneración del Supremo «principio del Estado de Derecho», que es contraria al «principio de lucha eficaz y disuasoria contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea», que atenta contra el «principio de cooperación leal» al que están obligados todos los Estados miembros de la UE y que, entre otras consecuencias, conlleva una intolerable «presión externa» sobre los órganos judiciales españoles al imponerles obligaciones que pisotean el elemental derecho constitucional de la «tutela judicial efectiva», sin el que no existe igualdad ante la ley y los tribunales de Justicia.

Son algunos de los aspectos que recoge el auto con el que el Tribunal de Cuentas eleva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la denominada «cuestión de prejudicialidad» sobre la aplicación de la Ley de Amnistía, auto al que ha tenido acceso OKDIARIO. En este caso concreto, el Tribunal de Cuentas lo hace en lo que le afecta directamente. Es decir, en la aplicación o no de dicha amnistía a las responsabilidades económicas que se imputan a 35 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña por haber desviado fondos públicos al servicio del golpe independentista del 1 de octubre de 2017.

Pedro Sánchez pretende que la Ley de Amnistía no sólo borre toda responsabilidad penal de los condenados o procesados por aquel golpe secesionista, sino que también alcance a sus responsabilidades económicas. Es lo que en la jurisdicción del Tribunal de Cuentas se conoce como «juicio por alcance» de fondos públicos.

Entre los 35 encausados por estas responsabilidades contables millonarias figuran el ex presidente fugado Carles Puigdemont (Junts), el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras (ERC), y los ex consejeros catalanes Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Lluís Puig y Antoni Comín. La acusación popular ejercida en la causa por Sociedad Civil Catalana (SCC) les exige en su conjunto –cada uno con diverso grado de cuantías– 5.309.807 euros; la Fiscalía, 3.429.343 euros. En un primer momento, la instrucción previa al juicio oral realizada por el Tribunal de Cuentas había cifrado los fondos desviados en 9,5 millones de euros.

Vulnera el Estado de derecho

El sanchismo y sus socios exigen que se aplique la Ley de Amnistía también a estas responsabilidades económicas. Que se borre por completo la causa que está abierta y pendiente de sentencia. La amnistía llegó antes de que el Tribunal de Cuentas dictara sentencia al respecto. Los encausados exigen que se les aplique la Ley de Amnistía, pero la juez que lleva el caso en el Tribunal de Cuentas –cargo que en esta jurisdicción se denomina oficialmente consejera de Cuentas–, Elena Hernáez Salguero, considera que no puede aplicarse sin más. Como otros juristas, entiende que amnistiar las responsabilidades contables choca con principios esenciales del Estado de derecho. De ahí que, antes de decidir al respecto, lo haya planteado al TJUE. Y lo ha hecho con un auto de 56 páginas en el que, con exhaustivo detalle, desgrana esos principios que a su juicio se verían vulnerados, no sólo en el marco del Estado de Derecho español sino en el de la UE al que se debe España.

El contundente auto, por extensión, plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la propia legalidad de la Ley de Amnistía. No sólo en el plano de la responsabilidad económica de los encausados. Y es que algunos de los principios alegados en el auto, además de afectar a la causa contable que dirime el Tribunal de Cuentas, alcanza a la Ley de Amnistía en su conjunto.

Incumple el derecho de la UE

Elena Hernáez sustenta su argumentación en nutrida jurisprudencia del TJUE y en el tenor literal de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que entiende vulnerada por la Ley de Amnistía promovida por Sánchez para garantizarse su continuidad en la Moncloa con el apoyo de los independentistas catalanes.

Entre otros aspectos, Elena Hernáez destaca que lo dispuesto en la Ley de Amnistía es «contrario al derecho al proceso justo, a la tutela judicial efectiva y al principio de igualdad de las partes», porque pretende obligar que el «archivo del procedimiento contable (…) se tenga que decidir por esta consejera de Cuentas sin audiencia ni defensa de la entidad codemandante SCC».

Hernáez Salguero, que recuerda que como consejera de Cuentas es «juez europeo». Así, advierte que la Ley de Amnistía «únicamente prevé el dictado de una resolución absolutoria y unívoca, sin dejar ningún margen a esta consejera de cuentas -a su vez «juez europeo»- para ejercitar su función de enjuiciamiento ponderando las alegaciones y pruebas».

Ampara el fraude

En su auto, destaca igualmente que la amnistía resultaría incompatible con el «principio de lucha eficaz y disuasoria contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea», así como con el «principio de cooperación leal», preceptos ambos que obligan a todos los Estados miembro de la UE, porque así lo dispone la legislación comunitaria y así se deriva de la propia Carta de Derechos Fundamentales de la Unión.

Además, apelando a la propia jurisdicción del TJUE, este auto del Tribunal de Cuentas concluye que «las presuntas responsabilidades contables reclamadas» a los 35 encausados «implican una afectación a los intereses financieros de la UE» en los términos que marca la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo. Recuerda los distintos pronunciamientos de los jueces europeos en los que se destaca que esa «afectación a los intereses financieros de la UE» se produce al margen de que esté probado que el dinero desviado proceda directamente de fondos europeos.

Otro de los principios que el Tribunal de Cuentas considera que quedaría vulnerado por la aplicación de la amnistía es el de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la acción de la Justicia, porque exonerar a quienes desviaron fondos públicos para financiar el golpe independentista generaría «situaciones discriminatorias o de desigualdad» respecto a otros condenados por esta jurisdicción.