El Supremo también tumba la segunda maniobra de Valerio para mantenerse al frente del Consejo de Estado

El Gobierno y Magdalena Valerio siguen cosechando varapalos en el Tribunal Supremo a cuenta de la designación del improcedente nombramiento de la ex ministra como presidenta del Consejo de Estado. A la sentencia que anuló el nombramiento, por irregular, se añaden ahora otros dos pronunciamientos del Supremo contra sendas intentonas del Gobierno y de Valerio para esquivar la demoledora sentencia.

Sánchez recolocó a Magdalena Valerio en ese preciado destino, la presidencia del Consejo de Estado, saltándose uno de los requisitos de solvencia profesional que exige la normativa. Entre esos requisitos, uno de los más flagrantes es el que indica sólo pueden ocupar ese puesto quienes sean juristas de reconocido prestigio. El Supremo destapó que ese nombramiento fue, en realidad, un amaño. Constató que Magdalena Valerio no puede ser considerada una jurista de reconocido prestigio, porque nada hay en su currículum profesional que avale tal consideración. Y, por tanto, nunca pudo ser nombrada al frente del Consejo de Estado.

Valerio intentó esquivar la sentencia del Supremo con la interposición de un incidente de nulidad que, según ha podido saber OKDIARIO, ha sido tumbado por providencia. Y, por su parte, el Gobierno ha contestado la sentencia a través de otro incidente de nulidad interpuesto por la Abogacía del Estado, que también va a ser tumbado antes de que acabe el mes, según han indicado a este periódico fuentes relacionadas con esta causa.

El balance, por tanto, es rotundo: el nombramiento fue improcedente y, por ende, queda anulado; y los intentos tanto de la beneficiada como de su valedor, el Gobierno, son tumbados por el Tribunal Supremo. Tres varapalos seguidos.

Agotada la instancia del Supremo, al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a Valerio sólo les queda la opción de plegarse a la sentencia o acudir al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo. Acatar la sentencia supondría que Magdalena Valerio tendría que abandonar de inmediato la presidencia del Consejo de Estado, que es el «supremo órgano consultivo del Gobierno», según indica la Constitución Española.

La estrategia

Tanto el Ejecutivo como Magdalena Valerio se resisten a aceptar la evidencia constatada por los magistrados del Supremo: que el nombramiento se saltó flagrantemente uno de los requisitos esenciales de acceso al cargo. De momento, han optado por alargar el proceso. Y, cuanto más se alargue, más tiempo seguirá la ex ministra en ese sillón, que es uno de los mejor pagados de entre las altas instancias del Estado: la retribución de la presidencia del Consejo de Estado ronda los 90.000 euros anuales.

En el marco de esa estrategia dilatoria del Gobierno y Valerio para esquivar el cumplimiento de la sentencia que anula el nombramiento, el primer paso lo dio el Ejecutivo a través de la Abogacía del Estado. Le ordenó que presentara un incidente de nulidad en el que sostenía que el Supremo vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva, al admitir que una fundación impugnara la designación. Sin embargo, tal y como adelantó este periódico en diciembre, la Sala tumbará esta queja.

Días más tarde de la petición del abogado del Estado, Magdalena Valerio presentó un segundo incidente de nulidad a titulo personal contra el fallo. Fuentes solventes señalan que esta maniobra se ha rechazado por providencia, aunque explican que le servirá a la ex ministra para recurrir en amparo ante el Constitucional, algo que sin el fallo de los jueces no hubiera podido hacer, por no estar habilitada para ello, ya que la sentencia se dictó contra una decisión del Consejo de Ministros. Sendos incidentes dilatarán los tiempos para acatar la sentencia. De esa forma, la socialista ganará unos meses más en el despacho de la presidencia del Consejo de Estado.

Defensa en el Supremo

Fuentes consultadas explican que el Tribunal Supremo ofreció a Magdalena Valerio defenderse ante el recurso que señalaba que su nombramiento no era conforme a derecho. Las mencionadas voces explican que no se presentó alegando que pensaba que no iba a prosperar. Ocurrió todo lo contrario.

Acudió a su rescate también la Abogacía del Estado que, en las alegaciones previas, pidió la inadmisión del recurso por falta de legitimación activa de la Fundación Hay Derecho, que fue la que interpuso el recurso contra el nombramiento de Valerio. Los jueces de la Sala descartaron este argumento examinando la jurisprudencia y esgrimieron lo siguiente: «Nos encontramos con una fundación surgida autónomamente, que lleva constituida varios años, durante los cuales viene desarrollando regularmente su actividad en pro del Estado de Derecho en diversos campos».

Su dimisión

La Ley Orgánica del Consejo de Estado explica que, para ostentar la presidencia de la institución, se debe tener conocimiento experto de los asuntos de Estado —algo que Magdalena Valerio tiene— pero también es necesario ser una jurista de reconocido prestigio, un requisito que no cumple según los jueces. Por ello, el fallo sentencia que debe abandonar el cargo al no cumplir con uno de los criterios de idoneidad. Fuentes del Consejo de Estado señalan que es muy querida dentro de la institución y que durante la copa de Navidad se despidió de sus compañeros.

Fuentes oficiales del Consejo de Estado explican que, al ser nombrada por el Consejo de Ministros, es el órgano colegiado el que tiene la competencia para cesarla. Por el momento, el Ejecutivo no ha tomado cartas en el asunto y está a la espera de que se resuelvan los incidentes de nulidad que tumbará el Supremo. Tampoco la ex ministra socialista ha presentado su dimisión voluntaria en cumplimiento de lo acordado en la sentencia.

Contra el fallo

El Gobierno también ha rechazado públicamente la decisión judicial. «Respetamos la sentencia del Tribunal Supremo, pero no la compartimos, porque creemos que no se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son exclusivamente competencia del Gobierno de España, como es nombrar a la presidencia del Consejo de Estado», argumentó el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Valerio sustituyó en el cargo a María Teresa Fernández de la Vega tras una carrera funcionarial meritoria. Magdalena ha sido concejala en Guadalajara, consejera autonómica, diputada en las Cortes o ministra de Trabajo, entre otros cargos políticos. «Tiene una trayectoria muy buena políticamente, pasará a la historia de España, pero cumplir con el requisito de ser una jurista de reconocido prestigio es una cosa distinta», zanjan fuentes jurídicas.