El Supremo tumbará la maniobra del Gobierno para mantener el dedazo de Valerio en el Consejo de Estado

El Tribunal Supremo tumbará el incidente de nulidad que presentó el Gobierno ante el Alto Tribunal para mantener el nombramiento de la ex ministra socialista Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado. Según fuentes consultadas por este periódico, el Supremo no aceptará la petición de la Abogacía del Estado, en la que solicitaba dejar sin efecto la sentencia que anuló su nombramiento como presidenta del organismo. La sentencia es firme y el Consejo de Ministros debe destituir a Magdalena Valerio en un plazo de 60 días. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está utilizando todas las armas a su disposición para mantenerla en el cargo, al menos unos meses más.

Hace un año, la fundación sin ánimo de lucro Hay Derecho recurrió ante el Tribunal Supremo el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del máximo órgano consultivo del Gobierno. Hay Derecho apoyó su recurso en la Ley Orgánica del Consejo del Estado, que establece que para presidir el organismo hay que ser un «jurista de reconocido prestigio», entre otros requisitos.

El recurso fue admitido a trámite y el Supremo sentenció el pasado 30 de noviembre que Valerio no cumplía con este requisito. Los magistrados explicaron que una «carrera funcionarial meritoria» no es suficiente para considerarla jurista «de reconocido prestigio», algo que «solamente se gana con el tiempo, con una práctica prolongada gracias a la cual se mantiene y acrecienta el crédito obtenido». Además, fuentes consultadas señalan que la ex ministra sólo cuenta con una licenciatura, una formación escasa en comparación con sus predecesores en el Consejo de Estado, que contaban con estudios superiores más amplios.

La decisión judicial ha sentado como un jarro de agua fría en el Ejecutivo, que ha tratado de anular esta sentencia presentando un incidente de nulidad a través de la Abogacía del Estado. El mencionado incidente es una acción excepcional -fundamentada en la vulneración de derechos fundamentales durante el procedimiento judicial- que rara vez prospera. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que en el caso de Magdalena Valerio no tendrá recorrido, ya que la Sala no considera que haya existido dicha vulneración de derechos.

Amparo al Constitucional

El Consejo de Ministros sí podrá recurrir en amparo al Tribunal Constitucional (TC) si el incidente de nulidad no prospera. De hecho, la nulidad presentada por la Abogacía del Estado es el paso previo para acudir al TC. La ley establece que para presentar un recurso de amparo primero se debe agotar la vía judicial previa.

Fuentes consultadas aseguran que en caso de que el Gobierno presente un recurso de amparo ante el Constitucional serán seis magistrados los que decidan si se debe admitir. Además, el Ejecutivo tendrá que justificar la especial trascendencia constitucional.

El Gobierno aún no se ha pronunciado sobre esta posibilidad, pero el objetivo es intentar que Magdalena Valerio continúe en el cargo a pesar del fallo del Supremo. Además, fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que esta maniobra facilita ganar tiempo antes de acometer la destitución y encontrar a un sustituto que ocupe la presidencia en el Consejo de Estado. 

Apoyo a Magdalena Valerio

La decisión judicial de anular el nombramiento de Magdalena Valerio suscitó numerosas críticas dentro del Gobierno. «Es la primera vez en la historia que la Justicia invalida un nombramiento realizado por el Gobierno, además a petición de una denuncia de una institución privada. Lo reitero, máximo respeto, pero esto tampoco es un ejemplo de la separación de poderes», dijo la ministra portavoz, Pilar Alegría. 

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, también se sumó al argumentario: «Respetamos la sentencia pero no la compartimos, no se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son competencia exclusiva del Gobierno de España».

Sin embargo, el Poder Judicial tiene entre sus competencias la de controlar la legalidad de los actos administrativos del Ejecutivo. Uno de estos actos son los nombramientos que deben cumplir con los requisitos previstos en la ley. En el caso de Magdalena Valerio, los magistrados consideran que no los cumple y han tumbado su nombramiento, mientras el Ejecutivo busca resquicios jurídicos para esquivar la sentencia del Supremo.