El Supremo sienta en el banquillo a García Ortiz y le exige una fianza de 150.000 € bajo amenaza de embargo

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha abierto juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos para perjudicar políticamente a Isabel Díaz Ayuso. La decisión se fundamenta en la filtración del contenido confidencial de un correo electrónico relacionado con el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El instructor de la Sala Segunda ha determinado que existen indicios suficientes para proceder contra García Ortiz. Según el auto, el fiscal general habría revelado «secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo» como «presumible autor de un delito previsto y penado en el Código Penal».

La investigación se centra en la filtración a un medio de comunicación del correo que el abogado de Alberto González Amador envió el 2 de febrero de 2024 al fiscal del caso. Este documento contenía «información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano» que había sido aportada en el contexto de conversaciones privadas sujetas a confidencialidad.

Por otra parte, Hurtado ha desestimado la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de suspender cautelarmente las funciones de García Ortiz. La decisión se basa en la existencia de «un vacío legal» respecto a la suspensión del fiscal general del Estado, que no está contemplada en la regulación administrativa aplicable al resto de miembros de la carrera fiscal.

«Hay, pues, un vacío legal sobre este particular, vacío que no debe servir para dar el salto de sacar la suspensión del único procedimiento contemplado», señala el instructor en su resolución. No obstante, ha remitido el auto a la Inspección Fiscal para que resuelva lo que proceda.

En cuanto a las medidas cautelares reales, el magistrado ha fijado una fianza de 150.000 euros para García Ortiz. Esta cantidad deberá prestarse en un plazo de cinco días para «hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar», con apercibimiento de embargo de bienes en caso de incumplimiento.

La resolución judicial destaca que la filtración del correo electrónico «pone en cuestión el prestigio de la institución» y comporta «un menoscabo» en el cumplimiento de la función constitucional encomendada al Ministerio Fiscal. El instructor subraya que esta actuación compromete principios fundamentales como la legalidad y la imparcialidad, además de tener «efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado».

El caso se enmarca en las investigaciones relacionadas con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La controversia surgió cuando se hizo público el contenido de comunicaciones privadas entre su abogado y la Fiscalía, que debían mantenerse bajo reserva según el protocolo suscrito entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía.

El magistrado considera «excesiva» la cantidad de 300.000 euros solicitada inicialmente por la acusación particular como indemnización por perjuicios morales. Sin embargo, tuvo en cuenta «el alcance de otras responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse, como costas o la multa contemplada para el delito de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal».

La Sala de lo Penal ha sido designada como órgano competente para juzgar los hechos. García Ortiz dispone de un plazo de diez días para presentar su escrito de defensa frente a las acusaciones ya formuladas.

El instructor enfatiza que García Ortiz dio «una publicidad que no debió alcanzar» a información confidencial que conoció «por razón de su cargo como Fiscal», sacándola del «ámbito de reserva para el que fue concebida».

La decisión judicial culmina una investigación que ha generado gran expectación en el ámbito jurídico y político. Este proceso judicial, que promete ser dilatado y complejo, pondrá a prueba la independencia del sistema judicial español y marcará un precedente inédito en la historia reciente de la Fiscalía General del Estado.