Sólo algunos socialistas como Bolaños, Armengol, Calvo y Gabilondo aplauden al fiscal general procesado

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sólo ha encontrado un apoyo tibio entre las filas socialistas durante su intervención en la apertura del año judicial celebrada este viernes en el Tribunal Supremo. Únicamente algunos dirigentes del PSOE como Félix Bolaños, Francina Armengol, Carmen Calvo y Ángel Gabilondo han mostrado su respaldo público al titular del Ministerio Público, quien se encuentra a un paso de ser juzgado por la presunta revelación de secretos.

A pesar de que se trata de un acto solemne en el que no están contemplados los aplausos miembros del PSOE sí han aplaudido a García Ortiz. Junto al ministro de Justicia –que se encontraba junto al Rey Felipe VI en la tribuna–, la presidenta del Congreso, la presidenta del Consejo de Estado o el defensor del pueblo, también se han unido la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano –que se presentó a las elecciones bajo las siglas socialistas– o el delegado del Gobierno en Madrid, el imputado Francisco Martín.

También vocales del CGPJ del ala afín al Gobierno como Inés Herrero se han sumado a los aplausos. Entre los magistrados se han visto caras muy serias ante García Ortiz. La teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde –número dos de García Ortiz–, ha aprovechado el final del discurso para beber agua de una botella de plástico y así no ha tenido que aplaudir.

García Ortiz ha reivindicado su estatus durante el acto solemne celebrado en el Salón de Plenos del Supremo. Ha reconocido las «singulares circunstancias» de su intervención debido a su «situación procesal».

El fiscal general ha defendido su presencia en el acto. «Si estoy aquí, como fiscal general del Estado, es porque creo en la Justicia y en las instituciones que la conforman», ha declarado durante su discurso.

Resistencia interna

Las asociaciones de fiscales APM, AF y APIF le han instado previamente a que no acudiese al evento. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial  del ala derecha también han cuestionado la conveniencia de su participación.

El mundo judicial había sopesado alguna muestra pública de rechazo. Finalmente se ha descartado cualquier boicot por respeto al Rey Felipe VI, aunque la tensión ha sido palpable durante la ceremonia.

García Ortiz ha hecho «un humilde llamamiento» para «reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía española». Ha calificado la institución como «sólida, confiable» y ha avisado de que «no sucumbe ante los embates o ataques de los delincuentes».

Durante su intervención, García Ortiz ha celebrado «las iniciativas y proyectos legislativos desplegados para fortalecer y modernizar la justicia española». Ha defendido especialmente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata de guiños al Gobierno de Pedro Sánchez.

«Para quienes buscan excusas o se resisten al cambio nunca habrá un momento adecuado», ha manifestado. Ha añadido que se «escudarán en circunstancias puntuales o contingentes». El fiscal general ha reconocido la necesidad de «restringir el poder del fiscal general del Estado, si se considera pertinente».

La reforma propuesta pretende transferir las investigaciones penales desde los jueces de instrucción hacia los fiscales. Esta iniciativa en estas circunstancias ha generado un rechazo mayoritario entre jueces y fiscales.

García Ortiz ha defendido que la Fiscalía «lejos de ser una caricatura sumisa al poder establecido» es «la mejor salvaguardia para la ciudadanía». Ha insistido en que dirigirán «la investigación criminal, si el legislador así lo decide, sometidos al control de garantías del Poder Judicial».

El año judicial arranca así con la máxima tensión política y jurídica de los últimos años. García Ortiz mantiene su cargo pese a las presiones, pero su credibilidad ha quedado seriamente cuestionada. La encrucijada institucional atraviesa a la Fiscalía General del Estado.