Los socios de Sánchez le presionan para desclasificar el 11-M en 2029 y no en 2054 como propone el PSOE

El PNV llevará al Congreso de los Diputados este martes su proyecto de reforma de la Ley de Secretos Oficiales, en vigor desde 1968. El PSOE fracasó en la pasada legislatura en su intento por aprobar su propio texto de la ley, lo que han aprovechado los nacionalistas vascos -con apoyo de otros socios de Pedro Sánchez- para impulsar su propia reforma. En ella, el plazo máximo para la desclasificación de documentos será de 25 años, en lugar de los 50 que preveía la ley socialista. En la práctica, supondría desclasificar de forma inmediata algunos de los secretos oficiales más polémicos, como los archivos del 23-F. Y adelantaría la revelación de otros sucesos más recientes, como los atentados yihadistas del 11-M (2004), cuyos archivos serían liberados en 2029 -en lugar de 2054 como proponía el PSOE-.

Esta semana, el Congreso acogerá un nuevo hito en el proceso de reforma de esta ley, con la presentación del texto propuesto por el PNV y que cuenta con la simpatía de socios del Gobierno como EH Bildu, ERC o el BNG. El PNV busca así tomar la delantera al Ejecutivo, a pocas semanas de las elecciones autonómicas vascas.

En síntesis, el texto del PNV es el mismo que presentó hace 8 años, pero sin la fuerza que le da al proyecto tener el respaldo de escaños clave para sostener a Sánchez en Moncloa. Aquella propuesta llegó a ser tomada en consideración por el Pleno la pasada legislatura, pero que quedó enterrada en decenas de prórrogas de enmiendas porque el Gobierno de coalición decía que iba a presentar su propia reforma.

Al final de la pasada legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez presentó su propio proyecto de Ley de Información Clasificada, que fue considerado insuficiente por los nacionalistas y por partidos de izquierda y que, en todo caso, tampoco pudo salir adelante por la disolución de las Cortes.

Secretos en 25 años

La propuesta del PNV es que cualquier clasificación de una materia nunca pueda superar los 25 años. Eso para las clasificadas como secretas, el nivel más alto de protección –actualmente en 60 años–. El PSOE, en su propuesta pasada, proponía que fuesen 50 años. En el caso de las materias reservadas, ese plazo máximo quedaría en 10 años.

Pasado ese plazo de 25 años, el Gobierno estaría obligado a tomar una decisión: o bien desclasificar de forma inmediata la materia o bien prorrogar el secreto durante 10 años más. Una sola prórroga. Y en caso de hacerlo, el Consejo de Ministros debería mojarse con una exposición razonada del motivo por el que decreta esa prórroga.

Entre los principales secretos oficiales con enorme carga política están los referentes al golpe de estado del 23-F de 1981. Si la propuesta del PNV saliese adelante, su desclasificación sería inmediata. Y si el Gobierno quisiese prorrogar esa desclasificación, tendría que hacerlo enfrentándose a sus socios y denegándoles el acceso a esos archivos tan reclamados.

Con el modelo del PNV, por ejemplo, también se obligaría al Gobierno a desclasificar toda la información referente a los atentados del 11-M. Debería hacerlo en tal caso en el horizonte de 2029, justo cuando se cumplan 25 años de los atentados, y no en 2054, como proponía el texto del PSOE en la anterior legislatura.

Los plazos del PSOE

El PSOE buscaba con su reforma blindar los secretos oficiales. En concreto, fijando para la de alto secreto un plazo de 50 años, prorrogable otros 15; la secreta lo será por 40, más diez de prórroga; la confidencial entre siete y diez años, y la restringida entre cuatro y seis. Cumplidos los plazos máximos, tendrá que ser automáticamente desclasificada, si bien los plazos inicialmente fijados podrán ser revisados por la autoridad que en su día clasificó la información, si considera que se puede publicar antes.

«No existe la posibilidad de que algo esté clasificado de por vida», resumía el ministro Bolaños, que tildaba de «razonables» sus plazos. Sin embargo, esas pautas no sólo fueron criticadas por el PNV y otros partidos de la oposición, sino por el entonces socio del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, que ya prometía enmiendas para modificarlo.