El Sindicato Unificado de Policías exige formación «para combatir yihadistas» fuera de control

La  desprotección que atraviesan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para hacer frente al terrorismo, ha hecho ponerse en pie de guerra al Sindicato Unificado de Policías (SUP), que denuncia la situación de precariedad y abandono que sufren por parte de la Dirección General de Policía. El portavoz de SUP, Jacobo Rodríguez, alerta a OKDIARIO que los agentes no están recibiendo formación específica que les permita reaccionar de forma rápida y efectiva en situaciones de riesgo, como la formación AMOK, que «es fundamental para combatir el yihadismo».

Los incidentes AMOK ( conocidos como ‘fuera de control’) incluyen cualquier situación violenta en la que el agresor emplea cualquier medio para atacar a una población o a un colectivo, independientemente de la motivación. Por ejemplo, cuando «una persona está matando de forma indiscriminada», explica Rodríguez a OKDIARIO. Unos trágicos incidentes que están proliferando en los últimos años en Europa, y con mayor intensidad tras los atentados terroristas de Hamás a Israel.

En España, desde 2019, la Dirección General de la Policía «ha dejado de impartir estos cursos», explica el portavoz, «no sabemos el porqué». «Puesto que los agentes de seguridad ciudadana son los primeros que van a tener que acudir al lugar para resolver la situación», reflexiona, y requieren «de una actuación rápida y efectiva para frenar y neutralizar el ataque».

Rodríguez alerta que «ante la amenaza del yihadismo en Europa, es primordial retomar este tipo de cursos y proporcionar los medios adecuados».

Unas reivindicaciones que contrastan con las declaraciones también de este miércoles, del Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha asegurado que ante la situación del terrorismo yihadista, «estamos a la vanguardia de la seguridad y la lucha antiterrorista a nivel mundial», en su visita a Almendralejo para inaugurar unas nuevas instalaciones de la Policía Nacional.

«La situación de desprotección que tenemos a nivel institucional es multinivel», denuncia el portavoz del SUP. El sindicato demanda condiciones adecuadas «para poder dar un buen servicio y proteger a la ciudadanía».

Escudos balísticos

Además de formación específica, SUP reclama medios para enfrentarse a tales arriesgados desafíos, como estar dotados de escudos balísticos en todos los radiopatrullas. «Necesitamos que soporten impactos de bala, como los que utilizan los yihadistas, tal y como hemos visto en Bruselas, que son calibres 7,62», detalla. «Esto son armas de guerra, por ello, es fundamental que los agentes tengan este tipo de escudos para poder hacer frente a una amenaza de esta naturaleza».

Ante tal impasibilidad por parte de las autoridades, el portavoz se pregunta «si la Dirección General de Policía quiere que impere la ley o el delito», dado que «el servicio que se da vive única y exclusivamente de la vocación y el buen hacer de los compañeros, que hago extensivo a la Guardia Civil y a todas las policías locales», que «deciden salir a la calle y jugarse la vida en unas condiciones donde no hay apoyo institucional».

Pistolas Táser

La precariedad a la que está expuesto el colectivo, conduce a que, en muchas ocasiones, sean los propios policías «los que paguen de su propio bolsillo la formación, los chalecos, la actualización en nuevas leyes, etc.», relata.

En 2000, este sindicato exigió la dotación individual de chalecos antibalas para los agentes, que no llegó a ser efectivos hasta 2014. «Es un auténtico despropósito porque el reparto todavía es incompleto», denuncia.

Sucede lo mismo con las pistolas Táser, «una herramienta necesaria que todo policía debería tener». Esta es otra reivindicación más de SUP, que exige desde 2019. Rodríguez explica que estas pistolas ayudan a «resolver muchísimos incidentes en situaciones con sujetos que portan determinadas armas, como cuchillos, evitando utilizar otro medio mucho más lesivo como es el arma de fuego».

Aumento de atentados

Pese a los atentados que sufren los agentes, este colectivo no está considerado como «profesión de riesgo». La gota que colmó el vaso para reivindicar la solicitud de su declaración inmediata para la Policía Nacional, fue la situación padecida el pasado domingo en Zaragoza, cuando un policía sufrió una tentativa de homicidio mientras auxiliaba a una víctima de violencia familiar, en el que agresor intentó asestar al agente varias puñaladas con un arma blanca.

Rodríguez explica a OKDIARIO que, en el último año, los atentados a los agentes de la autoridad han aumentado más de un 35%, «una cifra absolutamente desproporcionada». Pese a ello, el colectivo no está considerado como una profesión de riesgo, lo que permitiría que ante una retirada del servicio por pérdida psicofísica, tuviera una garantía de vida con una jubilación digna.

«Nosotros hemos sido la lacra del terrorismo. El colectivo más azotado somos nosotros, la policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas», explica.

Hay que tener en cuenta que este tipo de delitos no consta de manera desglosada en los Índices de Criminalidad que proporciona el Ministerio del Interior. Para encontrar la estadística, hay que consultar la Memoria de la Fiscalía.

«Solo en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía llevamos una media de 12.000 atentados en todo el territorio nacional, sin contar a la Guardia Civil ni el resto de fuerzas de seguridad», informa.

Este sindicato argumenta que la causa del aumento de la violencia hacia los cuerpos de seguridad responde «a la pérdida del principio de autoridad». SUP reivindica un «marco jurídico que evite que las personas se vean incentivadas a pegarle a un policía». «En muchas ocasiones, la pena se conmuta por una multa, de entre 50 y 200 euros», denuncia.

«A nivel jurídico, los policías nos encontramos con calvarios judiciales, muchas veces por hacer nuestro trabajo y cumplir con nuestro deber, utilizando el uso correspondiente de la fuerza», denuncia.

Cámaras unipersonales

Para ello, SUP solicita que los cuerpos estén dotados de cámaras unipersonales de grabación, que tienen como fin «aportar una prueba videográfica inatacable». «De esta manera, damos seguridad jurídica al ciudadano que interactúa con la policía y nosotros también estamos más seguros, porque, en muchas ocasiones, hemos sufrido la difamación del buen hacer de la policía, que nos interponen denuncias falsas o nos recriminan que hemos realizado un uso excesivo de la fuerza».

Respecto a las cámaras de seguridad en las calles, el portavoz considera que «es algo que hay que estudiar en todo caso el legislador, que es quien le compete, determinar la compatibilidad entre la libertad de los individuos».