Los servicios jurídicos de la Eurocámara niegan que Puigdemont obtenga la inmunidad si es elegido

«Un candidato con una orden de detención nacional en España puede ser candidato (…) Su presencia en Madrid es necesaria para jurar o prometer la Constitución española y ser incluido en la lista de diputados que las autoridades españolas comunicarán al Parlamento Europeo», dice un análisis al que ha tenido acceso Efe y que han realizado los juristas del Parlamento Europeo a petición del presidente, Antonio Tajani.

Puigdemont había alegado que si dispone del acta dispondría de inmunidad en toda la UE, con lo cual volvería a Cataluña “salvo que el Estado se arriesgue a que le apliquen el artículo de expulsión de la UE” por vulnerar la legislación comunitaria.

Esa intención, en cambio, podría tener escasas expectativas de éxito. Para empezar, por la propia regulación de la inmunidad en la Eurocámara: “La inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal de los diputados, sino que garantiza que un diputado pueda ejercer libremente su mandato sin ser objeto de persecución política arbitraria”, se dice en su reglamento. Es decir, afecta al parlamentario en tanto “garantía de la independencia e integridad” de la institución, pero por actividades cometidas durante su mandato como eurodiputado.

En concreto, la inmunidad en Europa se refiere a que “los diputados al Parlamento Europeo no pueden ser investigados, detenidos ni procesados por las opiniones expresadas o los votos por ellos emitidos en calidad de diputados al Parlamento Europeo”. En ese caso, no podrían ser detenidos en su territorio nacional, ni procesados.

Sin embargo, se añade: “La inmunidad no puede invocarse en caso de que un diputado haya cometido un delito o las autoridades judiciales competentes alberguen sospechas al respecto”. 

Existen precedentes en el Parlamento europeo de pérdida de inmunidad. Fue el caso, por ejemplo, de la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, a quien se le retiró en 2017 por haber colgado en Twitter imágenes del Estado Islámico de extrema violencia. Entre ellas, la de la decapitación del periodista estadounidense James Foley. La Eurocámara le retiró esta prerrogativa tras solicitarlo las autoridades francesas, que habían abierto una investigación contra ella por la publicación de imágenes violentas.