Los separatistas señalan y Sánchez purga a las 3 personas clave en la acusación del 1-O

Para el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez las exigencias de los separatistas catalanes son más fuertes que el mérito profesional y el cumplimiento de la ley. Ninguna de las tres principales figuras que defendieron al Estado español frente a los golpistas desde sus diferentes puestos al frente de la Abogacía del Estado, la Fiscalía y el Ministerio de Hacienda continúa ya en el cargo que ocupaban durante el desafío independentista del aciago otoño de 2017 en Cataluña.

El jefe de los letrados públicos en asuntos penales, Edmundo Bal; la Fiscal General del Estado, María José Segarra; y, la abogada del Estado en Hacienda que acreditó la malversación de los líderes del ‘procés’ para la celebración del referendum ilegal del 1-O, Carmen Tejera, han sido fulminados de sus responsabilidades bajo la presidencia de Sánchez.

Edmundo Bal 

El jefe de Penal de la Abogacía del Estado durante el juicio contra los artífices del 1-O, Edmundo Bal, fue cesado oficialmente por una «pérdida de confianza» en su labor. En 2018, el Gobierno decidía destituirle para situarlo en el área de lo contencioso-administrativo de los letrados públicos, en la que se pueden imponer multas pero no pedir prisión.

Bal accedió en 2002 al puesto de abogado del Estado-jefe del Departamento de Penal, donde fue responsable de durísimos escritos de acusación como los del caso Gürtel, donde sus peticiones de condena fueron más severas que las de la Fiscalía Anticorrupción.

Sin embargo, la abogada general del Estado, Consuelo Castro, fulminaba a Edmundo Bal como jefe del departamento Penal y responsable de dirigir la acusación pública en la causa contra Oriol Junqueras y el resto de los golpistas de la Generalitat, por una evidente diferencia de criterios respecto al juicio del ‘procés’.

Mientras Edmundo Bal era partidario de seguir la línea marcada por la Fiscalía y acusar a los golpistas de la Generalitat como autores de un delito de rebelión, la abogada general del Estado Consuelo Castro impuso un cambio de criterio, orientado desde el Ministerio de Justicia en manos de Dolores Delgado, para acusar a los procesados sólo por sedición y malversación. Una tesis que se tradujo en una sensible rebaja de las penas para los golpistas.

La negativa de Edmundo Bal a firmar y defender el planteamiento del Gobierno, le costó el puesto.

María José Segarra

La predecesora de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, María José Segarra, era el objetivo definido por Podemos y ERC el pasado mes de noviembre, en plena conformación del Gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias, para aumentar el control del Ejecutivo sobre una de las instituciones clave en la defensa de la legalidad del Estado.

Los republicanos catalanes, con el apoyo de la formación de Pablo Iglesias, pedían castigar a la fiscal general del Estado durante el juicio del ‘procés’. Si bien la titular del Ministerio Público no actuó directamente durante la causa celebrada en el Tribunal Supremo, sí respaldó permanentemente a los cuatro fiscales -Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno- que durante todo el proceso judicial mantuvieron la acusación a los golpistas por el delito de rebelión.

Sánchez accedía a apartar a Segarra del cargo, para sustituirla en una designación polémica por la ex ministra de Justicia Dolores Delgado, a instancias de Podemos. Los de Pablo Iglesias querían contentar a los separatistas y provocar un cambio de criterio en la Fiscalía del Estado previa entrada de un perfil más alineado con su concepción de la situación catalana. Los independentistas, por su parte, buscaban vengarse de Segarra que, pese a proceder de planteamientos progresistas, permitió trabajar a los fiscales del Supremo con independencia y autonomía.

Podemos y ERC unían fuerzas para que tras la llegada del nuevo Gobierno se consumase la salida de la sevillana María José Segarra del Ministerio Público. Ya lo han logrado.

Carmen Tejera

Carmen Tejera tiene un currículum intachable: 17 años en el cargo, múltiples distinciones y el respeto absoluto de sus compañeros. De nada le ha servido. En el gesto más reciente de Sánchez para ganarse el favor de Torra y el resto de los separatistas catalanes, el presidente del Gobierno ha ordenado su cese como Abogada del Estado del Ministerio de Hacienda.

El mismo día de la reunión de la Mesa de negociación bilateral entre Sánchez y Torra, celebrada en La Moncloa, ERC pedía expresamente la cabeza de Tejera cuyo testimonio pericial en el juicio del ‘procés’ celebrado en el Supremo fue decisivo para probar la malversación de los golpistas. JxCAT se sumó a su linchamiento a través de Josep María Jové, procesado por el 1-O en el TSJC, segundo de Junqueras al frente de la vicepresidencia del Govern y responsable económico de la Generalitat de Puigdemont.

Los separatistas no perdonan a la técnico de Hacienda su papel en la investigación el desvío de fondos públicos de la Generalitat para la celebración del referendum ilegal del 1-O ni su declaración como experta ante el tribunal presidido por Marchena, que fue decisiva para probarla.