Sánchez pisotea a la Justicia: presume ante Torra de que Delgado llevará la instrucción de las causas separatistas

Dolores Delgado Pedro Sánchez
Dolores Delgado, fiscal general del Estado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió al separatismo catalán “desjudicializar” los casos delictivos relacionados con el independentismo. Ya está clara la forma en la que pretende cumplir esa promesa. Porque en la misma mesa en la que el Gobierno negocia sus cesiones con Quim Torra, acaba de alardear de su propósito de quitar a los jueces de instrucción esta fase de los procesos judiciales con el fin de darle esta competencia a los fiscales. O lo que es lo mismo, que la persona que tendrá que controlar la instrucción será la nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado.  Y usará esta potestad para relajar la instrucción de las causas por el comportamiento delictivo de los separatistas de forma que, efectivamente, nunca lleguen a “judicializarse”.

El plan es conocido. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no sólo abordará la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal durante su mandato para beneficiar a los golpistas catalanes condenados por el Supremo. Además, planteará una modificación del Estatuto fiscal para que sean los miembros del Ministerio Público, y no los jueces de instrucción, quienes asuman la investigación de los delitos antes de llegar al juicio oral.

Lo ha confirmado ya el propio titular de la cartera en su segunda comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Un anuncio que disparó las críticas de los portavoces del grupo popular, de Vox y de Ciudadanos, quienes afearon al socialista el nombramiento de su predecesora, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado. Delgado tendrá un papel relevante, de este modo, en el nuevo cometido de la Fiscalía. Y es que los fiscales tienen dependencia jerárquica de ella, con lo que sus indicaciones tendrán que ser tenidas en cuenta por el resto del Ministerio Fiscal.

La reforma estará lista en unos meses

Campo, además, prevé tener aprobada esta reforma antes de que finalice el año. Hay que recordar que el asunto judicial ha sido siempre una prioridad para los separatistas. De hecho, siempre ha figurado entre sus exigencias de control y entre los proyectos de cesión de Pedro Sánchez al nacionalismo para continuar en el poder.

Entre esas cesiones, de hecho, se encuentra el fraccionamiento del Poder Judicial, el control de las funciones de protección civil y la “participación” en la gestión de la inmigración.

Pero la Justicia de una forma especial, porque es básica para los golpistas de cara a poder controlar y evitar posteriores procesos judiciales relacionados con el separatismo. El plan final del Gobierno no pasa sólo por perdonar causas penales a los separatistas: también por traspasar competencias judiciales a la Generalitat.

El primer marco oficial de acercamiento en estas cesiones es la mesa de negociación celebrada ya entre el Gobierno nacional y el regional catalán. Y en ese foro, por si había alguna duda, es donde se ha exhibido como un avance hacia el objetivo separatista, el hecho de que la instrucción de los procesos penales vayan a quedar en manos de los fiscales comandados por Dolores Delgado.

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