Seguridad Nacional, con despacho junto al de Sánchez, avisó antes del 8-M que otros países habían cancelado eventos masivos

Seguridad Nacional advirtió al Gobierno un día antes de las manifestaciones multitudinarias del 8-M que otros países habían tomado la decisión de cancelar eventos masivos ante la epidemia de coronavirus.

Así consta en el documento ‘Coronavirus (Covid-19). Situación actual’, que el departamento, que depende directamente de Presidencia del Gobierno, emite diariamente con la información actualizada sobre la pandemia.

El 7 de marzo, mientras el Gobierno desoía los avisos sobre el riesgo de celebrar las marchas ideológicas del Día de la Mujer, el informe ya destacaba: «En varios países de Europa, las autoridades pertinentes han decretado la suspensión o aplazamiento de actividades que congreguen un número significativo de personas». «En este sentido», proseguía, «se han cancelado las reuniones previstas hasta finales de abril preparatorias de la Cumbre sobre el Clima, que está previsto que se celebre el próximo mes de noviembre en Glasgow (Reino Unido).

Moncloa sin embargo ignoró el riesgo sanitario y autorizó y alentó las manifestaciones del 8-M.  Seguridad Nacional recogía además en su informe que, de acuerdo con el Centro de Prevención y Control de Enfermedades Europeo (ECDC) «el riesgo asociado para la población se considera actualmente de moderado a alto» y «el riesgo de la aparición de grupos similares a los de Italia, se considera actualmente de moderado a alto». También que «el riesgo para aquellas personas que viajan/residen en áreas con una supuesta transmisión comunitaria es actualmente alto». El departamento, en cambio, consideraba por entonces que «el riesgo global para la salud pública en España se mantiene en moderado».

«Medidas de contención»

También se llamaba la atención sobre el Consejo Europeo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) celebrado un día antes en Bruselas, en el que «se ha destacado el valor de aumentar la conciencia colectiva e individual ante el coronavirus, fortalecer la protección de las personas en riesgo (entre ellos, los mayores) y establecer medidas de contención coherentes». Un escenario que anticipaba ya una situación crítica.

Asimismo, se recordaba que, el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había declarado que el brote constituía una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. En este contexto, la OMS «mantiene en muy alto el riesgo de propagación e impacto del Covid-19 a nivel mundial, ante el aumento continuo en el número de casos y el número de países afectados», alertaba el organismo.

Por entonces, la epidemia ya se dejaba notar en España, con 430 casos confirmados en 16 comunidades autónomas y diez fallecimientos. En varias regiones se habían tomado ya medidas, como el cierre de centros de día de mayores.

Sin embargo, y pese a que el informe de Seguridad Nacional era claro en cuanto a los avisos de riesgo por parte de los organismos internacionales, el Ejecutivo decidió no hacer nada y seguir adelante con las manifestaciones.

El mismo 7 de marzo, el responsable del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, descartó desautorizar las marchas y dijo que aquello de «si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación del 8-M le diré que haga lo que quiera».

El portavoz defendió que los casos «están casi todos asociados a grupos bien identificados que se han producido a partir de casos conocidos, con lo cual no han aumentado sino que incluso se han reducido algunas de las zonas con las que teníamos dudas sobre el origen y una posible transmisión comunitaria asociada a esos posibles casos». Descartó una «avalancha de casos» y aseguró que la situación no sólo no había cambiado sino que «en algunas zonas se mejora».

El lunes 9 de marzo, se contabilizaban ya 999 y 16 fallecidos. Sanidad decidió entonces cambiar de escenario y pasar de contención a «contención reforzada», con medidas como el cierre de centros educativos en zonas de mayor transmisión y la recomendación en esos lugares del teletrabajo y la flexibilidad horaria. En definitiva, medidas de distanciamiento en la Comunidad de Madrid, que sólo unas horas antes había acogido las manifestaciones del 8-M azuzadas desde el Gobierno. Un día después, el Ejecutivo decretó la suspensión de los eventos de más de mil personas.