Sanitarios y policías crean la Plataforma Víctimas del Coronavirus Covid-19 para exigir responsabilidades

Un grupo de policías y sanitarios de Madrid y la Comunidad Valenciana ha impulsado la creación de la Plataforma Víctimas Coronavirus Covid 19, que exigirá a las autoridades responsabilidades civiles y penales por los perjuicios causados por esta epidemia.

Según ha explicado el abogado Juan Carlos Navarro, que actúa como su asesor legal, la Plataforma nace «desee la preocupación de un grupo de ciudadanos ante la pandemia devastadora que asola nuestro país y que está dejando miles de víctimas a su paso, en muchos casos sin recursos, en soledad y sin ayuda. Queremos ser un vehículo de ayuda para todos y cada uno de los afectados».

«Varios profesionales de la medicina y policías, tanto locales como nacionales», ha explicado a OKDIARIO Juan Carlos Navarro, «se pusieron en contacto con nosotros porque estaban desarrollando su trabajo sin ningún medio de protección, y algunos han sido infectados».

A partir de este grupo inicial, se han ido sumando a la plataforma cerca de 300 personas, la mayor parte de ellas procedentes de Madrid y la Comunidad Valenciana, que se han visto afectadas por la epidemia. Según indica Navarro, su único objetivo no es emprender acciones judiciales, sino también ofrecer ayuda a las víctimas, por ejemplo facilitando asistencia psicológica.

«En este momento estamos recopilando información», señala Navarro, «y cuando se levante el estado de alarma entablaremos las acciones judiciales oportunas para reclamar responsabilidades civiles y penales por estos hechos». Por el momento, prefiere no precisar contra qué autoridades, nacionales o autonómicas, se interpondrán estas acciones.

Juan Carlos Navarro, que dirige el despacho Navarro & Larriba Abogados, no pone el foco en la  celebración de las manifestaciones feministas del 8M, sino en la falta de previsión de las autoridades sanitarias que, pese a todas las alertas internacionales, no hicieron acopio de los equipos médicos y materiales de protección necesarios para hacer frente a esta epidemia: «Se está lanzando a la gente al campo de batalla con tirachinas, sin medios, y eso es una absoluta vergüenza», afirma.

La Plataforma también ofrecerá asesoramiento legal a quienes se hayan infectado en actos de servicio, por carecer de material de protección necesario, o por ejemplo, a los familiares de quienes hayan fallecido sin recibir la asistencia adecuada: «Vamos a reclamar esas responsabilidades judicialmente, tanto por la vía civil como por la penal».

Denuncia contra Pedro Sánchez

Por otro lado, el abogado Víctor Valladares ha registrado este jueves ante el Tribunal Supremo una denuncia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de prevaricación y lesiones imprudentes, por permitir las manifestaciones feministas del 8M en plena epidemia de coronavirus.

Valladares es el impulsor de la primera denuncia que ha provocado que el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid abra diligencias contra el delegado del Gobierno en la capital, José Manuel Franco Pardo, por estos mismos hechos.

En su denuncia presentada contra Pedro Sánchez ante el Supremo, Víctor Valladores solicita que el juez tome declaración como testigo al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, quien aseguró que no existía ningún riesgo en asistir a las manifestaciones feministas del 8M.

Pese a las palabras de Simón,  de las asistentes a la manifestación de 8M en Madrid que congregó a cerca de 120.000 personas, han dado positivo en coronavirus la vicepresidenta Carmen Calvo; las ministras de Igualdad, Irene Montero, y Política Territorial, Carolina Darias; así como la mujer y la madre del presidente Pedro Sánchez: Begoña Gómez y Magdalena Pérez-Castejón.

Víctor Valladares recuerda en su denuncia que, seis días antes del 8M, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, que solicitaba suspender todos las «concentraciones masivas» y «actos tumultuarios» para frenar el contagio del coronavirus.

Considera por tanto que, de acuerdo a este informe y a las reiteradas alertas internacionales lanzadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Gobierno debería haber suspendido todos los actos tumultuarios que se celebraron en el fin de semana del 8M en toda España.