Una juez investiga al delegado del Gobierno en Madrid por prevaricación al permitir el 8M

El delegado del Gobierno de España en Madrid, José Manuel Franco (PSOE), está siendo investigado por la juez Carmen Rodríguez-Medel por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional por permitir la gran manifestación del 8M por el día del mujer.

La denuncia que publicó OKDIARIO fue registrada por el abogado Víctor Valladares. También estaba dirigida contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero al estar aforado la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha instado al denunciante a acudir al Tribunal Supremo. En particular, correspondería a la Sala Segunda.

La denuncia está fundamentada en que Franco obvió las advertencias días antes del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) sobre el riesgo de contagio por coronavirus. La denuncia se presentó el pasado viernes contra Sánchez y los delegados de Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla, por no haber prohibido concentraciones multitudinarias celebradas entre el 5 y el 14 de marzo de este año.

Tras estudiar dicha denuncia, la jueza instructora ha incoado diligencias previas respecto al delegado de Gobierno de Madrid, al ser el único sobre el que tiene competencia. En este sentido, insta al denunciante a que, si lo estima oportuno, traslade la denuncia ante los órganos competentes en el resto de regiones. Así consta en un auto de 11 páginas al que ha tenido acceso este periódico.

Diligencias a la Guardia Civil

Asimismo, la juez Rodríguez-Medel ordena una batería de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense, con expresa advertencia de que «no son urgentes» y que deberán, por tanto, practicarse cuando su disponibilidad lo permita a la vista de la evolución del estado de alarma.

La magistrada pide un informe al forense sobre si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 «fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas». En caso afirmativo, quiere que explique si tal circunstancia era «científicamente notoria con carácter previo a su celebración», así que aporte si hay datos que evidencien que tal daño se materializó.

Asimismo, solicita a la Guardia Civil que elabore un atestado sobre el «curso dado» al informe del centro europeo de enfermedades para conocer qué órgano oficial español recibió dicho documento, qué difusión se hizo del mismo entre las autoridades y, concretamente, si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid.

La magistrada también quiere saber si por parte de las autoridades competentes españolas se remitieron recomendaciones sanitarias a la Delegación del Gobierno en Madrid en relación con las manifestaciones programadas desde el 5 de marzo o si, por el contrario, se dio algún tipo de instrucción o indicación escrita relativa a que las concentraciones deberían tener lugar en todo caso sin restricción alguna.

Finalmente, la juez pide también un listado de todas las comunicaciones hechas a la Delegación del Gobierno para ver si llegaron advertencias sobre las consecuencias sanitarias y si éstas fueron valoradas o analizadas.

Pide recopilar la posible información que se pueda incorporar sobre si autoridades competentes, promotores de las manifestaciones, o por la Delegación del Gobierno, avisaron de los posibles riesgos sanitarios que conllevaba acudir a las concentraciones, «de modo que los asistentes aceptaran la autopuesta en peligro», y si suministraron medidas de prevención a los manifestantes, como guantes o mascarillas u otras.

Por otra parte, la denuncia indica que en la Comunidad de Madrid hubo otras manifestaciones. Contabiliza «77 reuniones multitudinarias» desde que el citado centro europeo emitió el 2 de marzo de 2020 su informe sobre el COVID-19.

Apuntes de la jueza

La magistrada Rodríguez-Medel remarca en su auto que el denunciante no señala «ni promotores (de la manifestación) ni otros detalles que pudieran ser relevantes» para la investigación. También abre interrogantes sobre si dicho informe fue remitido «oficialmente» a España o a la Delegación del Gobierno, en qué fecha se hizo, y si en él se instó oficialmente a prohibir dichas concentraciones.

De todas formas, la juez instructora Rodríguez-Medel recuerda que el derecho de manifestación es un derecho constitucional y hace un repaso en su auto de la jurisprudencia relacionada. Destaca así que el Tribunal Constitucional aclaró que la prohibición de la manifestación puede darse no sólo cuando haya una alteración del orden público, sino también cuando se detecte una «desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos protegidos por nuestra Constitución».

Explica así que se podía «legalmente prohibir la manifestación por razones sanitarias», en concreto en el momento de la decisión gubernativa se tuvieran suficientes datos objetivos de un riesgo para la vida e integridad física de las personas y «no a posteriori».

Esta denuncia no es la única que hay contra José Manuel Franco. Como recoge Europa Press, el secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, también ha dirigido acciones penales contra José Manuel Franco al entender que pudo haber puesto en grave riesgo la salud de los ciudadanos al autorizar la manifestación del 8 de marzo. De admitirse, esta denuncia podría acumularse a esta investigación recientemente abierta.

Tras la manifestación del 8M se han registrado sólo en la Comunidad de Madrid 1.825 muertes, más de 14.000 contagios y más de 1.100 ingresos en unidades de cuidados intensivos (UCI).