Los sanitarios combaten la segunda ola sin la reserva de mascarillas que les prometió Illa en agosto

El pasado mes de agosto se inició en España la segunda ola del coronavirus en España, una oleada que aún no ha finalizado y que amenaza con arruinar la Navidad a millones de familias. Ese mismo mes de agosto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, licitó la compra de toneladas de material para elaborar una reserva estratégica nacional y evitar que España se quedase sin equipos de protección como ocurrió la pasada primavera. Han pasado ya cuatro meses y Sanidad todavía no ha comprado ni mascarillas, ni guantes ni gafas para los sanitarios, pese a haber presupuestado un macrocontrato de 2.578 millones de euros.

Sanidad llegó tarde a la primera ola y lo repite en la segunda. El pasado 4 de junio, con el Gobierno de Pedro Sánchez diseñando un proceso de desescalada y vuelta a la ‘nueva normalidad’ para todo el país, el ministro Illa prometió que España llegaría bien pertrechada a una hipotética segunda ola en otoño tras la caótica situación vivida en los hospitales la pasada primavera. En caso de llegar esa nueva oleada, que llegó, Illa prometió que no habría escasez de material porque se crearía una gran reserva estratégica de material de protección de todo tipo: desde test hasta batas, gafas y mascarillas.

El Gobierno diseñó la licitación de ese megacontrato de material de más de 2.000 millones en los siguientes dos meses, sacándolo a licitación mediante un acuerdo marco el pasado 4 de agosto. El mayor contrato de la historia de este tipo de material. Sin embargo, nada se supo más de él hasta el pasado 10 de noviembre, cuando a pocos minutos de las 10 de la noche se publicó la adjudicación de parte del contrato. Sólo 6 de los 11 lotes de material proyectado fueron adjudicados: batas, test moleculares para la detección del Covid -las famosas PCR- y los hisopos de extracción que se utilizan para estas pruebas.

Los lotes que correspondían a la compra de millones de  guantes de nitrilo (5), gafas de protección (6), mascarillas quirúrgicas (7), mascarillas FFP2 (8) y FFP3 (9) aún están en el limbo administrativo. No han sido adjudicadas a ninguna firma suministradora de material y, por tanto, no llegarán a tiempo de servir a los sanitarios españoles en su lucha contra la segunda ola.

Lo adjudicado no llega

Ni siquiera el material adjudicado en los seis lotes restantes, llegarán a tiempo. Las entregas prometidas por Salvador Illa, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes de Sanidad, aún no han comenzado a llegar pese a que la situación epidemiológica comienza a desahogarse en casi toda España. Especialmente en la Comunidad de Madrid.

Según los datos de la pandemia que actualiza casi a diario el ISCIII, el pico de la curva de contagios en esta segunda ola se habría alcanzado el pasado 27 de octubre. Aquel día se alcanzaron 22.570 nuevos casos en sólo 24 horas. Desde entonces, la tendencia de nuevos infectados ha sido descendente de forma general durante todo el mes de noviembre, a pesar de que el efecto ha tardado más en notarse en la incidencia acumulada.

Esa reserva estratégica de material prometida por Illa, por tanto, ha llegado tarde a una segunda ola y existen dudas de que vaya a ser utilizada en una hipotética tercera ola: el horizonte de 2021 está marcado por la llegada de las vacunas, que podrían convertir en innecesario una remesa de toneladas de material para hospitales.

Las pymes, excluidas

La reserva estratégica organizada por el Gobierno de Sánchez  y el ministerio de Salvador Illa no sólo no ha llegado a tiempo y con cuentagotas, sino que además lo hizo expulsando a pymes españolas de la fabricación y compra de las partidas de este material.

Esa denuncia fue traslada al Gobierno por la Patronal FEDECON (Federación Española de Empresas de la Confección) y la Confederación de la Industria de la Moda.

Las asociaciones empresariales señalaron que «el concurso público para fabricar material sanitario ha dejado fuera a las pymes españolas». Y así lo detallaban, tal y como informó OKDIARIO.

Según denunciaron, «el concurso público lanzado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y dependiente del Ministerio de Sanidad español, para el abastecimiento de productos sanitarios ante una nueva oleada de Covid-19  deja fuera a las Pymes mismas que fueron capaces de solventar la crisis de material durante los peores días de confinamiento».

La patronal señala que «los requisitos recogidos en el documento abandonan, prácticamente en su totalidad, a las empresas españolas. La imposibilidad de competir en precios contra productos importados en su mayoría de países asiáticos ha hecho imposible la adjudicación a empresas de fabricación nacional».