Sánchez deja fuera a las pymes de la compra estratégica de 2.578 millones en material antiCovid

La reserva estratégica del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo iglesias no sólo llega tarde y con cuentagotas. Además, lo hace expulsando a pymes españolas de la fabricación y compra. La denuncia ha sido traslada al Gobierno por la Patronal FEDECON (Federación Española de Empresas de la Confección) y la Confederación de la Industria de la Moda.

Afecta al megacontrato 2.578 millones de euros adjudicado sólo parcialmente por el Gobierno central y que debe garantizar un suministro estratégico para toda España de mascarillas, test PCR, batas, etc.

Las asociaciones empresariales señalan que «el concurso público para fabricar material sanitario ha dejado fuera a las PYMEs españolas». Y lo detallan.

Según ellas, «el concurso público lanzado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y dependiente del Ministerio de Sanidad español, para el abastecimiento de productos sanitarios ante una nueva oleada de Covid-19  deja fuera a las PYMES de nuestro país, las mismas que fueron capaces de solventar la crisis de material durante los peores días de confinamiento».

«Miedo a un nuevo pico»

Los datos de estas asociaciones empresariales señalan que «Ingesa ha estipulado un gasto total superior a los 2.009 millones de euros [sin IVA] para garantizar un colchón de material ante el miedo a un nuevo pico en la curva de contagios». Y justo en ese contrato, se ha olvidado de las pymes españolas en el peor momento para ellas.

La patronal señala que «los requisitos recogidos en el documento abandonan, prácticamente en su totalidad, a las empresas españolas. La imposibilidad de competir en precios contra productos importados en su mayoría de países asiáticos ha hecho imposible la adjudicación a empresas de fabricación nacional».

Lo cierto es que la industria de la moda española se puso a disposición del Gobierno desde el minuto uno para producir todo tipo de material sanitario. De hecho, fueron las empresas coordinadas por FEDECON-Confederación Moda de España de las primeras entidades en conseguir las licencias necesarias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMP) para fabricar el material de protección frente al COVID-19.

El 90% de los productos textiles que se producen en España se fabrican en Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs), por lo tanto, «el concurso público favorece a los contratistas internacionales dejando fuera a la industria nacional», subraya la Patronal.

Un grupo de empresas del sector, algunas de ellas miembros de FEDECON-Confederación Moda de España y de otras organizaciones, se han constituido, además, en UTE (Unión Temporal de Empresas) con el fin de poder acceder a estos contratos y mantener el empleo español.

«Y, unidos, han presentado su propuesta a la licitación pública, dejando abierta la posibilidad de incorporación de otras empresas. Su objetivo era generar inversión y compromiso social para fabricar productos sanitarios bajo unos controles de calidad exhaustivos y supervisados por la Agencia Española del Medicamento».

Añaden que «en caso de conseguir los lotes licitados, contribuirían a la creación de más de 17.000 empleos en nuestro país durante un año». Pero, lo cierto es que las bases del megacontrato de la reserva estratégica se ha olvidado por completo de ellos, condenándolos a perder ese negocio. Y ese empleo en el peor momento.

«Reactivar el mercado tras la pandemia»

El comunicado de la patronal y asociaciones del sector señala que «los requisitos que ha seguido este concurso público no parecen seguir el mismo discurso de los últimos meses, en el que se pretendía fomentar la economía española y apoyar a nuestros empresarios», al menos teóricamente. El documento señala que «en caso de tener en cuenta a las PYMEs de España, ese dinero público se mantendría en las entidades nacionales, lo cual se traduciría en empleo y riqueza para reactivar el mercado tras la pandemia».

«Además, tendríamos una firme garantía de suministro a un precio fijo sin especulaciones por las oscilaciones de mercados internacionales. En caso de que las Administraciones, nacional y/o autonómicas, tuvieran en cuenta a las empresas de nuestro país, el retorno a las arcas públicas en concepto de impuestos -directos e indirectos-, además del ahorro en prestaciones por desempleo y otras ayudas hubiera sido muy importante», añade el texto de la queja empresarial.

«Estas decisiones dificultan la oportunidad de España de ser autosuficiente en la producción de material sanitario, perpetuando la dependencia de terceros países por ello», concluye el documento.

Hay que recordar que el contrato al que aluden es uno de los mayores llevados a cabo por el Gobierno central frente al Covid, por lo que la gravedad de la decisión de expulsar a las PYMEs españolas es más que considerable. Se trata de la compra de la reserva estratégica de mascarillas, guantes, reactivo para realizar los test PCR, etc del Gobierno.

El contrato se ha mantenido durante meses «en evaluación». Es decir, sin comprar. Y, ahora, por fin, ha pasado a estar «adjudicado parcialmente». Todo ello con un presupuesto comprometido de 2.578 millones de euros, tras haber sido anunciado en junio, y pese a estar ya de pleno en la segunda ola.