Sánchez decreta el estado de alarma mientras sigue parada la compra de la reserva estratégica de mascarillas

Sánchez decreta el estado de alarma mientras sigue parada la compra de la reserva estratégica de mascarillas
Personas con mascarillas paseando por la ciudad @EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de decretar el estado de alarma en Madrid, según él, por la extrema necesidad y urgencia de la medida más extrema que se ha empleado en la lucha contra el Covid. Y lo hace mientras lo más básico de lo que depende de él sigue parado mientras avanza la enfermedad: la compra de la reserva estratégica de mascarillas, guantes, reactivo para realizar los test PCR, etc del Gobierno se mantiene en estos momentos “en evaluación”. Es decir, sin comprar. Todo ello con un presupuesto comprometido de 2.578 millones de euros para ese fin y cuando la Justicia acaba de dar un revés al Gobierno, precisamente, por haber enviado a los sanitarios a combatir el coronavirus sin el material de protección.

OKDIARIO ha comprobado el estado de la megacompra de material sanitario por parte del Gobierno contra el Covid. Lo que el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo como la reserva estratégica.

En los archivos de la contratación pública la información que figuraba a fecha de este pasado viernes era la siguiente: “Proceso de Licitación: Procedimiento Negociado sin publicidad. Tramitación: Emergencia. Justificación del procedimiento Acelerado: Adquisición de material necesario para hacer frente al Covid-19, que es de utilización común en el Sistema Nacional de Salud y que se requiere para el cumplimiento de los fines de las administraciones participantes”. Y su situación en estos momentos es en fase de: “Evaluación”. Dicho de otro modo, que la compra aún no se ha realizado.

En plena segunda ola, con el número de muertos por encima de los 6.500 fallecidos, la historia se repite. Lo mismo que las compras de material llegaron tarde y mal en la primera ola del coronavirus, ahora, vuelven a brillar por su ausencia. Y todo ello, pese a que el Gobierno se comprometió hace ya más de dos meses a tener a tiempo la reserva de la que depende que en plena explosión del virus haya suficientes test PCR, mascarillas, batas, gel o guantes.

Se trata del megacontrato de más de 2.500 millones de euros impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez para comprar el material destinado a crear la reserva anti-Covid estratégica española de mascarillas, batas, test, guantes, etc. Un megacontrato anunciado desde el mes de junio, tramitado, en teoría, durante el mes de agosto, y que debía cubrir las principales necesidades de las comunidades autónomas, pero que comenzó con mal pie.

Se empezó a tramitar tarde y mal. Desde el primer momento se lanzó con unas condiciones económicas que dejaban fuera del suministro de material a las empresas españolas del sector sanitario. Sánchez mantiene «en evaluación» el contrato para comprar material anti-Covid en plena segunda ola.

El Ejecutivo anunció la reserva en junio, puso en marcha este contrato en el mes de julio y en poco más de una semana lo tuvo que parar. La explicación oficial se basó en que había comunidades autónomas que no habían pedido a tiempo sus necesidades de mascarillas y demás material. Y, aunque era verdad que las cantidades pedidas no cubrían las necesidades de todas las regiones y había «riesgo de desabastecimiento», para terminar el cúmulo de imprevisiones, una de sus cláusulas expulsaba del contrato a la inmensa mayoría de empresas españolas: exigía contar con una facturación equivalente al importe de los lotes, los mismos oscilan entre los 19,5 millones de euros y los 359 millones, y la práctica totalidad de las compañías españolas no alcanzan esos niveles de facturación anual.
Todo un despropósito que enfadó a la industria española y que, encima, dejó nuestro aprovisionamiento de mascarillas, geles, etcétera para la reserva anticovid a merced de empresas chinas.

Reserva precaria 

La cláusula que expulsaba a la industria española fue corregida. Pero no así la tardanza, que creció con el parón, ni la falta de previsión con respecto a las cuantías. Y es que la dimensión de la reserva estratégica es ridícula frente a la magnitud del coronavirus en España.

La reserva de test, por ejemplo, diseñada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en ese programa de compras prevé una dotación para 15 días con un nivel de realización de 50.000 pruebas diarias. Eso significa que, a lo sumo, la reserva permitiría realizar test al 1,6% de la población española. Y ello, contando con que no se tengan que realizar varias pruebas a la misma persona, cosa más que improbable.

La tardanza en lanzar la compra de la reserva estratégica, además, coincide con un severo toque de atención de la Justicia a Sánchez. Y es que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso presentado por Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) por la inactividad del Gobierno durante la primera hora de la pandemia del coronavirus, que puso en peligro la vida de los médicos al no proveerlos de los medios de protección necesarios.

El recurso fue presentado por “la inactividad del Ministerio de Sanidad en lo referente al incumplimiento del art. 12.4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria por el Covid-19 al entender vulnerado el derecho fundamental a la integridad física consagrado en el artículo 15”.

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