Primera condena al Ministerio de Sanidad por falta de material de protección para los sanitarios

Primera condena al Ministerio de Sanidad por no suministrar material sanitario. El Juzgado de Lo Social número 1 de Ceuta ha condenado al Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del Ministerio que dirige Salvador Illa, por no proporcionar  a los médicos «a principios de marzo y hasta al menos el 26, de todo el material necesario para garantizar su integridad». Es decir, durante el pico de la pandemia en aquellas fechas.

El INGESA además de ser, entre otras cosas, la «central de compras» del Ministerio de Sanidad, se ocupa también «de las prestaciones sanitarias en el ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y Melilla y de la realización de cuantas otras actividades sean necesarias para el normal funcionamiento de sus servicios», tal como aparece en su web. Es, por tanto, la autoridad sanitaria competente.

La demanda fue presentada por el Sindicato Médico de Ceuta. La magistrada condena al INGESA por incumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. La sentencia deja acreditado que el suministro de material «no fue adecuado en la primera quincena de marzo, vulnerándose la normativa de prevención de riesgos laborales».

El fallo afirma, además, que el INGESA «no gestionó de forma adecuada la distribución de los EPIs (Equipos de Protección Individual) respecto a los médicos los primeros 20 días de marzo». «Durante ese tiempo», dice la sentencia, «existió una distribución irregular de los materiales de prevención».

El fallo relata que los médicos del SUAP (Servicio de Urgencia de Atención Primaria) acudían a los domicilios para tomar muestras  «sin batas impermeables, ni batas HADA, utilizando batas elaboradas por ellos mismos». Añade que también tuvieron «escasez de guantes de talla L”.

La jueza estima como «muy creíble» la declaración de uno de los médicos que acudieron como testigos al juicio celebrado el 30 de junio. El médico declaró que «al principio, cuando los médicos acudían a los domicilios para recoger muestras y tenían contacto con los pacientes, tuvieron dificultades para disponer de suficientes batas impermeables» y siguió relatando que tuvieron que «confeccionarse batas con bolsas de basura para protegerse». También habló de la falta de guantes de protección indicando que «tuvo dificultades para poder conseguir guantes de su talla, que es grande (L) ya que habitualmente se adquieren de talla mediana».

El fallo no deja lugar a dudas. Hubo desabastecimiento para los sanitarios al haber sufrido una «distribución irregular de EPIs hasta la segunda quincena de marzo». Relata, además, que los profesionales lo denunciaron en una reunión entre el INGESA y la Junta de Personal el 16 de abril.

Todo ello demuestra, como señalaron algunos testigos, que «a principios de marzo y hasta al menos el 26, los médicos no dispusieron de todo el material necesario para garantizar su integridad».

El sindicato denunciante pide al Ministerio de Sanidad que proteja ahora a sus médicos y sanitarios ante los rebrotes que ya están azotando la península y que podrían llegar a Ceuta también. Pide al INGESA que no se repita el desabastecimiento y la desprotección de marzo.

El ministerio de Sanidad tiene hasta el martes que viene para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El Sindicato Médico de Ceuta denunció en varias ocasiones durante el estado de alarma la falta de medios del Ministerio de Sanidad. En Ceuta, según el sindicato, al menos 26 sanitarios contrajeron el virus y más de 120 profesionales de la salud tuvieron que ser enviados a aislamiento por precaución.

Dramático récord

España es el país del mundo con mayor número de sanitarios contagiados por la Covid-19. A 16 de julio, había 52.746 sanitarios con PCR positivo, aunque el Gobierno se resiste a facilitar exactamente la información. El ministro Salvador Illa, este mismo miércoles, se ha negado de nuevo a actualizar la cifra en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

En lo peor del pico de la pandemia, en las fechas a las que se refiere la sentencia, uno de cada cinco contagiados por coronavirus era un profesional sanitario. Pasados cuatro meses, el último informe del Instituto de Salud Carlos III, de hace diez días, reconoce que el contagio entre los profesionales continúa aunque de manera «desigual y según comunidades autónomas». Asturias y Castilla La Mancha tienen las peores cifras.

A día de hoy, el contagio por la Covid no está considerado «enfermedad laboral», pese a la petición de las organizaciones médicas y sindicales.

Esta es la primera sentencia que condena al Gobierno por dejar desprotegidos de material a los médicos y enfermeros. Hasta ahora sólo existían dos sentencias referidas a la falta de medios en Aragón. El gobierno de esta comunidad, que preside Javier Lambán, fue condenado.

Querellas en el Supremo

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que congrega a los principales organizaciones de todo el país, tiene presentada ante el Tribunal Supremo una querella contra el ministro de Sanidad por la misma razón. Fue la primera en presentarse en el mismo mes de marzo. La Fiscalía, dependiente de Dolores Delgado, informó, en principio, desfavorablemente, pero no se opuso a que continuaran las diligencias.

La Asociación de Fiscales ha protestado dos veces este mismo mes ante la propia Dolores Delgado y ante el Teniente Fiscal, Luis Navajas, porque creen que Delgado debería haberse abstenido ya en las 51 demandas o querellas presentadas contra el Gobierno ante el Supremo por su gestión de la crisis del coronavirus. Creen que la Fiscal les ignora, les oculta información y piden que se reúna la Junta de Fiscales para adoptar una postura común. Creen que la actitud de la Fiscal General alimenta las «sombras de duda» sobre su imparcialidad.