Sanidad y Muface racanean los test PCR a los funcionarios del Estado

Los funcionarios se han cansado de la falta de apoyo y protección el Gobierno frente al COVID. El principal sindicato de la función pública, CSIF, elevará una queja al presidente del Gobierno y a los ministerios implicados y estudia ya acciones jurídicas por la ineficacia  de un protocolo de seguridad frente al coronavirus que está limitando sistemáticamente la aplicación de test PCR a los empleados públicos.

«Miles de funcionarios, policías, docentes, se ven obligados a costear el test PCR de su bolsillo: los centros de salud no les atienden y las compañías concertadas con Muface solo hacen la prueba cuando hay síntomas graves», señalan desde el sindicato.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha elevado ya la primera de sus quejas y denuncias al Consejo General de Muface ante la lluvia de incidencias detectadas en la aplicación de la prueba PCR al colectivo de funcionarios del Estado acogidos a la cobertura sanitaria concertada.
CSIF ha recopilado infinidad de incidencias en las que «los mutualistas nos indican las trabas que tienen que afrontar. En virtud del protocolo de Muface, las compañías sólo atienden aquellos casos con síntomas de especial gravedad, quedándose fuera los casos leves, las personas que han tenido un contacto estrecho con un positivo Covid e, incluso, las personas que tienen que someterse a una operación quirúrgica».

«En tierra de nadie»

Los mutualistas se encuentran «en tierra de nadie», ya que las comunidades autónomas les deniegan las pruebas por tener la sanidad concertada, tal y como denuncia el sindicato CSIF. Y, mientras, las compañías concertadas  no se cansan de afirmar que no están autorizadas para indicar el test PCR por culpa de los protocolos establecidos y se limitan a  efectuar la prueba PCR en aquellos casos con síntomas de especial gravedad.

De esta manera, en la mayoría de los casos, se deniega directamente la prueba, se les remite al sistema público (donde se les deniega la atención), o bien se les invita a llamar al teléfono Covid para resolver sus dudas, según denuncia CSIF.

Por este motivo, «miles de funcionarios del Estado y sus familiares acogidos a la asistencia sanitaria concertada de Muface –en la actualidad hay 1.486.596 entre funcionarios y beneficiarios, de los cuales alrededor del 77 por ciento están acogidos a la sanidad con compañías concertadas— prefieren pagar la prueba de su bolsillo a arriesgarse a sufrir males mayores por carecer de un diagnóstico del COVID-19 a tiempo», destacan desde el sindicato.

Además, cuando los mutualistas consiguen que les indiquen la realización de un test PCR  debido a que tienen síntomas graves, esta  prueba se demora hasta una semana desde que los afectados asisten a consulta, con el consiguiente riesgo de contagios intrafamiliares. CSIF también denuncia que MUFACE no pone en marcha el protocolo de contactos estrechos con la Seguridad Social cuando se comunica un positivo.

Desde CSIF subrayan que deben revisarse «estos protocolos de actuación y si así fuera necesario incrementar la financiación, para poder solventar las dificultades que surgen en el día a día y que se dé la difusión necesaria en todas las comunidades autónomas para garantizar la equidad en la asistencia y evitar que se produzcan este tipo de incidencias por desconocimiento o falta de transparencia».

La polémica surge en  medio de un enfrentamiento continuo entre el principal sindicato de la función pública y el Gobierno debido a la falta de cobertura o protección de los empleados públicos frente al Covid. El último de estos choques se ha propiciado a raíz de la regulación de los nuevos criterios de la Seguridad Social para determinar lo que se considera accidente de trabajo por motivo de contagio por Covid.

Esos criterios han excluido al personal sanitario ajeno a las funciones puramente médicas o de enfermería. De este modo, los celadores, administrativos, o el personal de limpieza o de cocina han quedado fuera de la protección,  tal y como ha publicado OKDIARIO.

El sindicato CSIF no está dispuesto a permitir esta discriminación en el trato a los distintos profesionales que operan en el ámbito sanitario y ha exigido ya al Ministerio que rectifique e incorpore a todos los profesionales expuestos al contagio con el virus.

Se trata de uno de los últimos mazazos a la cobertura social del personal sanitario que se enfrenta día a día al coronavirus. La clave de esta discriminación se encuentra en los nuevos criterios de la Seguridad Social para calificar los accidentes de trabajo por Covid. Y es que los requisitos han excluido a los celadores, al personal administrativo, al de limpieza, o cocina, entre otros.

El sindicato CSIF ha remitido una carta dirigida al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. En la misiva califica de «ilícitos y discriminatorios» estos criterios. La argumentación jurídica de CSIF señala que este personal, encargado de la prestación de servicios en los centros sanitarios o socio-sanitarios, está también protegido conforme a lo establecido por la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 28/2020.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, «exige que la Seguridad Social considere como accidente de trabajo los contagios por Covid sufridos por todo el personal de los centros sanitarios o socio-sanitarios (residencias), sin excepciones», señala la formación.

Junto a estos colectivos, la norma ha excluido igualmente a otros profesionales que prestan servicios sanitarios y socio-sanitarios en otros ámbitos profesionales o laborales. Se trata de los encargados de esas mismas funciones en centros de menores, instituciones penitenciarias, servicios de prevención, ambulancias, etc. y que también están expuestos a diario al virus por sus obligaciones laborales.