La Seguridad Social niega el accidente laboral en los contagios de celadores y personal de limpieza

Los nuevos criterios de la Seguridad Social para determinar lo que se considera accidente de trabajo por motivo de contagio por Covid han excluido al personal sanitario ajeno a las funciones puramente médicas o de enfermería. De este modo, los celadores, administrativos, o el personal de limpieza o de cocina han quedado fuera de la protección.

El sindicato CSIF no está dispuesto a permitir esta discriminación en el trato a los distintos profesionales que operan en el ámbito sanitario y exige al Ministerio que rectifique e incorpore a todos los profesionales expuestos al contagio con el virus.

Se trata de un nuevo mazazo a la cobertura social del personal sanitario que se enfrenta día a día al coronavirus. La clave de esta discriminación se encuentra en los nuevos criterios de la Seguridad Social para calificar los accidentes de trabajo por Covid. Y es que los requisitos han excluido a los celadores, al personal administrativo, al de limpieza, o cocina, entre otros.

El sindicato CSIF ha remitido ya una carta dirigida al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. En la misiva califica de «ilícitos y discriminatorios» estos criterios. La argumentación jurídica de CSIF señala que este personal, encargado de la prestación de servicios en los centros sanitarios o socio-sanitarios, está también protegido conforme a lo establecido por la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 28/2020.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, «exige que la Seguridad Social considere como accidente de trabajo los contagios por COVID sufridos por todo el personal de los centros sanitarios o socio-sanitarios (residencias), sin excepciones», señala la formación.

Junto a estos colectivos, la norma ha excluido igualmente a otros profesionales que prestan servicios sanitarios y socio-sanitarios en otros ámbitos profesionales o laborales. Se trata de los encargados de esas mismas funciones en centros de menores, instituciones penitenciarias, servicios de prevención, ambulancias, etc. y que también están expuestos a diario al virus por sus obligaciones laborales.

Velar por la salud y protección

«La Administración debe velar por la salud y protección de todos sus profesionales», señalan desde CSIF. «Demandamos, en este sentido, que se reconozca la contingencia profesional por contagio de Covid y sus correspondientes recaídas para todos los contagiados con carácter retroactivo desde el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró de la pandemia internacional», subraya CSIF.

«Asimismo, reclamamos que se reconozca la contingencia profesional por contagio de Covid y sus correspondientes recaídas, por una revisión de oficio y no a instancias del interesado, como hasta ahora», añade. Por último, desde el inicio de la pandemia, CSIF ha defendido «que el contagio de Covid-19 debe considerarse como enfermedad profesional, a todos los efectos, puesto que ofrece una cobertura indefinida en el tiempo».

Hay que recordar que no se trata, ni mucho menos, del primer golpe regulado por el Gobierno frente a los mismos sanitarios a los que invitaba a aplaudir en plena primera ola del coronavirus. Con los datos recabados hace menos de dos semanas -y pese a la avalancha de contagios entre médicos, enfermeros, celadores, etc. por culpa de la falta de material de protección-, la Administración sólo ha permitido contabilizar como accidente laboral por Covid-19 un 2,4% de los contagios en el ámbito sanitario.

Según los últimos datos de accidentes de trabajo, correspondientes al mes de agosto, hasta esa fecha sólo se han contabilizado 1.346 accidentes de trabajo relacionados con el Covid-19, un 2,4% de los 55.824 casos de profesionales de la Sanidad contagiados que había registrados hasta esa fecha.

El resultado es fácil de describir: miles de trabajadores de la sanidad pierden cobertura económica por el caos en la gestión de las bajas y la negativa inicial del Ejecutivo a aceptar que los contagios fuesen incluidos desde el primer momento y sin limitaciones como accidente laboral. Para colmo, el 20% de los comités de seguridad y salud de las Administraciones están pendientes de creación y de los creados sólo funcionan el 65%. Algo que limita la capacidad de reclamación de los afectados por los contagios.

El encargado de hacer públicos estos delicados datos fue el sindicato mayoritario de la función pública, CSIF, que señala que en las mismas fechas en las que se cumplen «25 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una norma que por mandato constitucional, desarrolla el marco normativo de garantías y responsabilidades para un adecuado nivel de protección de la salud de las personas trabajadoras, frente a los riesgos derivados de sus condiciones laborales» se conoce que, lo cierto, es que esa protección ha fallado en el momento más delicado.

Desde CSIF señalan que «pese al amplio marco legislativo que establece la ley ‘en el papel’, en la práctica su implementación no se ha realizado de manera efectiva en los centros de trabajo, donde se incumplen de manera sistemática sus principios preventivos: evaluación de riesgos, combatir los riesgos en su origen, adaptar el puesto de trabajo, planificación de la prevención y dar las instrucciones precisas a los/as empleados/as, entre otros».

Añade el sindicato que «si algo ha visibilizado esta pandemia de Covid-19, es que la prevención de riesgos laborales sigue siendo una asignatura pendiente para las diferentes administraciones, dejando de manifiesto las deficiencias que existen en los centros de trabajo como la falta de equipos de protección individual, falta de previsión y planificación, insuficiente dotación de recursos humanos que derivan en accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y desgraciadamente, en fallecimientos».