Crisis del coronavirus

Sanidad admite en pleno caos migratorio problemas para detectar el Covid en los inmigrantes ilegales

Salvador Illa, este miércoles, tras el Consejo Interterritorial de Sanidad en Sevilla.
Salvador Illa, este miércoles, tras el Consejo Interterritorial de Sanidad en Sevilla.

El Ministerio de Sanidad considera que el temor de los inmigrantes irregulares «a hacer uso de los servicios de salud por miedo a un expediente de expulsión» impide «el diagnóstico y seguimiento temprano» del coronavirus.

Así se recoge en la versión simplificada del documento ‘Equidad en Salud y COVID-19 Análisis y propuestas para abordar la vulnerabilidad epidemiológica vinculada a las desigualdades sociales’, que Sanidad ha publicado esta semana.

En la misma, se considera también que los «estigmas y discriminación» a  parte de la población «por motivos de identidad de género, orientación sexual, origen, clase social, etnia, dependencia a drogas o comorbilidades ponen en cuestión «la calidad del proceso asistencial» a determinados colectivos y se insiste en que ese «estigma y discriminación» ejerce una influencia negativa en la «demanda de atención de servicios sanitarios».

En el caso de los inmigrantes ilegales, además, se señala como hándicap «la falta de una cobertura sanitaria universal efectiva, sobre todo en casos de estancia temporal, situación administrativa no regulada y otras situaciones relacionadas con el estatus migratorio».

Regularización masiva

En un informe más extenso, Sanidad ya impulsaba la regularización masiva de inmigrantes ilegales con el objetivo de contener la propagación del virus.

En el dossier se sostiene por ejemplo que «las personas en situación administrativa irregular suelen tener situaciones económicas precarias y no tienen acceso a muchas de las prestaciones de protección social» y se consideraba que «ésta es una de las razones por las que, desde diferentes ámbitos, se ha propuesto la regularización de la situación administrativa de todas estas personas».

Cabe recordar que dicha medida es una de las reivindicaciones de Podemos que, en su momento, fue rechazada por el PSOE.

En abril, el partido de Pablo Iglesias se sumó a una Proposición No de Ley en el Congreso, firmada con ERC, Bildu, Más País, Compromís, el BNG, la CUP y Junts per Catalunya, en la que se reclamaba «establecer un proceso de regularización de carácter permanente» para todos los inmigrantes «que en la actualidad residen en el Estado español de manera irregular, proveyendo el otorgamiento de una autorización de residencia y de trabajo inicial con criterios especiales y simplificando para su renovación». Esta regularización afectaría a 600.000 inmigrantes ‘sin papeles’.

Podemos instaba además al Gobierno a facilitar la concesión de permisos temporales de trabajo a los inmigrantes por un tiempo de cinco años y la renovación para su residencia legal en España y «poner fin a las devoluciones en caliente».

Traslados 

Pese a la observación de Sanidad sobre los inmigrantes y el Covid, el Ministerio del Interior autorizó la distribución de inmigrantes irregulares llegados a Canarias por distintos puntos de la Península sin aclarar si se les había realizado una prueba PCR.

Los protocolos sólo obligan a realizar el test diagnóstico en el momento de la llegada a las costas españolas, pero el Gobierno no revela si también son sometidos a una prueba PCR antes de ser distribuidos a otras comunidades autónomas, para lo que suelen pasar varios días.

De hecho, como publicó OKDIARIO, Interior rechaza decir cuántas PCR se realizan y cuántos contagios se han detectado entre este colectivo.

Ante las críticas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, criticó que «desde algunos ámbitos» se intentase relacionar al inmigrante con «la pandemia», algo que consideró «xenofobia».

Sin embargo, un protocolo de actuación elaborado por el Gobierno ‘ante posibles casos importados de Covid-19 en el contexto del fenómeno de la inmigración irregular’, de 25 de julio, admite que estas personas y su «alta movilidad» suponen un riesgo para la vigilancia y control de la pandemia, así como para la «aparición de brotes originados por casos importados».

Atención a los presos

La guía de Sanidad establece también como una de las prioridades «mitigar el efecto que el confinamiento puede tener en los casos de personas privadas de libertad». Cabe recordar que Instituciones Penitenciarias ya adoptó medidas polémicas durante la pandemia, como permitir que los presos en semilibertad pudiesen cumplir la condena en su casa, controlados con medios telemáticos.

Otras propuestas pasan por «garantizar el acceso a mascarillas adecuadas en todas las situaciones de vulnerabilidad social» o «garantizar soluciones habitacionales con las condiciones de seguridad adecuadas para la población que no puede cumplir el confinamiento o las medidas preventivas».

El documento abunda además en la idea de que el nivel de renta condiciona el riesgo de contagio: «En entornos residenciales menos favorecidos, con menor nivel socioeconómico, menos servicios, menos redes de apoyo, empleos precarios y esenciales, peores condiciones de vivienda, etc. la incidencia y gravedad por Covid-19 es mayor», concluye Sanidad.

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