Sánchez racanea la declaración de zona catastrófica para no dar a Madrid al menos 500 millones

La pelea del Gobierno por no declarar a Madrid zona catastrófica tiene todo que ver con la persecución política del PSOE al PP en esta comunidad, y también con la situación de falta de fondos en la que se sume España tras haberse convertido en el país industrializado con mayor desastre económico por el coronavirus y la gestión del Gobierno socialcomunista.

Los cálculos iniciales apuntan a unos daños de, al menos, 500 millones de euros. Un paquete de dinero que el Gobierno de Pedro Sánchez no sabe muy bien de dónde sacar a estas alturas y que tiene claro que no quiere destinar en ayudas al feudo de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Al principal estandarte del PP.

Las estimaciones oficiales de los daños provocados por Filomena en la Comunidad de Madrid aún son muy preliminares. Pero varios parámetros permiten ya realizar una estimación de costes. Y si se aceptan oficialmente como costes y el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias admite la declaración de zona catastrófica, deberían recogerse esos millones en concepto de ayudas al principal feudo de Gobierno del PP. Algo imperdonable en la estrategia de Moncloa.

Fuentes conocedoras de estas estimaciones señalan que “aún es pronto para hacer cálculos precisos, pero hay referencias claras: por ejemplo, la gota fría de 2019 llevó a que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobase inicialmente ayudas por importe de 746 millones de euros. Tan sólo la Comunidad Valenciana estimó unas pérdidas de 1.500 millones”. Las mismas fuentes señalan que «es difícil que el importe en Madrid no supere los 500 millones de euros».

Por eso el Gobierno de Sánchez e Iglesias se niega a declarar zona catastrófica a Madrid. Las imágenes del impacto del paso del temporal Filomena no dejan lugar a dudas. Pero la política y las finanzas, sí.
Ni el Gobierno central sabe de dónde sacar ese dinero en un momento en el que la UE le pisa los talones por el híper optimismo de los Presupuestos presentados, ni, en caso de encontrar una inesperada hucha o vía de financiación, tienen, ni PSOE ni Podemos, la más mínima gana de ayudar a Madrid financieramente.

Hay que recordar que esa declaración de «zona catastrófica» implica la aceptación por parte del Ejecutivo nacional de que se trata de un área afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Resulta difícil poner en duda ese aspecto. Pero, por lo visto, para el Gobierno, no es tan difícil de sostener.

Esa declaración supone un chorro de ayudas económicas: pagos a particulares por los daños ocasionados en viviendas y enseres de primera necesidad, ayudas a negocios y establecimientos industriales, paquetes financieros para empresas y servicios, o subvenciones para compensar los daños ocasionados en infraestructuras municipales o autonómicas. Todo ello es la consecuencia de aceptar esa declaración de zona catastrófica. Es decir: pagos procedentes del erario nacional.

Ello, sin contar con las ayudas fiscales: exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), rebajas en el Impuesto sobre Actividades Económicas, reducciones de tasas, etc. Es más, las ayudas concedidas por daños personales quedan libres del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Esa declaración se ha adoptado en España en innumerables ocasiones. Sin ir más lejos, el pasado 20 de septiembre de 2019 se aprobó, en Consejo de Ministros, la declaración de zona catastrófica en diversos territorios por las inundaciones de Orense y Navarra, por los incendios en Tarragona, Madrid, y Gran Canaria, o por la DANA.

Pero ahora, por lo visto, Sánchez prefiere racanear las ayudas. Y es que una parte más que significativa de ellas iría a parar a Madrid, justo la comunidad que mantiene sus deseos de llevar a cabo rebajas de impuestos por su mayor ritmo económico. Y esa comparativa con la gestión de Pedro Sánchez no es del agrado del presidente del Gobierno, algo que ya ha dejado más que claro al declarar la guerra fiscal abierta a Díaz Ayuso para pretender obligarla a tener que subir los impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio.

Hay que recordar que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se anticipó este domingo a afirmar que la situación de Madrid no puede ser calificada como «emergencia de Protección Civil» porque la nevada no ha originado importantes daños en bienes públicos o privados. El ministro realizó las declaraciones sin haber realizado la evaluación, básicamente, porque ni siquiera se había retirado la inmensa nevada de las calles madrileñas.

A su juicio, lo prioritario no era indemnizar por los daños: era garantizar los servicios públicos esenciales, según señaló Marlaska en rueda de prensa tras ser preguntado por el anuncio del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de que el Ayuntamiento estudiaba solicitar la declaración de zona catastrófica para la capital a causa de los daños provocados por el temporal Filomena.

Zona catastrófica

El Gobierno defendió ese mismo domingo que el término «zona catastrófica no existe ya dentro de nuestra normativa», sino que la Ley de 2015 del Sistema Nacional de Protección Civil prevé que el Consejo de Ministros decrete zonas especialmente afectadas por una emergencia como sucedió con los fenómenos de las DANAS en los que hubo «importantes daños a bienes públicos y a privados».

Sin embargo, y como ha publicado OKDIARIO, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil establece la protección de las zonas afectadas por catástrofes de distinto tipo, entre ellas, los fenómenos  meteorológicos. En concreto, en su artículo 23, la ley establece el procedimiento de declaración «de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil», el equivalente, efectivamente, a lo que se conoce como «zona catastrófica». Así, se detalla que esa declaración compete al Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos, e incluirá, en todo caso, la delimitación del área afectada.

«Dicha declaración podrá ser desinteresada. En estos supuestos, y con carácter previo a su declaración, el Gobierno podrá solicitar informe a la comunidad o comunidades autónomas afectadas», señala la ley.